Villaluenga de la Sagra - Toledo

Una de las medidas estrella de la reforma laboral que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó hace casi un año fue el llamado contrato de emprendedores, una nueva fórmula contractual con la que pretendían animar la contratación y facilitar las cosas a las pequeñas empresas. Sin embargo, once meses después de su aprobación su resultado es más bien pobre: en este tiempo tan sólo se han registrado 75.600 contratos de este tipo, según datos ofrecidos por el Ministerio de Empleo.

Esta cifra supone que estos contratos tan sólo representan el 8,2% de todos los indefinidos registrados en los últimos diez meses. A su vez, los contratos indefinidos representan de media tan sólo entre el 9% y el 10% de toda la contratación que se produce en un mes; el resto es temporal.

Este contrato de emprendedores es válido sólo para empresas con menos de 50 empleados y trabajadores jóvenes o mayores de 45 años. De hecho, el 53% de los 75.600 contratos de emprendedores se han firmado con menores de 30 años.

Otra de sus particularidades es que cuenta con un periodo de prueba de un año, es decir, que durante los doce primeros meses el despido de esa persona es completamente libre, un punto que causó muchas críticas entre la oposición y los sindicatos. La centrales consideraban incluso que podría tratarse de una característica inconstitucional.

A la luz de los datos, esta modalidad tampoco ha ayudado a fomentar la contratación. Desde marzo a diciembre de 2011 (cuando aún no existía este tipo de contrato) se registraron 913.067 contratos indefinidos. Es una cifra muy parecida a la de este año: durante el mismo periodo –de marzo a diciembre, y ya con su puesta en marcha– se han registrado 935.244 contratos indefinidos.

400 euros

Por otro lado, apenas hay datos sobre los beneficiarios de la nueva ayuda de 400 euros, que el Gobierno renovó en agosto aunque con condiciones más severas. Según Empleo, en los primeros meses de la ayuda se han tramitado 13.000 solicitudes que cumplieron todos los requisitos. No hay, sin embargo, datos sobre el número total de personas que han solicitado la prestación o sobre cuántos beneficiarios la han cobrado hasta el momento, como sí ha sucedido en otros casos. Desde el Ministerio señalan que hay que esperar a la evaluación completa de la prestación, pero aseguran que se podrían beneficiar unas 130.000 personas.

La prestación termina su vigencia a mediados de febrero y el Gobierno aún no ha aclarado si la prorrogará o no. CCOO y UGT reclaman que esta ayuda pase a ser una prestación estable y no dependa de prórrogas periódicas que generan inseguridad. "Que esta ayuda se transforme en una prestación del sistema de protección a la que se tenga derecho en situaciones de necesidad y habiendo agotado otro tipo de prestaciones, de modo que este programa deje de estar sujeto a prórrogas temporales y limitaciones presupuestarias y se establezca de forma estable, de manera análoga a como la reforma laboral ha acordado la vigencia de determinadas instituciones laborales, hasta que se alcance una tasa de desempleo por debajo del 15%", reclaman.