Villarrubia de Santiago - Toledo

Tres de cada cuatro residentes en las Islas comparten la decisión del Gobierno central de restringir el acceso a la sanidad a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular. Sólo el 26% de los ciudadanos consultados por la fundación Gadeso critica que se pongan límites a la gratuidad de la sanidad pública, incluso a los sin papeles
De hecho, los partidarios de facilitar a los inmigrantes el acceso a la educación y la sanidad en igualdad de oportunidades con la población residente han decrecido notoriamente a lo largo de los dos últimos años. Ya sólo el 32% defiende que los foráneos accedan por igual a las aulas y el 28% a la sanidad. Y el porcentaje de quienes abogan por la plena equiparación a la hora de viajar con descuento de residentes ha descendido en dos años desde el 44 hasta el 35%. Es más, apenas el 25%, uno de cada cuatro, les reconoce la posibilidad de votar a los alcaldes de los municipios en los que residen y un escaso 27% apoya que se favorezca la reagrupación familiar de los inmigrantes que ya cuentan con un puesto de trabajo.

Pero el informe mensual de la fundación Gadeso centra su atención en el efecto que el agravamiento de la crisis ha causado sobre la percepción que los menorquines tenemos de este colectivo. La inmigración ha dejado de ser vista como un problema vinculado a la gestión a la diversidad para ser concebida como un freno más a la hora de encontrar empleo. Los extranjeros son vistos ya por la población autóctona como «competidores» directos y «desleales» en el mercado laboral.

Expulsión

De acuerdo con el último estudio de Gadeso, el 79% de los menorquines -cuatro de cada cinco- está de acuerdo en que los inmigrantes quitan trabajo a los autóctonos, y el 87% aprueba que se los expulse si se quedan en paro durante largo tiempo. Y el 91% reivindica su expulsión automática en caso de que delincan. Incluso el 69%, más que en la encuesta de 2010, es partidario de echarlos por el simple hecho subjetivo de que no se integren en nuestra sociedad.

Aún así, Menorca sigue siendo la isla balear más tolerante en este sentido con los recién llegados procedentes de otros países. Las posturas en su contra son especialmente duras en Mallorca y Eivissa, donde el fenómeno inmigratorio alcanza mayores dimensiones