Portillo de Toledo - Toledo

Ocho años de inhabilitación para el alcalde de Portillo por prevaricación urbanística
EFE. TOLEDO
El alcalde de Portillo, Luis Gómez Rodríguez (PP), ha sido condenado a ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación urbanística relacionado con la ordenación del territorio al aprobar por segunda vez un PAU que había sido anulado judicialmente por ilegal.
En la sentencia el juzgado de lo penal número 1 de Toledo también condena a siete años de inhabilitación a otros cinco concejales que formaban parte del equipo de Gobierno de la anterior corporación, entre ellos el responsable de Urbanismo, Alfonso Hernández Pérez.
En la misma resolución, también se condena a Juana López Gómez, Pablo Jesús Pérez de Arribas, María Paz Muñoz del Castillo y Oscar Alberto Nombela Rioja.
Asimismo, en la sentencia, cuya notificación se ha retrasado por al huelga en Justicia, también se le condena al alcalde, que resultó reelegido en las pasadas elecciones, a la pena de quince meses de multa con una cuota diaria de ocho euros (3.600 euros), mientras que para cada uno de los otros cinco concejales condenados la pena de multa se eleva a los 2.880 euros.
En sus fundamentos jurídicos, el juez de lo Penal hace constar que los hechos juzgados el pasado mes de noviembre no tienen relación con un posible beneficio económico o de otra índole para los acusados, "siendo perfectamente posible que el único móvil que les guiase fuese el desarrollo de su pueblo y la mejora del bienestar de sus vecinos".
No obstante, señala en su sentencia el juez, la conducta es penalmente reprochable, ya que el delito de prevaricación en general y el del 320 en particular (decisiones urbanísticas arbitrarias) pretenden proteger el correcto ejercicio del poder público.
El caso arranca el 23 de diciembre de 2003 cuando el pleno de la corporación de Portillo aprueba el PAU-UE 18 con la adjudicación de la ejecución y la aprobación de un convenio urbanístico.
Cinco semanas después, el 29 de enero de 2004, la Junta de Castilla-La Mancha trasladó un requerimiento al alcalde y a la corporación para que anulase, en el plazo de un mes, dicho acuerdo plenario por ser contrario a varios artículos de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística (LOTAU) de Castilla-La Mancha.
El PAU en cuestión no contaba con un Plan de Ordenación Municipal (POM) ni con el preceptivo informe técnico previo de la entonces consejería de Urbanismo y Vivienda.
La Junta de Comunidades instó a la anulación de dicho acuerdo municipal e interpuso un recurso el 27 de abril de 2004 ante el juzgado de lo contencioso-administrativo, que anuló dicho PAU.
El fiscal solicitó para el alcalde de Portillo diez años de inhabilitación y ocho para los cinco concejales acusados.
El juez explica que las penas impuestas están próximas al mínimo legalmente previsto por "la escasa repercusión del acuerdo injusto, que finalmente no tuvo ninguna trascendencia práctica y ante la ausencia de antecedentes penales de los encausados. EFE.

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