Villamiel de Toledo - Toledo

Pocas reformas son tan urgentes en esta España políticamente enferma como la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral, bodrios antidemocráticos que han convertido a los partidos políticos en el peor enemigo de la auténtica democracia y en maquinarias de poder blindadas al servicio de las élites, que no pueden ser controladas ni por los ciudadanos, ni por los militantes, ni por el mismo sistema.

Sin embargo, a pesar de que existe un consenso casi pleno entre los demócratas y los pensadores independientes de que los partidos políticos son hoy el gran obstáculo que impide la decencia política en España, ninguno de los grandes partidos españoles ha incluido reformas del sistema en sus plataformas electorales, ni las reivindica en el presente. Desgraciadamente, las castas profesionales que controlan los partidos son ajenas a la verdadera democracia y se sienten plenamente a gusto insertadas en sus oligárquicas y opresivas maquinarias de poder.

Militar en un partido debería ser un acto de responsabilidad sujeto a obligaciones y derechos, pero hoy no es así porque las élites que gobiernan los partidos no sólo desconfían de los políticos adversarios, sino también de los ciudadanos independientes y de sus propios militantes honrados, que quieren participar y opinar con ilusión, hasta el punto de que los marginan y les impiden el acceso al poder, convertido en un coto cerrado en el que sólo penetran ya los que se someten a la dictadura del "jefe" y practican una SUMISIÓN que se disfraza de "lealtad".

Los militantes responsables y dignos que denuncian el abuso y la corrupción son laminados de manera sistemática por el aparato. Ha ocurrido cientos de veces en la política española. (Recuerden el caso de Alonso Puerta, en Madrid). En Estepona, ciudad de la Costa del Sol envuelta en un oscuro y estremecedor escándalo de corrupción, dos militantes socialistas que denunciaron la corrupción fueron castigados por el PSOE, mientras que el alcalde socialista, detenido por liderar la impresentable movida corrupta, fue mantenido en su puesto por su partido y repitió como cabeza de lista en las últimas elecciones porque las encuestas revelaban que era "caballo ganador". También ocurre en Benidorm, donde un tránsfuga que fue expulsado del PSOE repetirá en 2011 como candidato socialista.

No es cierto que tengamos los partidos que nos merecemos, ni que el tiempo mejorará esa antidemocracia vomitiva que domina la política española porque lo que ha ocurrido en los 30 años de democracia es que esos partidos se han blindado cada día más contra el cambio honrado y las ideas limpias, reforzando los rasgos que convierten al partido en una maquinaria totalitaria, corrupta y ávida de poder.

Los partidos nacieron para facilitar la participación de los ciudadanos en la democracia, pero han realizado el trabajo opuesto y hoy ya son el mayor obstáculo para la participación ciudadana y para que la sociedad pueda construir una auténtica democracia ciudadana y participativa.

La democracia termina hoy en la puerta de los partidos políticos, en cuyo interior se incrementan a diario el verticalismo y una dictadura de las élites que impide el debate franco y la libertad de expresión, hasta el punto de que la única manera de prosperar es decir siempre "si" al jefe.

Los partidos políticos son demasiado importantes para dejarlos en manos de los políticos. Con ellos al mando, ya sabemos lo que ocurre: erradican cualquier atisbo de democracia y avanzan a paso de oca hacia la dictadura interna.

Hay que transformarlos con urgencia para posibilitar una democracia de ciudadanos. Son instituciones de carácter público y, como tales, deben ser controladas por el ciudadano. La participación política es un derecho inalienable del ciudadano que éste no puede ejercer porque los actuales partidos se lo impiden.

Una nueva ley electoral y una nueva ley de partidos son imprescindibles para curar las graves enfermedades que padece la democracia española, cada día con menos prestigio en el mundo y más despreciada por sus propios ciudadanos.
Quizás el atentado peor contra la democracia es el que ampara la Ley Electoral española, que impide nada menos que el derecho ciudadano a votar libremente, la esencia de la democracia. En España, quien elige en realidad es el partido, cuyas élites hacen esas listas de candidatos cerradas y bloqueadas ante las que el elector solo puede decir "sí" y "no". Los partidos, de hecho, han arrebatado al ciudadano su inalienable derecho a elegir a sus representantes.

Pero el verdadero drama no es la maldad antidemocrática del sistema, sino el hecho de que ninguno de los grandes partidos políticos españoles esté interesado hoy en cambiar una situación que les beneficia y les otorga un poder inmenso.

El PSOE hace mucho que se transformó en una maquina de poder sin alma y sin otra ideología que el pragmatismo que conduce al poder, pero en otros partidos, donde las élites imitan la sucia ruta del socialismo, todavía hay esperanzas de cambio. Muchas voces se alzan, dentro del Partido Popular, para que incorpore reformas que fortalezcan la democracia, pero Rajoy y su guardia pretoriana se cierran a cualquier reforma que limite su poder o que amplíe el papel del ciudadano en democracia.

Las nuevas leyes deberían garantizar, en primer lugar, la democracia interna, hoy inexistente. En unas organizaciones donde se opera de manera totalitaria y SUMISA, jamás podrán prepararse líderes que gestionen una democracia libre de ciudadanos. Cuando llegan al poder son, necesariamente, mequetrefes arrogantes, cargados de rasgos totalitarios, que se creen con el derecho a imponer su voluntad y sus privilegios a los ciudadanos.

En los partidos democráticos, los candidatos deben ser elegidos, necesariamente, en primarias, en votaciones secretas, para erradicar las camarillas blindadas que hoy consideran suyos esos partidos y los controlan al margen de la militancia, de la ciudadanía y de los intereses de la nación. El "dedo" que elige y consagra al dirigente y al sucesor debe ser erradicado por ser un comportamiento arbitrario, indecente y claramente totalitario.

Existe un componente depredador y rastrero en las ansias de poder al que aspiran los políticos. Se meten a políticos para cobrar buenos sueldos y practicar el nepotismo, o séase colocar a los suyos en buenos puesto de trabajo. Los partidos políticos son la maquinaria de dominio más sofisticada y avanzada creada por el ser humano.
Unas clases dominantes suceden a otras y cada época establece sus sistemas de dominación y sus reglas, pero el poder, aunque disfrazado, sigue siendo el mismo: depredador, al servicio de las élites, implacable y utilizado sólo por los amos como instrumento para dominar y sojuzgar.

Se comportan en el poder público democrático como lo hacían los antiguos señores ungidos. Se saben poderosos y blindados por las urnas, muchos de ellos amparados en la inviolabilidad y en la inmunidad, por ser cargos electos, y ejercen el poder sin complejos, sin tener en cuenta la eficiencia, con lujo y boato, con actitudes altivas y lejanas a esa humildad y austeridad que ennoblecen el liderazgo. Creen que el poder sin ostentación no es auténtico poder y justifican su lujo afirmando que el Estado y la representación del pueblo soberano deben brillar con la dignidad debida. Poseen un extenso y astuto elenco de argumentos para justificar cada gesto de poder, cada movimiento de gobierno. Se mueven acompañados siempre de una corte de asesores, amigos, colaboradores, periodistas, empresarios y gente influyente a la que siempre intentan impresionar. Olvidan que mandar es servir y actúan como pequeños emperadores de la democracia, como ridículos reyezuelos inmersos en privilegios y lujos que la historia hace tiempo que erradicó porque eran propios del antiguo régimen, siempre rodeados de aduladores y de cortesanos. Son los nuevos amos, los que ostentan el poder político en las modernas sociedades democráticas, muchos de ellos sin ni siquiera creer en la democracia.

No es cierta la sentencia, alimentada desde la política, que dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. No es fácil encontrar un solo pueblo que sea peor que el gobierno que padece. La que sí es cada día más certera es la sentencia que dice que la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos.

En un momento en el que desconocemos a qué edad nos jubilaremos y de qué pensión dispondremos en el tramo final de nuestras vidas, quienes nos imponen el retiro a los 67 años y nos amenazan con elevar el tiempo de cotización para tener derecho a unos ingresos, que no diré dignos porque no lo son, sí sabemos, en cambio, que tanto José María Aznar como Felipe González perciben cada uno de ellos 80.000 euros brutos anuales de los Presupuestos Generales del Estado. Hablamos de una retribución vitalicia, compatible, además, con los salarios que les abonarán, respectivamente, Endesa y Gas Natural Fenosa, así como otras empresas, por sentarse en sus consejos de administración. Increíble, pero cierto. La legislación actual no pone condiciones ni restricciones a que los ex jefes del Ejecutivo ocupen cargos en compañías privadas como asesores externos o consejeros, y a la vez se embolsen el salario público que les abona el Estado. Ellos blindan su futuro con dinero público, se enriquecen con el tráfico de influencias, reciben premios en metálico de las grandes empresas por lo favores que les hicieron cuando estaban en el poder, y a nosotros, por contra, nos quieren joder la vida, con la falsa coartada de la quiebra del sistema de pensiones de la seguridad social y la necesidad de apretarnos el cinturón para hacer frente a la crisis. Hay razones sobradas para indignarse, hay verdades como puños que nos obligan a pensar muy bien qué hacemos con nuestro voto.
En estos momentos de crisis la reacción es nula. Se están nacionalizando los bancos y no hay debate, sino una "atonía general". Todo se debe a la actitud de los políticos, más preocupados por negar al otro que en buscar soluciones y lo grave es que están expulsando a la gente de la política, pero no ocurre nada. No he perdido la fe, pero la estoy perdiendo. Los políticos y los periodistas son los únicos que atentan contra las propias instituciones que representan.
Ustedes foreros ¿Qué opinan?