Navahermosa - Toledo

Nos escandalizamos, y con razón, por las corruptelas que salieron a la luz tras el escándalo de los ERE de Andalucía y ahora resulta que, según vamos sabiendo, patronales de esta región y de la Comunidad de Madrid han defraudado con los cursos de formación más del doble de lo que se atribuye a la UGT.

Es este un triste campeonato que ha sembrado desprestigio entre los interlocutores sociales contribuyendo al deterioro que se está produciendo en la valoración ciudadana de las más importantes instituciones del país, del Rey abajo, desde la Corona a los partidos políticos.

El fraude patronal se ha cobrado una dimisión, la de Alberto Tezanos como presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio de Madrid.

Tezanos es también miembro de la directiva de la CEIM, la patronal madrileña, y socio de José Luis Aneri y de Victor Porta en “Sinergia Empresarial”, la empresa que se utiliza como vehículo de la recepción indebida de subvenciones.

“Sinergia” es un término griego que significa “trabajando en conjunto” que en este caso puede traducirse por “conjunción para el fraude”. Con notable éxito pues consiguieron 15 millones de euros. Sin cursos ni alumnos.

Al mismo tiempo, gracias a que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) se encuentra al borde de la quiebra se van sabiendo detalles sospechosos, el de empresas vinculadas a exdirectivos de la patronal que durante años han gestionado una parte notable de los fondos que la Junta destina a formación: 83 millones de euros entre 2009 y 2010.

Ceim, la patronal madrileña integrada en la CEOE, jura “con total contundencia”, que no tiene nada que ver con el asunto, pero una declaración por enfática que sea no es suficiente. Tendrá que asumir sus responsabilidades y ser la primera en investigar la conducta de sus asociadas.

Su reacción al respecto ha sido más bien flácida. Se ha limitado a comunicar a las organizaciones implicadas “que pusieran el asunto en manos de los tribunales si así lo consideraban oportuno, y que pusieran al día sus expedientes con la Administración conforme a la ley.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que inicialmente trató de esconder el escándalo, ha sobreactuado después eliminando de un tajo las ayudas para formación a continua a todo el mundo por igual, a los justos y a los pecadores.

No hay que cortar por lo sano sino por las partes infectadas. No es justo utilizar los escándalos que desde hace décadas se producen en estos cursos para suprimirlos pues la formación es esencial para todos y una herramienta esencial para luchar contra el desempleo.

Es además ilegal pues la formación es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y está financiada por las cuotas que trabajadores y empresarios dedican a este efecto.

La guillotina no es la forma adecuada para acabar con el dolor de cabeza.

José García Abad es periodista, analista político y editor de ‘El Siglo’ y ‘El Nuevo Lunes’