Portillo de Toledo - Toledo

La jefa de la Inspección Provincial de Trabajo de Toledo, Noelia Cano Martínez, ha sido destituida a petición del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, tras expedientar a una empresa propiedad de un familiar directo de un alto cargo del Partido Popular, lo que ha provocado las protestas de la totalidad de la plantilla de subinspectores, que han remitido un escrito al Ministerio de Trabajo donde denuncian que la "decisión ha sido de naturaleza política".

Las razones, siempre según el escrito remitido al Ministerio de Trabajo por los 11 subinspectores de la dirección provincial toledana, hay que buscarlas en la decisión de la Inspección de Trabajo de tramitar “unos expedientes sancionadores a la empresa de un familiar directo de un alto cargo del Servicio Periférico de la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo, quien ha intentado influir en la decisión de los funcionarios actuantes de la ITSS”, dicen los firmantes en su escrito

El alto cargo al que se refieren los subinspectores, según ha podido saber ELPLURAL.COM, no es otro que Marcelino Casas Muñoz, alcalde del PP durante 20 años de la localidad toledana de Miguel Esteban, y que tras su renuncia le sucedió en la Alcaldía su sobrino Pedro Casas, actualmente al frente del Ayuntamiento tras revalidar su triunfo electoral en mayo de 2011.

Continúa la relación de fechorías de esta gente en https://ww.elplural.com/2012/06/20/destituida-la-jefa-de-inspeccion-de-trabajo-de-toledo-tras-expedientar-a-una-empresa-de-un-familiar-de-un-alto-cargo-del-pp/

Hombre, la noticioa no tiene desperrdicio, pero la verdad, ¿a quién se le ocurre tocar las cosas de "la familia"?

Hssta la policía de Nueva York se lo piensa antes de meterse con la mafia, y no hay que olvidar que España no es Uganda (ni Europa, al paso que vamos).

Saludos.

El Grupo Socialista llevará al Congreso de los Diputados la destitución de la Jefa de Inspección de Trabajo de Toledo y pedirá explicaciones al Gobierno sobre el arbitrario despido de esta profesional, apartada de la jefatura tras sancionar a una empresa de un familiar de un alto cargo del Gobierno de Cospedal. Altos cargos, por cierto, únicos en España que ven aumentados sus salarios entre 5.000 y 8.000 euros al año, por lo que los socialistas también tramitarán esta queja ante la mesa de la Cámara Baja.