Subvenciones bajo sospecha. #MarcaBarreda-GarciaPage La Comisión Europea ha dado a conocer las conclusiones obtenidas tras realizar una pormenorizada investigación respecto a la sospechosa aplicación del Plan de Transición de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Castilla-La Mancha, llevado a cabo entre los años 2009 y 2010, cuando el PSOE gobernaba en la región bajo la presidencia de José María Barreda. Este miércoles, el propio vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, anunciaba que Bruselas ha declarado ilegales las subvenciones por valor de 46 millones de euros concedidas por el Gobierno de Barreda a las empresas TelecomCLM y Abertis para financiar la digitalización y la ampliación de la red de televisión digital terrestre en zonas remotas. Además, como ha venido informando EL DIGITAL, ha ordenado a las dos compañías beneficiarias de las millonarias ayudas públicas que devuelvan el dinero. Castilla-La Mancha, un caso sangrante La Comisión Europea, que el pasado año ya declaró ilegales ayudas concedidas en otras regiones españolas por un importe de 260 millones de euros y ordenó su devolución, explicaba que el asunto de Castilla-La Mancha "se abordó por separado ya que contiene características específicas, sobre todo el hecho de que los beneficiarios fueran preseleccionados". Esa circunstancia, según han informado a EL DIGITAL fuentes conocedoras del proceso, fue denunciada en su día por una empresa del sector, Radio Difusión (RD), que se sintió perjudicada al entender que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha había impedido la libre concurrencia de las empresas en un concurso público con cláusulas que beneficiaban claramente a las empresas finalmente adjudicatarias, que recibieron 46 millones de dinero público llegado desde la Unión Europea pero gestionado por el Ejecutivo castellano-manchego. De hecho, la Comisión Europea ha concluido que las subvenciones en Castilla-La Mancha vulneraron el principio de neutralidad tecnológica, puesto que solo se concedían a la tecnología digital terrestre en perjuicio de plataformas alternativas por satélite, cable o Internet. Además, la medida del Gobierno de Barreda también discriminó a varios operadores terrestres, "porque entregó la subvención directamente a solo dos empresas". Empresa participada por la Junta A nivel nacional, la compañía Abertis fue la principal beneficiaria de este tipo de subvenciones, algo que también ocurrió en Castilla-La Mancha. Sin embargo, llama todavía más la atención que TelecomCLM fuese una empresa participada en un 45 por ciento por la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en un 20 por ciento por la extinta Caja Castilla La Mancha (CCM). Por si fuera poco, según recogió en 2010 www.elheraldodelhenares.es, algunos consejeros de TelecomCLM eran altos cargos del Ejecutivo de Barreda, casos como el de Rafael Ariza Fernández (director general para la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones de la Consejería de Industria), Eloy Rodríguez Barrena (secretario general de la Consejería de Presidencia), Manuel Laguna Monroy (secretario general de Obras Públicas), Francisco Herranz Manzano (presidente de El Reino de Don Quijote y consejero delegado de la Corporación CCM) o Alejandro López Hernández (ex secretario del Consejo de Administración de CCM). . Además, TelecomCLM ha estado en el centro de la polémica en varias ocasiones. La primera de ellas cuando a finales de 2010 fue acusada de cortar la señal de Telemadrid (la televisión pública de la Comunidad de Madrid -gobernada por el PP-) en la provincia de Guadalajara, instalando un repetidor en la localidad de Cabanillas del Campo que anulaba las emisiones de la cadena en la provincia. Después, en 2012, el actual director general de RTVCM, Ignacio Villa, sacó a la luz que el Gobierno de Barreda había concedido a TelecomCLM la distribución de la señal de la televisión y la radio públicas de Castilla-La Mancha por 3,8 millones de euros durante diez años, "cuando lo normal es hacerlo por cuatro años prorrogables a cinco". Tras la decisión de la Comisión Europea, que ha instado a Abertis y a TelecomCLM a devolver los 46 millones de euros recibidos hace cinco años de parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, cabe esperar cuál será la reacción de las compañías, que ahora se enfrentan a un importante problema a causa de la "chapuza administrativa" llevada a cabo por el Ejecutivo socialista, como han indicado fuentes del PP regional a EL DIGITAL. "Incredulidad" en el PP Las mismas fuentes han calificado de "escándalo" este caso y han expresado su "incredulidad" por la forma de actuar, una vez más, del Gobierno presidido por José María Barreda, que entregó de manera irregular 46 millones de euros de todos los europeos a dos empresas que compitieron con clara ventaja respecto al resto del sector. Fuentes conocedoras del caso han explicado a EL DIGITAL que, con los dictámenes de Bruselas sobre la mesa, corresponde a los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha tomar las decisiones que corresponda para analizar cómo se recuperará el dinero de las subvenciones irregulares a la TDT que ahora tiene que devolver estas empresas, las cuales, por cierto, tienen la opción de recurrir la resoluci´`on de Bruselas a los tribunales de Justicia u otras instancias de carácter administrativo. Ambos ejecutivos siguen estudiando la situación e intuyen que, si no se llega a un acuerdo amistoso con las empresas, será necesario judicializar el proceso, pero esa decisión aún no está tomada ya que ese momento aún no ha llegado en este nuevo escándalo socialista en Castilla-La Mancha |