Navahermosa - Toledo

En un país democrático mínimanente serio solo la mera asunción por un juez de que un partido político mantiene una contabilidad paralela y opaca a la oficial, utilizada con profusión en periodos electorales hubiera significado una tormenta política para esa formación, dimisiones al canto y una aclaración pública de sus dirigentes sobre el manejo de ese dinero negro. En un país democrático mínimamente serio. En España, no.
En España, el PP, el partido del Gobierno, con un poder político casi absoluto, se limita a encogerse de hombros y a esperar que escampe la tormenta con la ayuda de su amplia caverna mediática y con la amenaza de acciones judiciales a aquellos que se salgan demasiado del tiesto de la sospecha.
Sin embargo, las últimas declaraciones del ex tesorero nacional, Luis Bárcenas, respecto a la existencia de cajas B del PP en cada región y en cada provincia por lo menos hasta 2008, refuerza la sensación generalizadade que ese partido mantuvo durante casi dos décadas una estructura financiera y contable ajena a cualquier control público, con la complicidad de muchos donantes que se mantienen al resguardo del anonimato, que le permitió actuar siempre con ventaja en las contiendas electorales.
Un periodo que afecta a la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP nacional, María Dolores Cospedal, por su doble condición.
Primero, porque si Bárcenas dijera la verdad, en las elecciones autonómicas de 2007, cuando se presentó por primera vez como candidata a la Presidencia y era la presidenta regional del PP y número 2 de esta formación en España debía conocer esa contabilidad opaca admitida por el ex tesorero preso en cada región y provincia.
Además, Bárcenas ha vuelto a ratificar judicialmente tanto la supuesta "mordida" de 200.000 euros para la campaña electoral del PP castellano-manchego de 2007, apuntando por primera vez como intermediario al entonces alcalde de Toledo, José Manuel Molina, como que entregó un sobre con 25.000 euros a Cospedal.
Demasiados interrogantes y ya casi certezas judiciales sobre esa trama de contabilidad oscura, de esas cajas B del PP, que la democracia se merece una aclaración de este partido y, si se confirma, una asunción de responsabillidades al más alto nivel.
Por salubridad democrática, ni los ciudadanos, en general, ni los militantes y simpatizantes de la derecha española y castellano-manchega que confían en esas siglas para dirigir su país y su región, en particular, pueden conformarse con un mero encogimiento de hombros de los dirigentes conservadores y confiar en que la palabra de Bárcenas no sea suficiente para que haya una condena judicial contra el partido o que todo prescriba, como están tan acostumbrados desde que estalló en la Semana Santa de 1990 el caso Naseiro.
La caja B del PP no puede encerrar a la democracia en su interior, la democracia es la que debe abrir y airear esa caja para España empiece a creer verdaderamente que es un país democráticamente serio.