Sonseca - Toledo

"Camps y su Gobierno afrontan hasta siete delitos por su relación con la trama Gürtel
El juez Pedreira envía al Tribunal valenciano los indicios de financiación ilegal del PP y de amaño de contratos que implican al presidente, vicepresidente y tres diputados

En esa causa figuran indicios de hasta siete delitos vinculados a la corrupción relacionados con el amaño de contratos a favor de la red Gürtel (prevaricación y tráfico de influencias); con la aceptación de regalos pagados por Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe de la trama corrupta en Valencia, a dirigentes del PP (cohecho) y con la ocultación a Hacienda de gastos del partido en la campaña de 2007 (delito electoral). El juez recoge en su auto los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que considera que Camps pudo incurrir en cohecho propio (recibir regalos a cambio de adjudicar contratos) en lugar del cohecho pasivo impropio que ahora se le imputa (recibir regalos por su condición de autoridad sin vinculación con la adjudicación de contratos). Otros delitos que se apuntan en el auto son los de falsedad en documento mercantil, cometida supuestamente para pagar de forma irregular facturas del PP; y blanqueo de capitales."

INDICIOS DE 7 DELITOS: FINANCIACIÓN ILEGAL PP, AMAÑO CONTRATOS, PREVARICACIÓN, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, COHECHO, DELITO ELECTORAL, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, BLANQUEO DE CAPITALES.

Joer para lo que dan 3 trajecitos de "na".


Y digo yo, para cuando el código de buenas prácticas del PP. Hay marianin sino sabes llevar tú partido, como vas a llevar un pais entero.

¿Jucio? que eso hombre esto es la inquisicion aqui no hace falta eso aqui directamente condenamos que presuncion de inocencia ni que gaitas tonterias.... en fin asi nos va que pierdas el tiempo en poner estas cosas por comugar fe ciega al psoe es un poco triste en serio haztelo mirar que esa obsesion tuya es preocupante

Camps es un corrupto igual que habrá otros muchos del PP ,pero es que el PSOE tiene igual o mas ,los que sabemos tipo BONO(ya puede decir bono misa) y los que no sabemos .

TODA LA CLASE POLITICA EN GENERAL ES CORRUCTA O SI NO ES ASI, DE TODAS FORMAS SE APROVECHA DE SU POSICION PARA HACER DINERO ,Y VIVIR A LO GRANDE.

Veo que no cambias eres un pobrecito a las ordenes de un inútil como es ZAPAPARO.

LE QUEDAN LOS DIAS CONTADOS DE MANDAR AL ESTAFERMO ESTE


!!!!!!LE VAMOS A ECHAR BIEN PRONTITO!!!!!!!!!

INUTILES A SU P,,TA CASA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

me apuesto lo que querais a que este montaje periodistico al final va a quedar en nada,eso sí su efecto mediatico en paginas será enorme,pero en las urnas revalidará la mayoria absoluta para tristeza de sonsecano y es que los juicios en serio los hacen los tribunales y no el grupo prisa.Creo que tengo el 1% de posibilidades de equivocarme.

El partido popular esta interesado exclusivamente en volver a ocupar la bancada azul del congreso de los diputados.
¿En que cabeza cabe el pensar que a España, en estos momentos en los que hay arrimar el hombro, le vendria bien para la economía y para la recuperación de la confianza inversora internacional que darse con un gobierno en funciones y abrir una campaña electoral?.Solo a un partido irresponsable y con miras tan poco claras como las de una alcaldesa de ese mismo partido que se permite insultar a un presindente de Gobierno y no ruborizarse siquiera de tener como presidente autonómico a un ciudadano que esta bajo sospecha de haber incurrido presuntamente en delitos de corrupción y de financiación ilegal.
Las medidas de ajuste económico sólo las toma un presidente que piensa en españa y no en los votos y creo que esa decisión es mucho mas dolorosa para un presidente socialista.
Por favor ponganse a trabajar, porque no estan en ningun balneario ni tienen derecho a viajar en primera ni a hoteles de cinco estrellas.
Por dignidad y ética....tengo la sensacion en el 99% de posibilidades que el señor camps no llega a las proximas elecciones.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad admitir los recursos de la Fiscalía y los socialistas valencianos contra el sobreseimiento ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el verano pasado y reabre la causa contra Francisco Camps por un presunto delito de cohecho pasivo al haber recibido regalos supuestamente de la trama corrupta encabezada por Francisco Correa, con Álvaro Pérez 'El Bigotes' como brazo ejecutor en Valencia.

La decisión del Alto Tribunal devuelve "las actuaciones al magistrado instructor de la causa para que continúe su tramitación" en el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

A lo largo de la mañana, el rumor sobre la reapertura de la causa ha circulado entre dirigentes del PP a través de mensajes de móvil, informa Carmen Remírez de Ganuza. No obstante, la dirección nacional espera que sea el propio PP valenciano y Camps en concreto quien dé réplica a la noticia del Supremo.

'Diga la justicia lo que quiera'
La decisión del Supremo es un nuevo varapalo para el presidente valenciano pese al reiterativo respaldo de la dirección nacional del PP. Rajoy dijo el pasado 6 de mayo que Camps sería candidato en las próximas elecciones autonómicas "diga la Justicia lo que quiera". Cuatro días después matizó sus 'desafortunadas' declaraciones. Este mismo martes, el portavoz del PP valenciano avisaba: "Pase lo que pase el día 12, no pasará nada". Lo que ha pasado agrava el particular calvario de Camps, enredado en el caso Gürtel desde hace un año largo.

El 19 de febrero de 2009 fue el primer día que Camps apareció en un titular de prensa vinculado a la trama corrupta. La Fiscalía Anticorrupción le implicaba en el caso por la frase de una imputada que aludía al pago de 30.000 euros en trajes para él. Camps compareció a primera hora de la mañana, acompañado de todo su gobierno, para desmentir esa vinculación y anunciar acciones legales en defensa de su honor en una de las pocas ocasiones en las que ha dado la cara ante los medios.

Unos días después Garzón envió la rama valenciana del caso al TSJ de Valencia al encontrar indicios de responsabilidad penal tanto en Camps como en Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.

"Claro que me pago mis trajes", aseguró Camps con media sonrisa en Madrid rodeado de toda la cúpula del PP. Mientras, en Valencia, vaticinaba "un ratito largo". "Todo caerá por su propio peso, pero queda un ratito largo para que al final se vea que nada es cierto", dijo en las Cortes.

A finales de abril de 2009, se conoció el contenido de unas grabaciones de la Policía que revelaban la supuesta amistad entre Camps y el empresario Álvaro Pérez, alias 'El Bigotes', responsable de Orange Market, una de las firmas de la trama Gürtel. Camps se dirigía a él como "amiguito del alma".

Sobreseimiento en el TSJ
El 20 de mayo, el presidente valenciano declaró ante el TSJ como imputado por un supuesto delito de cohecho. Aseguró ante el juez Flors que pagó sus trajes en metálico y que no conservaba las facturas. Dos meses después, el tribunal con el voto de dos de los tres magistrados acordó el sobreseimiento libre de la causa al no encontrar relación entre los regalos y los contratos del Consell con las empresas de la trama.

La Fiscalía y el PSPV anunciaron entonces que recurrirían el fallo ante el Supremo. Desde entonces han pasado nueve meses y casi de todo, muy poco bueno para el PP, especialmente para el PP valenciano. Ricardo Costa cesó como secretario general y fue suspendido de militancia unos días después de que se conociera la existencia de una facturación doble de Orange Market al PP valenciano y de que parte del sumario de Gürtel detallase cómo los cabecillas de la trama agasajaban con múltiples regalos a la cúpula del partido.

El mes pasado se destapó el sumario completo y se confirmó, entre otras cosas, que ocho consellers, varios altos cargos y hasta los padres y suegros de Camps recibieron regalos de la trama. También se conoció después un informe judicial que acreditaba que la Generalitat adjudicó varios contratos irregulares a 'Gürtel'.

Este mismo martes, sólo unas horas antes de la decisión del Supremo, un informe de la Agencia Tributaria revelaba presuntas irregularidades en la contabilidad del PP valenciano, que pudo ocultar donaciones recibidas de empresas para pagar a la sociedad Orange Marke

De la Vega viajó en mayo a New York en un jet privado, con caso 40 acompañantes, y se alojaron todos en un hotel que costaba 400 € por noche y persona, para acudir a una conferencia y a un concierto.

Pagado por todos nosotros obviamente.

Viva el socialismo... el argumento de “los buenos y los malos” no se sostiene con las mentiras del PSOE

Cronología del 'caso Fabra'
Diciembre de 2003: El empresario Vicente Vilar acusa al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Vilar ratifica su acusación con una querella ante el juzgado de Nules.

Enero de 2004: El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules archiva la querella de Vicente Vilar por un defecto de forma pero abre una causa de oficio ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración Pública en la que imputa a Carlos Fabra, Vicente Vilar y a las esposas de ambos.

Marzo de 2004: La Unión de Consumidores se persona, como acusación popular, en la causa abierta contra Carlos Fabra.

Mayo de 2004: Vicente Vilar aporta facturas de supuestos informes realizados y pagados a Carlos Fabra por asesoramiento en prevención de riesgos laborales y facturas de joyerías por los supuestos regalos realizados tanto a Fabra como a otros miembros del PP.

Junio de 2004: La Fiscalía Anticorrupción se hace cargo del 'caso Fabra' tras la cuestionada actuación del fiscal jefe de Castellón Javier Arias.

Julio de 2004: Vicente Vilar aporta escritos de diputados, senadores, directores generales y ministros en los que se da respuesta al interés mostrado por algunos dirigentes del PP por los productos fitosanitarios que fabricaba el empresario y por los que, supuestamente, Fabra mediaba para tratar de conseguir que fueran autorizados con celeridad.

Junio de 2005: La Agencia Tributaria presenta una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal cometido en el ejercicio de 1999. La denuncia también habla de ingresos detectados en las cuentas no justificados y de un incremento patrimonial que no se corresponde a sus ganancias declaradas.

Enero de 2006: La Audiencia de Castellón declara que los presuntos delitos contra la Administración Pública (tráfico de influencias y cohecho) y el fraude fiscal han de investigarse de forma conjunta puesto que puede haber una conexión entre ambos.

Abril de 2006: La Audiencia autoriza la realización de un informe que analice todas las cuentas y el patrimonio de la familia Fabra, dado que la complejidad de los delitos contra la Hacienda Pública "determina la necesidad de práctica de diligencias que pueden afectar a un amplio círculo de personas que se relacionan con aquellos a quienes se atribuye su comisión, y en especial si son próximas a estos".

Mayo de 2010: Los peritos concluyen el informe del patrimonio de los Fabra y destapan la supuesta comisión de nueve delitos fiscales y un fraude del matrimonio de 1,7 millones de euros. Sostienen que las ganancias patrimoniales sobre las que no se ha justificado el origen ascienden a unos 3,6 millones de euros.

Junio de 2010: El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules da por concluida la investigación, confirma la imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda pública. Cita a las partes para que el día 25 concreten sus imputaciones y expone que los presuntos delitos son competencia de un jurado popular.

Cacique o ciudadano ejemplar?
El final de la investigación judicial deja a Carlos Fabra más cerca del banquillo
"Si ser cacique es ejercer de presidente, sí soy cacique". "El que paga, manda". "Si me toca la lotería, me sacaré la pirula y mearé en la sede de Izquierda Unida". "Ni sé a la gente que habré colocado en 12 años". "El pueblo me ha absuelto". Estas son algunas de las frases más sonadas del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Frases que revelan su forma de entender la política, su forma de hacer política.

En la corta distancia y hasta hace poco tiempo, Charly tenía pocos límites. Divertido, ameno, espléndido en su atención a amigos o invitados, se ha caracterizado por beberse la vida a tragos largos.

Antes de que finalice el año podría estar sentado en un banquillo, frente a un jurado popular, para responder a las acusaciones de supuesto tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública, bajo cuyo paraguas se especifican delitos como el fraude fiscal y el blanqueo de dinero. Se le acusa de haber utilizado su cargo, haber sacado rédito por ese uso ilícito y, además, no haber declarado a la Hacienda pública todos sus ingresos que, en parte, podrían tener su origen en ese enriquecimiento ilícito. La vida pública y la privada mezcladas y unidas en una causa judicial.

El caso es que la Agencia Tributaria y dos peritos inspectores de Hacienda han destapado un incremento patrimonial que no se ajusta a los ingresos declarados. Según el informe que analiza sus movimientos bancarios y patrimoniales, Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, movieron, entre 1999 y 2004, más de ocho millones de euros en sus cuentas, de los que algo más de cuatro tienen origen y procedencia conocida y lícita, lo que no pasaría con otros 3,6 millones de euros. El informe se ciñe a las cuentas personales de los Fabra. Al presidente provincial, durante esos años, todas las declaraciones de Hacienda le salieron a devolver.

¿Qué han hecho los Fabra con ese dinero del que ahora se cuestiona la licitud de su origen? El mismo informe indica cómo la familia adquirió, durante esos años, varias parcelas, una casa en la urbanización Les Platgetes de Oropesa y un piso de 400 metros cuadrados en Las Salesas de Madrid. Según los datos del mismo informe, el coste de estos inmuebles asciende a, aproximadamente, 1,5 millones de euros que, en cualquier caso, no fueron desembolsados sino que forman parte de las deudas que, a través de préstamos hipotecarios, adquirieron. Aún así, el informe también indica que los Fabra han vendido otros inmuebles por los que, en estos años, deben haber percibido algo más de un millón de euros.

¿Y el resto del dinero? Los movimientos de las tarjetas de crédito de Carlos Fabra desvelan su tren de vida. En uno de sus momentos más álgidos, en 2001, el presidente de la Diputación de Castellón llegó a gastar más de 45.000 euros en un solo mes, la mitad de lo que supone su sueldo anual al frente de la institución provincial. Los montantes fueron cargados en diferentes cuentas por el uso de varias tarjetas, todas ellas a su nombre o a nombre de Carmacas, la sociedad de asesoría que preside. Hoteles, restaurantes, tiendas... Algunos de los pagos realizados durante esos años con tarjeta superan los 9.000 euros.

Durante los más de seis años que ha durado la investigación, Carlos Fabra apenas ha dado explicaciones públicas de los datos concretos que se le imputan. Desde el principio, negó haber mediado ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad para tratar de agilizar la obtención de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios de quien ahora es su enemigo pero que, durante años, fue su amigo, el empresario Vicente Vilar. Adujo haberse interesado por los negocios de este empresario como se interesó por los de otros. Contra esta afirmación existen decenas de documentos remitidos y recibidos por diputados, senadores, directores generales, e incluso ministros, en respuesta a las preguntas sobre la tramitación de los productos de Vilar.

Bolsas de plástico con millones, relojes y joyas y otros ingresos "millonarios" fueron, según el empresario, la forma de pago de los favores realizados por Fabra para que sus productos obtuvieran las autorizaciones necesarias. Carlos Fabra negó haber percibido contraprestación alguna por las gestiones realizadas, que él enmarcó en su deber político. "Nunca he sacado provecho personal de mi condición de presidente de la Diputación de Castellón o de presidente del Partido Popular en la provincia. Mi actividad pública nunca me ha reportado ningún beneficio o ingreso distinto de la retribución oficial, salvo la satisfacción de trabajar por mi provincia", ha afirmado.

Después de que la Agencia Tributaria le acusara de fraude fiscal, Fabra leyó un comunicado en el que negaba haber defraudado a Hacienda. Pero, al margen de estas explicaciones, cualquier mención al caso Fabra ha sido tomada como una ofensa y tratada como una campaña orquestada en su contra y de la que no ha sido más que una víctima.

"Es un ciudadano ejemplar", dijo de él Mariano Rajoy, presidente nacional del PP. Carlos Fabra no ha mostrado ningún problema en asumir el calificativo de "cacique". Y Rajoy, por ahora, no se ha desdicho de sus alabanzas al presidente provincial de Castellon

Los corruptos de izquierdas,verán desde las carceles,a los corruptos de derechas, pasearse en carrozas de oro

COTINO INTENTÓ BLINDAR EL NEGOCIO DE GERIÁTRICOS DE SU FAMILIA

Antes de abandonar la Consejería de Bienestar Social, el ahora vicepresidente tercero de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, trató de blindar el negocio del grupo Savia, empresa de residencias de la tercera edad participada por su familia. Cotino se comprometió a aumentar las plazas concertadas hasta ocuparlas totalmente con personas mayores subvencionadas por la Administración valenciana a lo largo de este año. Sin embargo, el presupuesto aprobado por la Generalitat no dotó de fondos adicionales a la línea que debía cubrir este gasto. Además, en los planes del departamento, ahora dirigido por Angélica Such, no se contempla aumentar los conciertos con residencias, ya que no existe demanda de los usuarios, que se inclinan por otras prestaciones, como la ayuda a cuidadores.

Ante esta situación, Savia y otras dos empresas (La Saleta y Novaire) que conciertan plazas con la Administración bajo la misma fórmula (denominada de accesibilidad social) y que esperaban beneficiarse de estas ventajas, han interpuesto un escrito para que Bienestar Social respete las condiciones pactadas cuando Cotino dirigía el departamento, según ha sabido este diario. Este documento está siendo analizado por la abogacía de la Generalitat y es un paso previo a la demanda con la que han amenazado para reclamar el cumplimiento del acuerdo. En la consejería consideran que la exigencia de Savia y el resto de centros tienen poco recorrido: se basa en un protocolo de intenciones lanzado por Cotino y estaba sujeto a la existencia de crédito, pero no hay liquidez.

Este protocolo fue el último movimiento de una serie de órdenes y resoluciones tomadas mientras Cotino estuvo al frente de Bienestar Social (junio de 2007 a agosto de 2009) que beneficiaron a los negocios de su familia y situaron a la Comunidad Valenciana a la cola en la aplicación de la Ley de la Dependencia.

La primera permitió rebasar el límite del 33% en el porcentaje de plazas concertadas en las residencias sujetas a la fórmula de la accesibilidad social. En los noventa, la Comunidad Valenciana sufría un acuciante déficit de plazas residenciales para la tercera edad. Para combatir esta situación, la Generalitat planteó a la iniciativa privada un concurso para que construyera y pusiera en el mercado 9.000 plazas. El Gobierno valenciano elegiría la ubicación de las residencias en función de sus necesidades. A cambio, aseguraba a las empresas la ocupación del 33% de sus estancias con personas mayores remitidas (y sufragadas) por la Generalitat. Esta fórmula se bautizó con el nombre de accesibilidad social.

La firma Gerocentros del Mediterráneo, ligada a la familia Cotino, fue la principal beneficiada de este plan, al conseguir, en una unión de empresas, 28 de los 72 centros. Finalmente, se construyeron 52, de los que 21 son de Gerocentros. Tras diversos cambios accionariales, en 2005 esta empresa se quedó como único socio y cambió su nombre por el de Centros Residenciales Savia. En 2006, Sedesa Concesiones (controlada por Vicente Cotino Escrivá, sobrino del vicepresidente del Consell) ya presidía la sociedad con el 38,7% de las acciones, igual que Ortiz e Hijos, SL, la otra accionista mayoritaria según el Registro Mercantil. Estas dos firmas están implicadas en la supuesta financiación del PP valenciano que destapó el caso Gürtel.

Cotino impulsó un importante cambio de las reglas del juego en la financiación pública de plazas privadas. En diciembre de 2008, el Consell eliminó la barrera del 33% -abriendo la puerta para concertar más plazas, cambiando sobre la marcha las condiciones del concurso- y equiparó la subvención de estas plazas al régimen de conciertos. El resultado fue un incremento del 182% de las estancias subvencionadas al grupo Savia por parte de la Generalitat. Antes de que llegara Cotino a Bienestar Social en 2006, las personas alojadas en residencias con subvención pública eran 716 (213 bajo la fórmula del bono-residencia y 503 por la accesibilidad social). En 2007, con Cotino en la consejería, la cifra pasó a 928 (248 y 680). A finales de 2008 la cifra se disparó hasta 1.938 (375 de bono y 1.563 de accesibilidad) y subió a 2.020 plazas (475 de bono y 1.654) en 2009, según información remitida por Bienestar Social a las Cortes valencianas.

Paralelamente a este aumento de plazas subvencionadas (en ocasiones por la inclusión de residencias fuera del plazo establecido por las condiciones del contrato de accesibilidad), se produjo un aumento del precio por encima del fijado por el contrato inicial, que era solo del IPC.

En 2007, el precio de las plazas de accesibilidad social creció súbitamente un 10,5%. Bienestar Social lo justificó por la necesidad de adecuar el sector a un nuevo escenario marcado por una nueva orden que incrementó el personal mínimo de los centros, así como el nuevo convenio colectivo del sector. Pero además, las residencias de la familia de Cotino obtuvieron un beneficio extra de 2,5 euros por plaza al día tras una sentencia del Tribunal Supremo que les dio la razón en una reclamación sobre la aplicación del IPC y que la Generalitat no recurrió.

A todo ello se añadieron otros incrementos salariales. Cotino impulsó aumentos de plazas concertadas a través de dos adjudicaciones por procedimiento negociado sin publicidad en 2008 y 2009 que afectaron solo a las residencias del programa de accesibilidad y que supusieron nuevas subidas de precios. El 40% de estas plazas, 758, fueron para el grupo Savia a lo largo de estos dos años. El precio fue en 2008 de 56 euros al día (frente a los 54,5 del resto de plazas de accesibilidad) y de 58 (de julio a diciembre) en 2009 (frente a 55,5).

El resultado de todo ello fue que Savia pasó de ingresar por plazas subvencionadas de la Generalitat de 11,2 millones de euros en 2006 a unos 40,5 millones en 2009, año en el que Cotino abandonó Bienestar Social.

sabeis todo lo de Valencia y no os enterais de lo que pasa aquí,pues el agujero del aeropuerto de Ciudad Real es mayor que todo lo que suma los escándalos que mencionais aqui,y eso sin entrar en Bono.

El PP gana las elecciones de 1996, y el imperio Correa empieza a crecer. Sus contratos se multiplican. Cuando llega la mayoría absoluta de 2000, las cosas mejoran aún más. "Una de las cuentas que teníamos entonces era la de AENA, porque Paco Cascos, con el que yo tenía cierta relación, me la dio. Era muy importante, se hacían Fitur y un montón de eventos", explica al juez. Tres empresas de la red, TCM, Special Events y Pasadena Viajes, facturaron 2,2 millones de euros a AENA entre 2000 y 2003, con Cascos de ministro.

Como él mismo reconoce, su especialidad son "las relaciones con políticos". Desde que el partido llega al Gobierno ya no sólo hacía todo en el PP nacional -eso es mucho negocio en una formación política que maneja actualmente un presupuesto oficial de 90 millones de euros anuales-, también logra expandirse. Tiene el apoyo de Bárcenas y del equipo de organización, la sexta planta de Génova, un área clave por la que han pasado casi todos los dirigentes importantes del partido, desde Javier Arenas hasta el propio Mariano Rajoy, que fue vicesecretario de organización y jefe de las campañas de Aznar en 1996 y 2000. Lo hace todo en Galicia, donde entabla amistad con Pablo Crespo, entonces secretario de organización del PP gallego y después su mano derecha, ahora encarcelado con él. Y empieza a trabajar para el PP de Madrid, de Castilla y León...

Pero no basta. El jefe quiere crecer. Y sabe que el dinero de verdad está en los ayuntamientos y las comunidades. No ha perdido el tiempo. En los mítines, mientras otros pasan el rato aburridos, él hace amigos. Y entre ellos, uno muy importante: Alejandro Agag. El propio Correa lo explica muy claro: "A los mítines van las bases del partido. En los polideportivos, en las plazas de toros, yo empecé a conocer a gente joven, de Nuevas Generaciones, e iniciamos una amistad con muchos de ellos que luego fueron alcaldes, y otros fueron ministros, y otro se fue a Europa, y otro se casó con la hija del presidente [Agag se casó en 2002 con Ana Aznar, y Correa, muy amigo del yernísimo, fue uno de los 20 testigos del matrimonio]". "Fuimos creciendo poco a poco", explica. Nunca, en los más de 60.000 folios del sumario, Don Vito deja tan clara una evidencia que no escapa a ninguno de los dirigentes del PP: la red corrupta de Gürtel fue creciendo con el partido. El éxito de Aznar era el éxito de Correa.

Su relación con la familia del presidente es intensa. Fue Agag quien le convenció, explica, para que pusiera a su ayudante, Álvaro Pérez, El Bigotes, a llevar los actos de Aznar. "Álvaro es el sobrino de Pajares. Y entonces me dijo Alejandro, ponle para que lleve los actos del presidente, y yo le dije, ¿pero tú estás loco?, uno que viene del mundo de Pajares... Bueno, pues lo pusimos y Ana Botella se enamoró de él, en el buen sentido, le encantó, y empezó a trabajar con él y tuvo un éxito tremendo".

Más sobre Dolores la roja

El marido de De Cospedal intervino en el consejo de CCM sobre empresas en las que tenía intereses
La caja compró 102.000 acciones de Bami NewCo, inmobiliaria de la que era vicepresidente

La crisis de Caja Castilla La Mancha (CCM) tiene más ramificaciones que las que muchos se imaginan y amenaza con salpicar a los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP. Ahora parece que le toca al que encabeza Mariano Rajoy. La historia es muy sencilla. Ignacio López del Hierro (Toledo, 1947) tiene a gala haber sido el gobernador civil más joven de la democracia, señala un dossier que circula por Toledo y cuya oportuna aparición se vincula a la filtración de correos electrónicos, publicados por el diario ABC, que parecen demostrar que la Dirección General de Política Financiera y Tesorería de la Consejería de Economía y Hacienda revisaba los préstamos a conceder por Caja Castilla La Mancha (CCM) y le comunicaba su autorización a la Secretaría General de la entidad, de la que López de Hierro era consejero de CCM Corporación hasta que dimitió en febrero tras ordenarlo el Partido Popular.

Lo curioso es que Ignacio López del Hierro fue fichado para el consejo de CCM Corporación por el presidente de la caja (hasta la intervención del Banco de España), Juan Pedro Hernández Moltó. El dossier incluye unas declaraciones al diario Público en las que asegura que la incorporación se hizo con el visto bueno del PP.

Además, López del Hierro es primo hermano de José María Álvarez del Manzano, antecesor de José María Ruiz Gallardón al frente del Ayuntamiento de Madrid. El dossier le atribuye pertenecer al clan impulsado por Alejandro Agag, actual yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar. Algo curioso, porque Agag asesoró al constructor italiano Francesco Caltagirone (líder del contrapacto que impidió que el BBVA de Francisco González controlara la Banca Nazionale del Lavoro, que terminó en manos de la francesa BNP Paribas) en la frustrada OPA sobre Metrovacesa, que presidía Joaquín del Rivero.

Del Rivero, que fue uno de los invitados a la boda con Dolores de Cospedal, es el jefe de Ignacio López del Hierro, consejero de Metrovacesa, Gecina y de Bami Newco, en la que ocupa una vicepresidencia. Además, según el dossier, es representante del grupo norteamericano Lincoln International y consejero de Avanzit.

En Bami NewCo es donde está la madre del cordero. CCM Corporación adquirió por algo más de un millón de euros 102.000 acciones de esta sociedad. Ignacio López del Hierro ya hacía meses que era consejero de la sociedad que agrupa las participaciones industriales de CCM. El dossier incluye copias de las actas de los consejos de CCM Corporación, y en el celebrado el 30 de enero de 2008 no consta que López del Hierro se abstuviera en la operación con una empresa de la que era vicepresidente.

Tampoco puso reparo alguno a las ampliaciones de capital de Ciudad Real Aeropuertos SL ni a las operaciones de CCM Corporación en el polémico y fracasado proyecto de turismo y ocio El Reino de Don Quijote. Dos empresas que, como en Bami NewCo, parece existir conflicto de intereses.

El pliego de cargos del Banco de España para la solicitud de sanciones por dos infracciones muy graves y una grave para Juan Pedro Hernández Moltó y los otros 19 consejeros de la caja menciona que se llevaron a cabo tres ampliaciones de capital sin el visto bueno de la Comisión de Inversiones, que CCM acudió a una OPA parcial sobre Metrovacesa sin que su consejo de administración hubiese sido informado, y que el riesgo asumido por la caja con CR Aeropuertos SL supone 336,9 millones de euros, el 100% de la financiación bancaria del proyecto.

En febrero, poco tiempo después de la operación de Bami NewCo, Dolores de Cospedal ordenó a los representantes del PP en el consejo de CCM que dimitieran por "falta de transparencia" en la gestión de la caja.

Por cierto que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento autonómico, Santiago Moreno, utilizó el pasado martes esos datos sobre Bami NewCo y sobre Ignacio López del Hierro para denunciar "la mezquindad política" del PP y concretamente de María Dolores de Cospedal al criticar los créditos aprobados por el Ejecutivo regional en la caja, cuando la entidad también compró hasta 102.000 acciones de la empresa de su ahora marido, Ignacio López del Hierro, Bami Newco, "y de ello guarda silencio".

Moreno calificó de "noticia preparada" las informaciones sobre aprobaciones de créditos por parte del Gobierno autonómico, cuando el PP "sabe de sobra y conocía perfectamente" que dentro de las funciones de control que éste tiene la obligación de ejercer está la de aprobar y controlar que todos los créditos y operaciones a consejeros, para que no exista trato de favor.

vamos,que segun tu la caja de Castilla-La mancha no la controlaba el PSOE,ni este partido tenia la última palabra.jejeje.

El marido de De Cospedal intervino en el consejo de CCM sobre empresas en las que tenía intereses
La caja compró 102.000 acciones de Bami NewCo, inmobiliaria de la que era vicepresidente

La crisis de Caja Castilla La Mancha (CCM) tiene más ramificaciones que las que muchos se imaginan y amenaza con salpicar a los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP. Ahora parece que le toca al que encabeza Mariano Rajoy. La historia es muy sencilla. Ignacio López del Hierro (Toledo, 1977) tiene a gala haber sido el gobernador civil más joven de la democracia, señala un dossier que circula por Toledo y cuya oportuna aparición se vincula a la filtración de correos electrónicos, publicados por el diario ABC, que parecen demostrar que la Dirección General de Política Financiera y Tesorería de la Consejería de Economía y Hacienda revisaba los préstamos a conceder por Caja Castilla La Mancha (CCM) y le comunicaba su autorización a la Secretaría General de la entidad, de la que López de Hierro era consejero de CCM Corporación hasta que dimitió en febrero tras ordenarlo el Partido Popular. Y es que Ignacio López del Hierro es, desde hace unas semanas, el marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP nacional y presidenta regional en Castilla La Mancha.

Lo curioso es que Ignacio López del Hierro fue fichado para el consejo de CCM Corporación por el presidente de la caja (hasta la intervención del Banco de España), Juan Pedro Hernández Moltó, preclaro socialista que fue portavoz de Economía en el Congreso de los Diputados y látigo incansable del ya fallecido Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, en el caso Ibercorp. El dossier incluye unas declaraciones al diario Público en las que asegura que la incorporación se hizo con el visto bueno del PP.

Además, López del Hierro es primo hermano de José María Álvarez del Manzano, antecesor de José María Ruiz Gallardón al frente del Ayuntamiento de Madrid. El dossier le atribuye pertenecer al clan impulsado por Alejandro Agag, actual yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar. Algo curioso, porque Agag asesoró al constructor italiano Francesco Caltagirone (líder del contrapacto que impidió que el BBVA de Francisco González controlara la Banca Nazionale del Lavoro, que terminó en manos de la francesa BNP Paribas) en la frustrada OPA sobre Metrovacesa, que presidía Joaquín del Rivero.

Del Rivero, que fue uno de los invitados a la boda con Dolores de Cospedal, es el jefe de Ignacio López del Hierro, consejero de Metrovacesa, Gecina y de Bami Newco, en la que ocupa una vicepresidencia. Además, según el dossier, es representante del grupo norteamericano Lincoln International y consejero de Avanzit.

En Bami NewCo es donde está la madre del cordero. CCM Corporación adquirió por algo más de un millón de euros 102.000 acciones de esta sociedad. Ignacio López del Hierro ya hacía meses que era consejero de la sociedad que agrupa las participaciones industriales de CCM. El dossier incluye copias de las actas de los consejos de CCM Corporación, y en el celebrado el 30 de enero de 2008 no consta que López del Hierro se abstuviera en la operación con una empresa de la que era vicepresidente.

Tampoco puso reparo alguno a las ampliaciones de capital de Ciudad Real Aeropuertos SL ni a las operaciones de CCM Corporación en el polémico y fracasado proyecto de turismo y ocio El Reino de Don Quijote. Dos empresas que, como en Bami NewCo, parece existir conflicto de intereses.

El pliego de cargos del Banco de España para la solicitud de sanciones por dos infracciones muy graves y una grave para Juan Pedro Hernández Moltó y los otros 19 consejeros de la caja menciona que se llevaron a cabo tres ampliaciones de capital sin el visto bueno de la Comisión de Inversiones, que CCM acudió a una OPA parcial sobre Metrovacesa sin que su consejo de administración hubiese sido informado, y que el riesgo asumido por la caja con CR Aeropuertos SL supone 336,9 millones de euros, el 100% de la financiación bancaria del proyecto.

En febrero, poco tiempo después de la operación de Bami NewCo, Dolores de Cospedal ordenó a los representantes del PP en el consejo de CCM que dimitieran por "falta de transparencia" en la gestión de la caja.

Por cierto que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento autonómico, Santiago Moreno, utilizó el pasado martes esos datos sobre Bami NewCo y sobre Ignacio López del Hierro para denunciar "la mezquindad política" del PP y concretamente de María Dolores de Cospedal al criticar los créditos aprobados por el Ejecutivo regional en la caja, cuando la entidad también compró hasta 102.000 acciones de la empresa de su ahora marido, Ignacio López del Hierro, Bami Newco, "y de ello guarda silencio".

Moreno calificó de "noticia preparada" las informaciones sobre aprobaciones de créditos por parte del Gobierno autonómico, cuando el PP "sabe de sobra y conocía perfectamente" que dentro de las funciones de control que éste tiene la obligación de ejercer está la de aprobar y controlar que todos los créditos y operaciones a consejeros, para que no exista trato de favor.