El PSOE de Murcia 'premia' en sus listas a un edil investigado por fraude El Comité Regional del Partido Socialista de la Región de Murcia decidió ayer premiar con el puesto número tres en las listas a las Cortes autonómicas por la circunscripción de Guadalentín al concejal de Totana Alfonso Martínez Baños, investigado por presunta corrupción. Además, la acusada de instigar la paliza contra el consejero del PP, María González Veracruz, irá de dos por Murcia. Este diario ya informó de la imputación de Martínez Baños y su colega de partido –portavoz y candidato socialista al consistorio totanero– Juan Francisco Otálora por el Tribunal de Cuentas, que les exige devolver 25.788 euros –se dirimirá en un juicio fijado para el mes de abril– en concepto de responsabilidades patrimoniales por haber abierto, cuando estaban en el poder, dos cuentas bancarias ilegales que ocultaron a la Intervención municipal. También cabe recordar que Martínez Baños ya fue condenado por un delito de alcance de fondos en enero de 2007, por lo que tuvo que pagar 13.000 euros. Ahora, LA GACETA ha tenido acceso a una denuncia particular interpuesta ante la Agencia Tributaria de Murcia contra la sociedad Calidad Deportiva, SL (CADE), cuyo gerente es el mismo Martínez Baños, en la que se acusa de “prácticas defraudatorias a la Hacienda Pública que la llevan a un importantísimo fraude fiscal”. El presunto fraude consiste en la compra de importantes cantidades de gasóleo B, concretamente a la empresa Petrovélez SL. El denunciante explica que “este gasóleo sólo se vende para usos agrícolas, habida cuenta que el precio es menor; además, está subvencionado”. El gasóleo que usa CADE, cuya actividad central es la construcción de instalaciones deportivas, lo destina a vehículos propios. El denunciante no se explica cómo CADE, que tiene un depósito con capacidad tan sólo para 1.500 litros, puede emitir facturas –presentadas junto a la denuncia– con un suministro consignado de 35.000 litros que además es trasladado desde Almería, lo que encarecería el precio por el transporte. “Así las cosas, esta parte cree que o bien puede estar procediéndose a un fraude a gran escala por consumo de gasóleo B de uso agrícola para otros fines distintos, o bien pudiera ser el iceberg de un gran fraude fiscal mediante la emisión de facturas falsas”, según reza el escrito de denuncia. Si quedara acreditado este procedimiento infractor, CADE estaría emitiendo facturas falsas para justificar sus cuantiosos desembolsos ante el banco –lo que se llama “ennegrecer” dinero–, mientras Petrovélez estaría ganando a cambio, en un pacto cerrado entre ambas partes, la capacidad de blanquear ingresos y el porcentaje correspondiente al IVA más una plusvalía convenida que, en casos análogos a este, suele moverse en un intervalo del 5% al 10% de lo facturado. Y con subvención Por otro lado, en el gráfico adjunto se aprecia cómo un representante de CADE firma el documento de Petrovélez que autoriza a recibir una subvención por consumo de “gasóleos bonificados”. Es decir, que Calidad Deportiva SL estaría lucrándose de una subvención por un producto que, en realidad, ni necesita ni está consumiendo. Se solicita en consecuencia la intervención de los Servicios de Inspección de Hacienda para que lleve a cabo una “revisión exhaustiva” de las facturas correspondientes al suministro de combustible. El alcance del presunto fraude traspasaría la contabilidad particular de CADE para afectar a los proveedores de dicha empresa, que serían colaboradores necesarios, como es el caso de la propia Petrovélez. Llama la atención que la clientela de esta empresa de instalaciones deportivas gestionada por un concejal del PSOE y ex alcalde de Totana esté representada en su abrumadora mayoría por consistorios socialistas. El denunciante señala sin tapujos la complicidad municipal en este turbio asunto y advierte de que, dado que CADE “trabaja en un 90% para la Administración, fundamentalmente ayuntamientos, y dado el nivel de corrupción existente, es factible también que busquen una vía de financiación de dinero, denominado B, para poder pagar de esta forma los favores de la adjudicación de obras”. Los Servicios de Inspección Aduanera –que luego remitirán su informe a Hacienda Pública– están investigando en estos momentos el alcance de estas irregularidades contables que pueden involucrar a varios ayuntamientos socialistas y empresas cómplices. |