Navahermosa - Toledo

Artículo de opinión de Juan José González, Secretario de Política Institucional y Comunicación de CCOO CLM

Como cualquier resultado electoral las elecciones del 24 de Mayo ofrecen diferentes prismas desde los que analizarlas pero, el más importante, sin duda alguna, es la debacle que el PP ha experimentado en toda España. Una debacle que supone el fin de la hegemonía institucional conseguida en las elecciones autonómicas y municipales del 2011, a la que siguió la victoria en las elecciones generales.
Juan José González

Juan José González

El PP puede perder una gran parte del poder institucional que ostentaba en CCAA y Ayuntamientos tras la pérdida de más de 2,5 millones de votos.

Pero, junto a este dato fundamental, estos comicios cuentan con algunas otras características singulares: a) la resistencia del PSOE, que se mantiene como primera fuerza de la izquierda; b) la irrupción en las instituciones de nuevas fuerzas políticas que, como Podemos, consiguen representación en casi todos los parlamentos autonómicos; c) la presentación de candidaturas plurales que, agrupando diversas fuerzas políticas y plataformas sociales, han estado lideradas por personas independientes con amplia trayectoria social y han obtenido un notable éxito electoral; c) la incorporación de candidatos al frente de los partidos tradicionales de izquierda con perfil cultural e intelectual que han contribuido a prestigiar las opciones políticas que encabezaban; d) la desigual presencia de Ciudadanos, que queda fuera de algunos parlamentos autonómicos, puede ser bisagra en otros y consigue representación municipal muy heterogénea en los ayuntamientos.

El resultado electoral en su conjunto supone un giro a la izquierda en toda regla. Un giro caracterizado, además, por un denominador común: la necesidad de sustituir al PP en las instituciones como responsable y exponente máximo de las políticas de austeridad, devolviendo la decencia a la vida política y propiciado el cambio en las formas de gobernar para impulsar la participación de los ciudadanos en las decisiones y la transparencia e información sobre los asuntos públicos.

Descendiendo a nuestra realidad electoral en Castilla-La Mancha, ésta arroja algunas diferencias respecto del panorama nacional: en primer lugar, la concentración del voto en los partidos tradicionales es notablemente mayor que en el conjunto del país, concentrando entre el PP (37,5%) y el PSOE (36,1%) cerca de un 74% del voto en las autonómicas y casi un 77% en las municipales. Así, la irrupción de Podemos en el Parlamento se produce con un 9,7% y Ciudadanos queda fuera del mismo con un 8,6%. A pesar de ello la restrictiva ley electoral, hecha a medida para mantener el poder, puede haber producido un efecto indeseado por sus impulsores al no haber previsto nuevos actores en el escenario político. Ya se sabe que, como alguien dijo, las leyes electorales las carga el diablo.

Pero, sin duda, el dato más relevante es que en el nuevo escenario la suma de PSOE y Podemos representan una mayoría alternativa al PP de Mª Dolores Cospedal que, al no conseguir la mayoría absoluta, no tiene opciones de gobierno. El resultado, por tanto, es una derrota en toda regla de las políticas de austeridad de las que Cospedal ha sido uno de sus máximos exponentes.

Paga así la doble osadía de pretender imponer en solitario sus políticas de recortes y la prepotencia de una gobernante para la que Castilla-La Mancha solo ha sido un trampolín para su proyección personal en la política nacional dentro de su propio partido.

Esta nueva mayoría representa el cambio político en la región decidido por los ciudadanos y supone una gran oportunidad para reconstruir una comunidad donde la intervención desde el ámbito público impulse la economía, el empleo y la recomposición de los servicios públicos. Algo que resulta imprescindible.

Una nueva mayoría que, más allá de las etiquetas de moderación o nueva centralidad reclamada por unos y la pretendida transversalidad ideológica reclamada por otros, debe responder con responsabilidad a ese giro hacia la izquierda, hacia la decencia en la política y hacia la incorporación de mecanismos de buen gobierno con participación social, diálogo y transparencia.

Así, pues, terminada la campaña electoral, ya no valen los juegos de esgrima dialéctica y, por tanto, se trata de poner en marcha con la urgencia que requiere la situación un verdadero programa de gobierno donde las personas deben estar y ser el eje de la acción política. Y para ello la gobernabilidad es un valor. No se entendería que los pruritos identitarios o los cálculos ante próximos escenarios electorales impidieran asumir los compromisos y las acciones de gobierno necesarias en una región en emergencia social.

Este cambio ilusiona a muchas personas. La nueva política debe consistir sobre todo en no defraudar las expectativas democráticas de los ciudadanos.

(Art. publicado en la Revista “Aquí” de Toledo)