Sonseca - Toledo

La entidad española surgida de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas, está inmersa en un profundo proceso de cambio desde que fue nacionalizada y rescatada por el Estado. La limpieza que está llevando a cabo en su cúpula ha llamado la atención del Financial Times, que se hace eco de la "purga" de "políticos y sindicalistas que pagó para sentarse en los consejos de administración".

"Es el símbolo de la gestión altamente politizada y poco profesional de las cajas de ahorros españolas desde que recibió el rescate el pasado año", expone el rotativo británico.

Sin embargo, con la llegada del nuevo consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, la situación ha comenzado a cambiar. De acuerdo con el rotativo, ya han salido 800 de los 1.000 consejeros externos que había en la entidad, lo que reportará un ahorro anual de 7 millones de euros.

Políticos, familiares, sindicalistas...
Según explica el FT en su artículo, Bankia estuvo "dominada" por políticos vinculados al PP, como el caso de Rodrigo Rato, sus familiares o representantes de las agrupaciones sindicales, además de las empresas participadas o con las que la caja mantenía relaciones.

"Goirigolzarri les está reemplazando por nuevos directores desde el mundo de los negocios, quienes no tienen lazos con políticos españoles", subraya el diario sobre la despolitización del banco nacionalizado. "Está purgando cientos de consejeros externos a través de su red de participaciones industriales" añade.

En este sentido, valora la Ley de cajas que ultima el Gobierno y que está en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados. Esta norma prohíbe que un consejero de los bancos en los que se han transformado las antiguas cajas también sea patrono de la fundación.



Sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) da por hecho que finalmente el Gobierno modificará la Ley de cajas para permitir que los patronos de las fundaciones bancarias puedan tener representación en los consejos de administración de sus bancos. Esta idea ha sido ya negociada con el Grupo Popular en el Congreso y recogida en una enmienda parcial de la formación 'jelzale' al proyecto de ley, según han indicado fuentes parlamentarias.El Economista