Villaluenga de la Sagra - Toledo

1. CORRUPCIÓN EN EL PP. CASO GÜRTEL. DESMANTELAN UNA GRAN TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA VINCULADA AL PP

Una larga investigación del juez Baltasar Garzón, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) culminó con la desarticulación de una extensa trama corrupta que lograba
contratos en administraciones públicas gobernadas por el PP, partido al que luego prestaba distintos servicios en sus campañas electorales.

Entre los detenidos de la trama se encuentra el empresario Francisco Correa Sánchez, habitual organizador de actos del PP, hasta que Mariano Rajoy prescindió de sus servicios en 2003, y amigo personal del yerno
de Aznar, Alejandro Agag, del que fue testigo en su boda; Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego y hombre de confianza del ex dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña; María
del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda y ex secretaria general del partido en ese municipio; y dos personas más que aparecen en su
amplio entramado de empresas, Felisa Jordán Goncet y Antoine Sánchez.
Al margen de los cinco detenidos, el juez Garzón tiene en el punto de mira a más de 30 personas, en calidad de imputados y que, en su mayoría, son empresarios conexos. Anticorrupción atribuye a la trama
corrupta los delitos de cohecho (soborno a funcionarios), tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita (actuaban como banda organizada). La policía judicial practicaba registros en domicilios particulares, empresas y despachos de diversas localidades de Madrid capital y de sus alrededores, así como en sedes institucionales de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y de la propia administración autonómica valenciana, además de en viviendas de Marbella y Sotogrande (Cádiz).

Una vez analizada esta documentación, desfilarán ante Garzón los cargos políticos implicados en las supuestas corruptelas. Durante los meses -más de un año- que ha durado esta investigación, la policía ha
acumulado abundante información a través de las escuchas practicadas. Indicios de corrupción que serán verificados ahora con los testimonios de los imputados y las pruebas documentales obtenidas en los
registros que hasta el momento se han realizado. Esta trama tiene un doble vínculo con el PP.
Por un lado, recibía decenas de adjudicaciones en condiciones sospechosas de administraciones bajo gobierno de dicho partido. Por otro lado, le prestaba servicios electorales al partido sin dar cuenta de los gastos al Tribunal de Cuentas, que en varias ocasiones puso serios reparos a la contabilidad de la formación por esta anomalía.
La trama corrupta se nutría de fondos públicos por el trato de favor de gobiernos del PP para mantener una estructura que, luego, realizaba servicios a la misma formación política. Así, empresas vinculadas a la trama de Correa aparecen como proveedoras del PP en las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en Madrid; en las autonómicas de 1999 y 2003 en la Comunidad Valenciana y en las de 2004 al Parlamento andaluz.
Curiosamente, los informes de los distintos tribunales de cuentas autonómicos alertan de que no se ha podido precisar qué tipo de servicios les prestó, lo que constituye una irregularidad electoral.

Así, Rialgreen, firma del grupo, nunca detalló qué servicio prestó al PP en dicha campaña andaluza de 2004. No aportó facturas ni documento alguno. Igual ocurrió con las elecciones madrileñas de mayo de 2003, donde la suma de votos de PSOE e IU daban una victoria a la izquierda, que se frustró tras la deserción de dos diputados socialistas. Rialgreen, nuevamente, no aportó facturas. Y otro tanto ocurrió en las elecciones valencianas.

El Tribunal de Cuentas exige facturas a cada proveedor electoral de los partidos para garantizar que el servicio prestado en campaña cuesta lo que vale y no hay rebaja ni regalo. Es decir, que no hay financiación
encubierta al partido a través de un proveedor que regala el servicio electoral (catering, publicidad, organización de acto electoral) o no lo cobra a precio de mercado. Aquí, el opaco proveedor electoral es
habitual contratista de gobiernos municipales o autonómicos del PP. El reguero de adjudicaciones públicas en los últimos 10 años se extiende por toda España: Galicia, Comunidad Valenciana, ayuntamientos de
Madrid, Majadahonda, Boadilla, y un largo etcétera, e incluso la Federación Española de Municipios bajo presidencia del PP hasta 2003.
Una singularidad más. Una de sus empresas más conocidas y polémicas, Special Events, tiene su accionariado en un paraíso fiscal a través de la firma Windrate. En Special Events ha trabajado Antonio Cámara, ex secretario personal del presidente Aznar. Con cuatro empleados, Special Events logró unos ingresos de 4,4 millones de euros en 2003.

(www.elpais.com, 07/02/09)

2. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DE CORREA SE GESTÓ EN LA SEDE DEL PP EN MADRID

Baltasar Garzón ha tirado de la manta y la nube de polvo cada vez cubre más capas del Partido Popular. El juez de la Audiencia Nacional asegura que la organización dirigida por Francisco Correa, ya en prisión, "se
gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle Génova". Garzón hace esta afirmación en el auto en el que se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la operación "Gürtel", al haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat Francisco Camps y el diputado valenciano Ricardo Costa.

El juez sostiene que cargos del PP nacional convirtieron a la empresa de Correa Special Events "en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política". "Durante ese tiempo,
1996 a 2004, -añade el auto Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que, o bien le concedían la organización de eventos, merced a su posición dentro del partido, o bien una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Correa en la administración que gobernaban".

Según Garzón, "para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos". No obstante, indica, los cambios en 2004-2005 "dentro de la dirección" del PP "provocarían un cambio en la tendencia seguida hasta entonces, y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas" de Correa,
aunque éste "se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia (Orange Market), cuyo responsable era el imputado Álvaro Pérez Alonso, 'El Bigotes'. Además de inhibirse a favor del TSJ de Valencia, tal como le pidió ayer la Fiscalía anticorrupción, también cede parte de la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid al hallar indicios contra el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo y los también diputados regionales Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, los tres del PP.

En el primer auto acusa a Francisco Camps de recibir 12.783 euros en trajes a cambio de adjudicaciones por valor de cuatro millones a las empresas de Correa. No contento con esto, el discutido magistrado amplía
las imputaciones a otras seis personas del mismo partido: los alcaldes de las localidades madrileñas de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda; Tomás Martín Moral, Clemente Aguado, José Galeote (ex concejal de Boadilla) y Ricardo Galeote (ex concejal de Estepona Málaga), padre y hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote. El juez retendrá temporalmente parte de la causa hasta que los tribunales superiores de justicia decidan si se la quedan. El PP, en boca de su portavoz en el Congreso Soraya Sáenz de Santamaría, "pone en cuarentena" la decisión de un juez "cuya trayectoria en este caso se ha distinguido por filtraciones a la prensa que han juzgado y condenado a determinadas personas en los medios de comunicación".

El Gobierno valenciano ha declarado que iniciará "las actuaciones judiciales que estén a nuestro alcance contra aquellas personas que hayan difamado o hayan falseado" hechos en relación a la persona del
presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y mostró su confianza en la Justicia y en que "en los próximos días" se aclarará la "no relación" del jefe del Consell en los hechos. Garzón imputó a 37 personas (ahora hay otras seis) en la presunta trama corrupta encabezada por Francisco Correa. Ya ha interrogado a todos y ha enviado a la cárcel a tres de ellos: a Correa, a su primo Antoine Sánchez y a Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego.

(www.publico.es, 06/03/09)

Implicados del PP

- Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana.
- Ricardo Costa, secretario general del PP en Valencia.
- José Víctor Campos, ex secretario de organización del PP valenciano.
- Rafael Betoret, director del gabinete de la Consejería de Turismo.
- Benjamín Martín Vasco, parlamentario autonómico de Madrid.
- Alberto López Viejo, parlamentario de Madrid y ex consejero de Deportes.
- Alfonso Bosch, diputado autonómico de Madrid.
- Ginés López Rodríguez, alcalde de Arganda (Madrid).
- Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo (Madrid).
- Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (Madrid).
- Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid).
- Tomás Martín Morales, director general de Gestión Urbanística de Boadilla.
- Clemente Aguado, ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.
- José Galeote, ex concejal de Boadilla.
- Ricardo Galeote, ex concejal de Estepona (Málaga).

(www.elpais.com, 06/03/09)