Navahermosa - Toledo

POR DETRAS Y POR DELANTE, PERO CON TALANTE

COMO ME ABURRIA, ME HE PUESTO A HACER ALGO DE MEMORIA HISTORICA


El Partido Socialista se juega su futuro en la vista oral que comienza mañana en el Tribunal Supremo
Formalmente, el juicio que se inicia en el Tribunal Supremo es uno más de los que se celebran cada día ante cualquier instancia judicial española.
Sin embargo, la vista oral que arranca mañana en el Supremo es, probablemente, el juicio más politizado de cuantos se han celebrado en nuestro país. Por encima de otros procesos como el de Filesa, el de Banesto o hasta el celebrado contra la Mesa Nacional de Herri Batasuna.
Lo es porque se sienta en el banquillo lo peor de una época y porque un partido, el PSOE, se juega su futuro. En el salón de plenos del Tribunal Supremo pugnarán el PSOE del pasado, el de Felipe González, representado por Barrionuevo, Vera y los diputados que acudan a apoyarle, y el PSOE del futuro. Es decir, el de los que creen que la estrategia de oposición debe basarse en hablar de la conspiración frente al de los que, como José Borrell, defienden el "pasar la página".
Lo único que no es político son los hechos, es decir, el secuestro, y su tipificación en el Código Penal.
Será un juicio politizado y extraordinario porque se sienta en el banquillo, por primera vez en España, alguien para ser juzgado por hechos cometidos desde el cargo de ministro. José Barrionuevo, primer ministro del Interior de los gobiernos de Felipe González, en la actualidad diputado del PSOE, tendrá el dudoso honor de ser el único miembro de un Consejo de Ministros que se ha enfrentado a un tribunal y lo hará acusado, nada menos, que de terrorismo. Sobre él pesará una petición fiscal de pena de 23 años de cárcel.
Junto a él, se sentará en el banquillo Rafael Vera, durante años su número dos, el elemento de continuidad en Interior de la práctica totalidad de los gobiernos de González y, a decir de muchos, el verdadero jefe del Ministerio.
Es un juicio extraordinario y politizado porque el secuestro en diciembre de 1983 de un pobre industrial francés, en pijama de rayas, ha sido prácticamente el centro de la actividad pública durante años. Unos sostenían que la investigación del secuestro era utilizada por el PP, entonces en la oposición, para acabar con Felipe González. Para ello, según la teoría de la conspiración, el PP recibió el respaldo de un grupo de periodistas empeñado en acabar con lo que llamaban el felipismo.
Por ello, la estrategia de algunos procesados en el juicio pasará por intentar encontrar la mano del PP en forma de reuniones con Ricardo García Damborenea, ex dirigente socialista, o con abogados de los juzgados, o la sombra de Mario Conde en forma de papeles de Perote.
En el otro lado han estado los que consideraban necesario depurar las responsabilidades políticas y penales de los episodios de guerra sucia y terrorismo de Estado y entendían que al frente de un Gobierno no podía estar quien presuntamente amparó, protegió o impulsó estas actuaciones.
Se tome una u otra versión, lo cierto es que este proceso judicial ha conmocionado durante años a la sociedad, ha removido sus cimientos, ha contribuido en gran medida a modificar el mapa político español y ha condicionado la actividad parlamentaria de España.
Es un proceso politizado y extraordinario porque se han producido en estos años decisiones políticas y extraordinarias como aquella de 1996 en la que los magistrados, por muy estrecho margen, denegaron la posibilidad de que se escuchara la versión de Felipe González sobre los hechos, so pretexto de lo que bautizaron como "estigmatización". Esto es, la aplicación de la teoría que considera que hoy los medios hacen que "el proceso sea la pena" y la presencia de González con abogado ante la Justicia podría ser una condena pública.
Esto es así aunque el objeto de la protección sea quien públicamente proclamó hace años que "ni hay pruebas ni las habrá de la implicación del Estado" o que "el Estado de Derecho se defiende desde las cloacas y desagües". Y aunque la persona a la que se proteje hubiera sido el presidente del Gobierno cuyo ministro del Interior se sienta en el banquillo. La pregunta sería: ¿qué grado de autonomía tenía Barrionuevo?
No en vano, los implicados en los procesos de los GAL no han ofrecido aún una versión verosímil sobre quién montó esas actividades de guerra sucia, ni han respondido con coherencia a preguntas como ¿con qué dinero se hizo?, ¿con qué apoyos?, ¿por qué no se investigó su composición?, ¿por qué desde el Gobierno de entonces se apoyó a todos los implicados?...
Sus defensas, hasta ahora, han sido las de la razón de Estado o apuntar que la guerra sucia se inició en la época de UCD.
Por eso, su última esperanza es la prescripción y, varios de los implicados proclaman estos días a quien quiere oírles que el tribunal declarará prescritos los delitos en la sentencia y, así, eludirán la cárcel.
Pero hasta ahora nadie ha aportado una versión verosímil sobre las razones por las que José Amedo y Michel Domínguez recibieron del ministerio del Interior, durante años, dinero en metálico o en cuentas suizas. La única explicación es la de la lógica: para que estuvieran callados y no implicaran a sus superiores en la guerra sucia.
No obstante, este aspecto fue extraído del sumario y no será objeto de este juicio.
Es un juicio politizado y extraordinario, porque los 12 procesados tendrán enfrente al pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que, a su vez, es el que ha revisado todos los recursos contra decisiones del instructor. Todos los ciudadanos que son encausados son juzgados por tribunales compuestos por tres jueces y, luego, esta sentencia se revisa en casación por tres magistrados del Tribunal Supremo si ha lugar al recurso.
En este caso, la protección a Barrionuevo incluyó mantenerlo en las listas del PSOE como diputado y, de esta forma, ser juzgado en el Supremo. Otros procesados, ajenos a la estrategia del ex ministro, invocarán precisamente la contaminación de la sala y la discriminación que sufren por tener una única instancia como consecuencia de la presencia en el banquillo de un diputado.
Tampoco hay duda de que será un juicio politizado porque desde que comenzó el proceso se han sucedido las trabas, las campañas y las zancadillas contra el primer juez instructor, Baltasar Garzón. Se dijo que actuaba por venganza y con datos obtenidos durante su etapa en el Ministerio del Interior. Pero perdieron todos los recursos y maniobras legales.
Dijeron que Garzón presionó a los implicados para que cambiaran sus testimonios, pero todos ratificaron sus denuncias ante Eduardo Móner, instructor en el Tribunal Supremo, y nada sospechoso de antisocialismo.
Con Barrionuevo
En este sentido, está claro que será un juicio politizado y extraordinario por la cantidad de dificultades que desde el Poder se ha puesto a la investigación. De hecho, ya hubo varios juicios más sobre los GAL -el de Amedo y Domínguez o el de Caplanne- que no pudieron pasar del nivel de los ejecutores, entre otras cosas, porque se impidió la investigación de los fondos reservados.
Una investigación que se hizo a golpe de tenacidad periodística y de descalificaciones y operaciones de chantaje para quienes intentaban desvelar la trama.
Tan politizado y extraordinario es el proceso que fue necesaria una decisión del pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, para que el Consejo de Ministros que preside José María Aznar diera marcha atrás y entregara los llamados papeles del Cesid que antes había negado a la Justicia.
La política española ha girado en estos años a golpe de todos y cada uno de los diversos cambios de declaración de los procesados. Finalmente, salvo Vera y Barrionuevo, todos han reconocido su participación en los hechos y han asumido ante la Justicia el secuestro. Todos han asegurado que creían actuar con el respaldo del Gobierno y se han ido acusando en cadena.
Si el juicio por el secuestro de Segundo Marey, el gran proceso sobre la organización de los GAL, ha marcado la agenda política de los últimos años, parece también claro que marcará el futuro, sobre todo, del PSOE. Entre otras cosas, porque en el banquillo se sienta un diputado socialista y este partido paga la fianza de Rafael Vera y porque la inmensa mayoría de los actuales dirigentes del PSOE se ha volcado en los últimos años en apoyo de los implicados.


HECHAROS LA SIESTA Y SOÑAR CON LOS ANGELITOS

Borrado por su Autor.

POR DETRAS Y POR DELANTE PERO CON TALANTE...

COMO ME ABURRIA, EXACTO, HE IDO AL MUNDO DIGITAL, Y NO LITERALMENTE, SINO EXACTAMENTE, HE COPIADO EL ARTICULO DE FERNANDO GAREA, ESO Y GRACIAS AL SR. RODRIGUEZ ZAPATERO NO ES ROBO, POR QUE PAGO UN CANON POR ELLO, TE GUSTE O NO.

Borrado por su Autor.

POR DETRAS Y POR DELANTE PERO CON TALANTE

EL IVA QUE QUIRE SUBIER EL PARTIDO SOCIALISTA A PARTIR DE SEPTIEMBRE?

ESTA MAÑANA NO ESTAS DANDO NI GOLPE....

POR CIERTO EL QUE ME CONFUNDES ERES TU A MI...