Miguel Esteban - Toledo

LA DENUNCIA SILENCIOSA
Está comprobado que los millones de msn, correos, vía móvil e Internet han logrado exasperar a los políticos de este país.
Hay que seguir denunciando.
Y acabar con esto de una vez por todas, con esta tomadura de pelo de una clase política de impresentables y chorizos impunes:
Lista de políticos imputados por corrupción y que, a pesar de todo, están presentes en la política
1- Francisco Camps (PP) - Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel
2- Ricardo Costa (PP) - Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel.
3- Xicu Tarres (PSOE) - Baleares IMPUTADO Caso Eivissa.
4- José Manuel Tortosa (PP) - Parlamento Autonómico Cuenca, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental
5- Carlos Penit (IU) - Pinto - Madrid IMPUTADO Cohecho.
6- Ferrán Falcó (CIU) - Barcelona, IMPUTADO caso Adigsa.
7- Jesús Machín (C. Canaria) - Canarias, IMPUTADO Operación Unión.
8- Marc Moreno (ERC) - Vilaller - Lleida, IMPUTADO corrupción urbanística.
9- Antonio Rodrigo Torrijos (IU) - IMPUTADO Caso Mercasevilla.
10- Raimundo González (BNG) - Pontevedra, IMPUTADO caso Naturgalia
11- Jose Manuel Traba (PP) - Fisterra Galicia, IMPUTADO Operacion Orquesta
12- Jose Manuel Santos (PP) - Mazaricos Galicia,IMPUTADO Operacion Orquesta
13- Jose Ant (UTpS) - Salou Tarragona, IMPUTADO delitos varios
17- Antoni onio Cacabelos (PSOE) - O Grove - Galicia, IMPUTADO diversos delitos.
14- Juan Jose Diaz Valiño (PSOE) - IMPUTADO caso Castro de Rei
15- Rafael Gómez (Unión Cordobesa) - Córdoba, IMPUTADO caso Malaya
16- Esteve Ferrán Banyeres (NSP) - Salou Tarragona IMPUTADO delitos varios.
18- Ignacio García de Vinuesa (PP) - Alcobendas Madrid, IMPUTADO malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas
19- Jose Ignacio Fernández Rubio (PP) - (Las Rozas)
20- Miguel Rodríguez Bonilla (PP), Guadarrama Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación
21- Miriam Rabaneda (PP) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación
22- Luis Partida (PP) - Villanueva de la Cañada Madrid, IMPUTADO delitos varios
23- Antonio Martín Lara (tránsfuga, PSOE, antes PP, antes GIL) - Ronda, Málaga, IMPUTADO corrupción urbanística, cohecho, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales; actualmente detenido.
24- Raúl López (PP) - Coslada Madrid, IMPUTADO delitos varios
25- Íñigo Henríquez de Luna (PP) - Madrid
26- Trinidad Rollán (PSOE) - Madrid, IMPUTADO delitos varios
27- Carmen Toledano (PSOE) - Madrid, IMPUTADO delitos varios
28- Cristina González (PSOE) - Madrid, IMPUTADO delitos varios
29- Jose Joaquin Ripoll (PP) - Alicante Valencia, IMPUTADO caso Brugal.
30- Carlos Fabra (PP) - Castellón Valencia, IMPUTADO caso Fabra
31- Mariano Arévalo (PSOE) - Carabaña Madrid, IMPUTADO prevaricación y delitos urbanísticos. Condenado por no presentar las cuentas de los últimos 10 años en su municipio.
32- José Miguel Rodríguez López (ACAI) – Parlamento Cantabro, IMPUTADO tráfico de influencias y delito continuado de prevaricación
33- Carmen Toledano (PSOE) - Galapagar Madrid, IMPUTADO delitos varios
34- María Isabel Peces-Barba (PSOE) - Colmenarejo Madrid, IMPUTADO delitos varios
35- José I Fernández (PP) - Las Rozas Madrid, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
36- Ignacio Gómez (CCN) - Parlamento autonómico de Canarias, IMPUTADO financiación ilegal
37- Yolanda Tieso de Andrés (PSOE) - Fontanar, Guadalajara, IMPUTADO prevaricación
38- Clara Torre (PP) - Torres de la Alameda Madrid, IMPUTADA malversación
39- Miriam Rabaneda (PP) - Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación
40- Raúl López Coslada (PP) - Madrid, IMPUTADO prevaricación

PEDRO CASAS (PP)


EFE

Actualizado 14-05-2008 13:02 CET

Toledo.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) ha condenado al Ayuntamiento de Miguel Esteban por vulnerar el derecho de libertad sindical de uno de sus trabajadores, el policía local José Vicente Ochoa a quien había suspendido de empleo y sueldo y por lo que le debe indemnizar.






(EFE)

En la imagen, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco.



El sindicato CCOO dio a conocer hoy en una rueda de prensa la sentencia del TSJC-M, contra la que ya no cabe más recurso, y que declara nulo el decreto del alcalde de Miguel Esteban, Pedro Casas, por el que se suspendía de empleo y sueldo durante un año al policía local, que es delegado sindical de CCOO y había denunciado irregularidades en la Seguridad Social de trabajadores municipales.

Por ello, el Ayuntamiento deberá indemnizar al recurrente en el importe de las retribuciones que dejó de percibir durante el tiempo de ejecución del decreto, dictado porque Ochoa desempeñaba funciones de administrativo en una gestoría del pueblo sin haber solicitado la compatibilidad con su trabajo de policía local, lo que sí hizo con posterioridad.

Ochoa entendió que esto era una represalia del alcalde por haberle denunciado ante la Inspección de Trabajo por tener a una veintena de trabajadores municipales sin dar de alta en la Seguridad Social, y por lo que el Ayuntamiento tuvo que abonar una sanción de más de 60.000 euros, además de otras cuestiones relacionadas con la actividad sindical.

El delegado sindical de CCOO y policía local sostiene que jamás habría sido sancionado de no haber sido por la presentación de tal denuncia en el ejercicio de su labor sindical.

El Tribunal, a su vez, señala que es "evidente" que entre el Ayuntamiento y el delegado sindical existía "una situación de mutua hostilidad", derivada también de los problemas habidos durante la negociación del convenio.

Además, añade, las declaraciones del alcalde hacen evidente que fue esa situación y en particular la denuncia de irregularidades en las altas en la Seguridad Social lo que "vino a colmar el vaso" y motivó la actuación del Ayuntamiento.

El secretario regional de CCOO, José Luis Gil, dijo en la rueda de prensa que, por esta sentencia del TSJC-M, hoy es un día "muy importante para los trabajadores, pero muy triste para los ciudadanos de Miguel Esteban", cuyo alcalde "ha dilapidado dinero público, ha incumplido la ley y mantiene una actitud de negación absoluta de los derechos de los trabajadores".

Gil señaló que el daño moral causado a José Vicente Ochoa no se puede reparar con nada y advirtió de que CCOO no va a admitir que ninguno de sus delegados o afiliados sea maltratado por un dirigente público.

El sindicato, agregó, está estudiando iniciar acciones penales contra Pedro Casas "para que se le inhabilite como alcalde".

El afectado, José Vicente Ochoa, explicó que su familia lo pasó muy mal durante los cinco meses que estuvo suspendido de empleo y sueldo, hasta que el juzgado ordenó su reingreso inmediato, porque, además, se vertieron sobre él muchas acusaciones y siempre "queda en el aire el 'algo habrá hecho".

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