No es habitual que el Tribunal Supremo sea tan explícito en sus sentencias, pero quizá esta vez lo ha hecho porque no es la primera vez que se pronuncia sobre los intentos de llenar el Tribunal de Cuentas con funcionarios de libre designación, lo que conlleva un alto riesgo de politización. El asunto es grave porque este organismo es clave para detectar la corrupción. En una sentencia del pasado 3 de diciembre, desestima dos nombramientos de cargos, la subdirectora adjunta de la Asesoría Jurídica, Virginia de los Reyes, y el asesor económico financiero, José María Gordo Moreno, nombrados por indicación del pleno, el máximo órgano. El texto reclama más funcionarios de carrera, que llegan por oposición, para que sean mayoría y afirma que sobran 30 de los recomendados.
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