Sonseca - Toledo

Los 92.000 millones de Pablo Iglesias: saqueo a las rentas bajas.


Proclamaba este sábado Pablo Iglesias en La Sexta Noche que lapresión fiscal de las rentas más altas en España es siete puntos inferior a la media europea (1:08:50 y 1:41:40), y que eso le hacía perder a Hacienda 92.000 millones de euros. La afirmación tiene dos problemas no menores: primero, que siete puntos de diferencia en presión fiscal no son 92.000 millones; segundo, que la estadística presión fiscal sobre grandes fortunas no existe.
Vayamos con el primero. La presión fiscal española en 2012 (últimos datos disponibles en Eurostat) fue del 32,5% del PIB, mientras que lamedia europea fue del 39,4%; es decir, 6,9 puntos de diferencia. El PIB de España en 2014 fue de 1.058.000 millones de euros, de manera que 6,9 puntos del PIB representan 73.000 millones, no 92.000. La diferencia podrá parecer irrelevante, pero dista de serlo: Podemos ha estimado en diversas ocasiones que el coste de su programa de rentas mínimas garantizadas podría ascender a 20.000 millones; el error de cálculo de 19.000 millones, pues, es equivalente al coste estimado de una de sus propuestas estrella.
Sin embargo, el error verdaderamente importante no es éste, sino el de afirmar que esos 6,9 puntos de diferencia en ingresos públicos se corresponden con una menor tributación de las rentas altas y las grandes fortunas. De entrada, y como decía antes, la estadística presión fiscal de las grandes fortunas no existe. No la encontrarán por ningún lado. Es un puro neologismo podemita. Acaso Iglesias quería decir que esos casi siete puntos de diferencia en la presión fiscal son imputables a que los ricos pagan menos impuestos en España que en Europa. Pero ¿verdaderamente es así?
Las diferencias entre la presión fiscal europea y la española, una vez ajustados los distintos métodos de devengo de ingresos, son las siguientes: la UE recauda 2,9 puntos más del PIB por impuestos sobre el consumo, 3,2 puntos más por impuestos sobre el trabajo y 0,8 puntos más por impuestos sobre el capital.
Vemos, por consiguiente, que el diferencial de recaudación no es imputable al capital (apenas 0,8 puntos sobre 6,9: es decir, 8.500 millones sobre 73.000), sino al consumo y al trabajo. Es más, de esas ocho décimas de diferencia en la recaudación por tributos sobre el capital, 0,4 se deben a las empresas, 0,1 a las familias y 0,3 a los autónomos. Por tanto, la merma de recaudación de (grandes y pequeñas) empresas apenas explica 0,4 puntos de los 6,9 que nos separan de Europa.
Vayamos ahora con esos 6,1 puntos que se explican por diferencias en la tributación del consumo y las rentas del trabajo. Los impuestos sobre el consumo son responsables de 2,9 puntos menos de recaudación con respecto a Europa (30.500 millones de euros). A este respecto, no parecen ser necesarias demasiadas explicaciones adicionales: es obvio que los impuestos sobre el consumo no los pagan desproporcionadamente los ricos, sino todos los ciudadanos. Tan sólo cabe remarcar que cuanto más alta es la presión fiscal de un país, más tiende a depender de los impuestos sobre el consumo. Por ejemplo, en Suecia la recaudación por tributos sobre el consumo es 4,3 puntos superior a la española, en Finlandia 6 y en Dinamarca 6,6. Copiar fiscalmente a los nórdicos suponedisparar los gravámenes sobre el consumo.
Por último, los impuestos sobre rentas salariales aportan en España 3,2 puntos menos de recaudación que la media comunitaria (34.000 millones de euros). Uno podría pensar que estos impuestos sí los pagan especialmente las rentas más altas. Pero hay un problema: para equipararnos a Europa en materia de recaudación por impuestos sobre rentas salariales deberíamos reducir la recaudación por tributos sobre los empresarios a cuenta de sus trabajadores (las cotizaciones de empresa a la Seguridad Social) desde el 8,4% del PIB hasta el 8 y, en cambio, deberíamos incrementar la recaudación por impuestos sobre las rentas de los parados desde el 1,5% del PIB al 1,9, y sobre las rentas de los trabajadores desde el 7,3 al 10,1% del PIB. O dicho de otro modo: bajar las cotizaciones sociales soportadas por empresarios y subir IRPF y cotizaciones sociales a parados y trabajadores por cuenta ajena. Además, dado que el bajo tipo efectivo del IRPF que abonan en España las rentas salariales bajas es muy reducido, el grueso de la subida debería concentrarse en ellas y no en las rentas medias y altas (a imagen y semejanza de lo que sucede en Suecia o Finlandia).
En definitiva, de los 92.000 millones de euros que Pablo Iglesias prometió recaudar de los ricos equiparándonos fiscalmente con Europa, 19.000 no existen, 30.500 vendrían de una mayor presión fiscal sobre el consumo, 34.000 se obtendrían de subir impuestos a parados y trabajadores por cuenta ajena, 4.000 se derivarían de mayores tributos sobre los autónomos y sólo 4.500 se extraerían de las pymes y las grandes empresas. Eso sería equipararnos tributariamente con la media de la Unión Europea. Lo demás son unicornios.

Mónica González, delegada de Hacienda en Puerto Real, se enfrenta a una pena de cárcel de entre cuatro y diez años.La podemita que estafó a inmigrantes se le va a caer la coleta.
El monto de lo recaudado a través de la empresa Euroworks con falsas promesas de regularización en España asciende a 2,5 millones
Le ha tomado la coleta a muchos inmigrantes sudamericanos, pero la Justicia la ha trincado, nunca mejor dicho, con la masa o con la pasta en la manos.
Se trata de la podemita delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz), Mónica González, que ha sido procesada por la Audiencia Nacional por una posible estafa calculada en unos dos millones y medio de euros a inmigrantes sudamericanos allá por el año 2006.
González trabajaba entonces para la empresa Eurowork, de la que llegó a ser administradora única, una compañía que les prometía a los inmigrantes poder regularizar su situación en España y obtener un puesto de trabajo a cambio, claro está, de dinero.
Pues bien, después de recibida una cantidad superior a los 450 euros por persona, el dinero se volatizó exactamente igual que las esperanzas de las decenas de miles de ciudadanos de fuera del país que habían depositado su pequeña fortuna en manos de esta empresa.
De momento, González se enfrenta a dos penas de cárcel, una de cuatro años, solicitada por la Fiscalía por delito de estafa y otra de la acusación particular que, aparte de la estafa, también aprecia el delito de asociación para delinquir.
Periodistadigital.com