Sonseca - Toledo

que curiosidad en el mapa de las autonomias españolas donde se suben impuestos es en las gobernadas por el P$O€,será que no se han enterado que para reducir el deficit tambien vale gastar menos o crear mas riqueza.

no hombre ellos son los expertos en subidas fiscales ya sean impuestos directos o indirectos el caso es que para ellos la mayor parte del dinero la debe controlar el estado y lo que sobre para que puedan malvivir los ciudadanos

. COSPEDAL NO SABE QUE CAMPS TIENE TRES VICEPRESIDENTES


"Yo no sé ahora mismo cuántas vicepresidencias tiene el Gobierno de Valencia, pero es conocido que ha presentado un plan de austeridad", señaló la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La dirigente conservadora se limitó a dar esta respuesta cuando se le preguntó por qué su partido lleva tiempo exigiendo la supresión de la vicepresidencia tercera del Gobierno, dirigida por Manuel Chaves, y no le pide al president de la Generalitat, Francisco Camps, que haga lo propio con alguna de las suyas.


El Consell cuenta con tres vicepresidentes: Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino. Pero la dirección nacional del PP sólo tiene ojos para el Gobierno socialista. La vicepresidencia tercera se dedica a coordinar la política territorial del Gobierno. Pero para la formación de Mariano Rajoy es "inútil". , Cospedal recordó una de las razones que mueven al PP. Al menos, la formal: "Esta vicepresidencia tiene hoy las funciones que antes tenía poco más o menos una dirección general".


De Camps, mejor no hablar. Todo el partido está esperando a ver si se abre juicio oral contra el president por la causa de los trajes regalados por la trama de corrupción o si le imputan por alguno de los delitos descritos por el juez Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.


Mientras tanto el PP va poniendo obstáculos a la investigación del caso Gürtel, como el recurso que presentó el viernes pasado contra el auto de inhibición de Pedreira a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Cospedal negó que su formación estuviera actuando como defensa en vez de como acusación popular. "No tenemos ninguna sensación de que nadie nos esté acusando de entorpecer la investigación. No estoy de acuerdo con esa apreciación", aseguró. Y justificó que el paso dado tenía por objetivo "velar por el cumplimiento de la legalidad".


"Creo que el PP está cumpliendo con su obligación y está siendo muy escrupuloso y respetuoso con la función del juez y con la función que se le atribuye a las partes en el proceso", insistió Cospedal. Todo ello después de que el responsable de justicia del PP, Federico Trillo, tergiversara unas providencias del magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, para cargar contra Baltasar Garzón y las fiscales.


Del duro plan de ajuste alemán, sus socios de partido en Europa, Cospedal mantuvo que "no se pueden equiparar situaciones". Aunque el PP lo hace continuamente cuando compara a España con las crisis de Grecia o Hungría. "Cada gobierno hace el plan de ajuste que le parece conveniente y entendemos que el de España no es el más conveniente para nuestros intereses", explicó sin querer poner en evidencia a la canciller Angela Merkel, a quien Rajoy siempre pone de ejemplo.


Por último, Cospedal insistió en que el PP es el "partido que mejor defiende a los trabajadores", tras señalar el domingo pasado que si los sindicatos no daban la cara por ello, lo haría su partido. "El partido que creó cinco millones de puestos de trabajo en ocho años y el que mejor defiende a aquellos que hoy tienen miedo de perder su empleo", comentó. Pero, intencionadamente, dejó en el tintero que su partido ha propuesto un recorte de más de 500 millones de euros en cursos de formación. El PP envió también a todos los partidos una propuesta para reducir en un 30% los gastos y subvenciones electorales. Entre las medidas, planteó agilizar la labor de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

que quieres decir,¿que han subido los impuestos en Valencia?,a mi no me consta,lo que si tiemblo es lo que los subiran aqui para pagar los 170 millones de euros del aeropuerto de Ciudad Real.

COTINO INTENTÓ BLINDAR EL NEGOCIO DE GERIÁTRICOS DE SU FAMILIA

Antes de abandonar la Consejería de Bienestar Social, el ahora vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, trató de blindar el negocio del grupo Savia, empresa de residencias de la tercera edad participada por su familia. Cotino se comprometió a aumentar las plazas concertadas hasta ocuparlas totalmente con personas mayores subvencionadas por la Administración valenciana a lo largo de este año. Sin embargo, el presupuesto aprobado por la Generalitat no dotó de fondos adicionales a la línea que debía cubrir este gasto. Además, en los planes del departamento, ahora dirigido por Angélica Such, no se contempla aumentar los conciertos con residencias, ya que no existe demanda de los usuarios, que se inclinan por otras prestaciones, como la ayuda a cuidadores.

Ante esta situación, Savia y otras dos empresas (La Saleta y Novaire) que conciertan plazas con la Administración bajo la misma fórmula (denominada de accesibilidad social) y que esperaban beneficiarse de estas ventajas, han interpuesto un escrito para que Bienestar Social respete las condiciones pactadas cuando Cotino dirigía el departamento, según ha sabido este diario. Este documento está siendo analizado por la abogacía de la Generalitat y es un paso previo a la demanda con la que han amenazado para reclamar el cumplimiento del acuerdo. En la consejería consideran que la exigencia de Savia y el resto de centros tienen poco recorrido: se basa en un protocolo de intenciones lanzado por Cotino y estaba sujeto a la existencia de crédito, pero no hay liquidez.

Este protocolo fue el último movimiento de una serie de órdenes y resoluciones tomadas mientras Cotino estuvo al frente de Bienestar Social (junio de 2007 a agosto de 2009) que beneficiaron a los negocios de su familia y situaron a la Comunidad Valenciana a la cola en la aplicación de la Ley de la Dependencia.

La primera permitió rebasar el límite del 33% en el porcentaje de plazas concertadas en las residencias sujetas a la fórmula de la accesibilidad social. En los noventa, la Comunidad Valenciana sufría un acuciante déficit de plazas residenciales para la tercera edad. Para combatir esta situación, la Generalitat planteó a la iniciativa privada un concurso para que construyera y pusiera en el mercado 9.000 plazas. El Gobierno valenciano elegiría la ubicación de las residencias en función de sus necesidades. A cambio, aseguraba a las empresas la ocupación del 33% de sus estancias con personas mayores remitidas (y sufragadas) por la Generalitat. Esta fórmula se bautizó con el nombre de accesibilidad social.

La firma Gerocentros del Mediterráneo, ligada a la familia Cotino, fue la principal beneficiada de este plan, al conseguir, en una unión de empresas, 28 de los 72 centros. Finalmente, se construyeron 52, de los que 21 son de Gerocentros. Tras diversos cambios accionariales, en 2005 esta empresa se quedó como único socio y cambió su nombre por el de Centros Residenciales Savia. En 2006, Sedesa Concesiones (controlada por Vicente Cotino Escrivá, sobrino del vicepresidente del Consell) ya presidía la sociedad con el 38,7% de las acciones, igual que Ortiz e Hijos, SL, la otra accionista mayoritaria según el Registro Mercantil. Estas dos firmas están implicadas en la supuesta financiación del PP valenciano que destapó el caso Gürtel.

Cotino impulsó un importante cambio de las reglas del juego en la financiación pública de plazas privadas. En diciembre de 2008, el Consell eliminó la barrera del 33% -abriendo la puerta para concertar más plazas, cambiando sobre la marcha las condiciones del concurso- y equiparó la subvención de estas plazas al régimen de conciertos. El resultado fue un incremento del 182% de las estancias subvencionadas al grupo Savia por parte de la Generalitat. Antes de que llegara Cotino a Bienestar Social en 2006, las personas alojadas en residencias con subvención pública eran 716 (213 bajo la fórmula del bono-residencia y 503 por la accesibilidad social). En 2007, con Cotino en la consejería, la cifra pasó a 928 (248 y 680). A finales de 2008 la cifra se disparó hasta 1.938 (375 de bono y 1.563 de accesibilidad) y subió a 2.020 plazas (475 de bono y 1.654) en 2009, según información remitida por Bienestar Social a las Cortes valencianas.

Paralelamente a este aumento de plazas subvencionadas (en ocasiones por la inclusión de residencias fuera del plazo establecido por las condiciones del contrato de accesibilidad), se produjo un aumento del precio por encima del fijado por el contrato inicial, que era solo del IPC.

En 2007, el precio de las plazas de accesibilidad social creció súbitamente un 10,5%. Bienestar Social lo justificó por la necesidad de adecuar el sector a un nuevo escenario marcado por una nueva orden que incrementó el personal mínimo de los centros, así como el nuevo convenio colectivo del sector. Pero además, las residencias de la familia de Cotino obtuvieron un beneficio extra de 2,5 euros por plaza al día tras una sentencia del Tribunal Supremo que les dio la razón en una reclamación sobre la aplicación del IPC y que la Generalitat no recurrió.

A todo ello se añadieron otros incrementos salariales. Cotino impulsó aumentos de plazas concertadas a través de dos adjudicaciones por procedimiento negociado sin publicidad en 2008 y 2009 que afectaron solo a las residencias del programa de accesibilidad y que supusieron nuevas subidas de precios. El 40% de estas plazas, 758, fueron para el grupo Savia a lo largo de estos dos años. El precio fue en 2008 de 56 euros al día (frente a los 54,5 del resto de plazas de accesibilidad) y de 58 (de julio a diciembre) en 2009 (frente a 55,5).

El resultado de todo ello fue que Savia pasó de ingresar por plazas subvencionadas de la Generalitat de 11,2 millones de euros en 2006 a unos 40,5 millones en 2009, año en el que Cotino abandonó Bienestar Social.

que pesados sois con el corta y pega,que yo sepa el hilo va de la subida de impuestos en las regiones gobernadas por el PSOE,lo cual no demostrais lo contrario,a cambio haceis la estrategia de el visionario Alfonso Guerra ( " a España no la va a conocer ni la madre que la parió"),que consitia en que a la falta de argumentos hay que encender el ventilador para repartir la mierda.
Lo que si me gustaria saber es que se entiende en Castilla-La mancha por "rico",ya que seremos las proximas victimas del atraco socialista.

El PP se ha erigido en los últimos meses en un defensor del bolsillo de los contribuyentes haciendo bandera de su rechazo a la subida de impuestos. Ayer, su presidente, Mariano Rajoy, al calor de las comunidades socialistas que han apostado por gravar el IRPF a los más ricos, intentó apuntarse un tanto. "Ninguna comunidad del PP va a subir los impuestos", manifestó en un acto en Ciudad Real. Pero no le salió bien. Las declaraciones llegaban sólo 24 horas después de que el PP de Extremadura apoyara en el Parlamento regional la subida del IRPF para rentas superiores a los 60.000 euros planteada por Guillermo Fernández Vara (PSOE).

Pese a que no son los conservadores los que gobiernan en la citada comunidad, la actitud de la formación presidida por José Antonio Monago quiebra uno de las líneas argumentales de la formación.

En la dirección nacional del partido, la respuesta a esta contradicción fue contundente: "La política del PP está totalmente en contra de la subida de impuestos", expresaron.

No obstante, Rajoy evitó citar directamente a Extremadura durante la inauguración de la convención regional del PP de Castilla-La Mancha. Prefirió ser más genérico: "Subir los impuestos como están haciendo los socialistas es negativo para el crecimiento económico y malo para la creación de empleo". O disparar directamente contra Andalucía cuando aseguró que el presidente de la Junta ha anunciado una auténtica "lluvia de impuestos" que, a su juicio, "es un golpe de gracia a las clases medias".

Sin orden de Rajoy
Fuentes del PP de Extremadura explicaron ayer que la dirección nacional de la formación no dio ninguna directriz a la hora de orientar el voto en la cámara regional. Y que la decisión fue consensuada en una reunión del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Extremeña, presidido por el propio Monago. También aseguraron no haber recibido ninguna queja de Mariano Rajoy después de la votación.

"Se trata de un tema al que no le hemos dado mayor trascendencia. No he hecho falta ni convocar al Comité Ejecutivo Regional para estudiar el sentido del voto", sostenía ayer un miembro del citado órgano de dirección, que explicaba además los motivos por los que el PP votó de la mano de los socialistas.

"Se trata de una propuesta asumible. La subida afectará a unas 8.000 personas. Y las rentas de 60.000 euros en Extremadura no las tiene la clase media, si no la alta", explicó. Además, destacó que su partido se opuso a otros puntos de la reforma fiscal como la implantación del céntimo sanitario o la subida de impuestos para las compañías eléctricas.

También Rajoy cargó en su discurso contra la subida del 4% del recibo de la luz a partir del 1 de julio. "La luz sube para pagar su política [la de Zapatero] de primas, de subvenciones, sus discursos y su demagogia", mantuvo. Con este punto de partida como telón de fondo, el líder del PP aseguró que pedirá "a Zapatero en el próximo pleno que explique por qué va a subir la luz". Y mostró su poca confianza en que el Gobierno llegue a presentar un plan económico que "genere confianza".