La Puebla de Montalbán - Toledo

Borrado por su Autor.

¿Que dice la justicia al respecto El que la hace la paga , asi que le metan pronto entre rejas, Aribederchi

Mira, "avefenix", una cosa está clara: ninguna persona puede estar por encima de la ley; dicho de otro modo: al que delinque hay que castigarlo con la pena legalmente prevista para el delito que haya cometido; es decir, quien la hace, la paga; tanto si es el juez Garzón quien la hace como si es el Papa. (Por cierto, en el Reino Unido, el biólogo Richard Dawkins y el escritor Christopher Hitchens están promoviendo una denuncia para pedir que, por haber cometido -y parece que hay pruebas de ello- delito de encubrimiento de curas pederastas, se arreste al papa Ratzinger durante la próxima visita que éste efectuará a Londres; el fundamento legal de esa denuncia es el mismo que se aplicó en su día para detener, en esa misma ciudad, a Pinochet: ningún hombre está por encima de la ley -lo cual es una obviedad, por mucho que ello pueda escandalizar a algunos-).

Yo no estoy a favor ni en contra de Garzón (juez instructor de la Audiencia Nacional). Si llegó a cometer prevaricación, que lo castiguen. Ahora bien, eso no me impide decirte que los argumentos que, en las resoluciones que ha dictado contra Garzón, emplea el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela son infumables, son jurídicamente intolerables y escandalosos. Tanto lo son que, contra él (contra Luciano Varela), se acaba de presentar una querella criminal por prevaricación. Al final va a resultar que ese magistrado del Supremo va a probar de su propia medicina.

Mira, por si lo quieres leer, te transcribo un artículo que, sobre el asunto este de Garzón, escribió hace unas semanas un abogado penalista llamado Gonzalo Boye. Helo aquí.

En una extraña maniobra procesal, el juez Luciano Varela realiza un prolijo, no por ello acertado, análisis de los antecedentes que le llevan a acordar que no corresponde el sobreseimiento de la causa y que queda en manos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo la suerte del juez Baltasar Garzón; la resolución de Varela no hará historia por su solidez jurídica ni por su respeto a los tratados internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento, pero sí marcará un antes y un después en cuanto a lo que se puede imputar o no a un magistrado: si no fuese porque estamos ante una persecución intuitu personae (en atención a la persona), podríamos entender que se ha abierto la veda y que cualquier juez puede verse mañana en el banquillo porque sus resoluciones molesten a algunos.
Pocas veces un juez renuncia a su independencia como lo hace Varela, quien, una y otra vez, atribuye a la Sala Segunda la responsabilidad sobre la situación procesal de Garzón; no se cansa de razonar que él viene vinculado en su resolución por aquel auto en el cual se admitió a trámite la querella; es decir, que no es él quien decide, sino que la decisión ya estaba tomada. Evidentemente, ante tal planteamiento, lo primero que se socava es el principio de independencia de los jueces y, lo segundo, el principio de imparcialidad, porque si su resolución está vinculada al auto de admisión, entonces cabe preguntarse: ¿qué se puede esperar de una sentencia que dictarán los mismos que admitieron a trámite la querella?
Las decisiones de Garzón, como las de cualquier juez, pueden gustarnos más, menos o nada, pero las adoptadas en el caso de la memoria histórica jamás pueden ser prevaricadoras, porque entonces en España casi no quedarían jueces por imputar, al no ser pocas las ocasiones en que un juez instruye una causa para luego inhibirse por entender que excede su ámbito competencial. Y eso mismo es lo que hizo Garzón.
Parece inadmisible el análisis jurídico que hace todo un magistrado del Tribunal Supremo, quien, con ignorancia u omisión de las normas de aplicación, no sólo imputa la conducta prevaricadora al inhibido, sino que, además, lo hace sustentándose en leyes que no son de aplicación, como bien determinó Garzón; la Ley de Amnistía es contraria a los tratados internacionales suscritos por España (que forman parte de nuestro ordenamiento) y, además, la misma tenía como finalidad los delitos políticos. Para conocer su alcance basta con leer los artículos 1 y 2 de la misma, así como su exposición de motivos; es decir, no se requiere una gran capacidad jurídica para comprenderla, mucho menos para saber cuándo no es de aplicación y, por tanto, el no haberla invocado no es prevaricación sino conocimiento del ordenamiento, justo lo contrario de lo entendido por el juez Varela.
El debate sobre las actuaciones de Garzón no es nuevo, pero lo que sorprende es la alianza, contra natura… o no, que ha permitido avanzar en el linchamiento judicial de su persona contra la cual cabe, en estos momentos, la admisión de cualquier querella, aun cuando estoy convencido de que la única que va a prosperar será la actual por los crímenes del franquismo. Digo esto porque aquella en que se le imputa un delito de cohecho y otro de prevaricación, también llamado cobros del Santander, no pasará de un susto cuyos antecedentes se están utilizando para enlodar la imagen del juez y perfilarlo negativamente ante la opinión pública.
Para imputar la conducta activa del cohecho a Garzón (artículo 419) también habría que haber imputado la pasiva al propio Botín (artículo 423.2), cosa que no se ha hecho y, de prosperar la imputación en contra del juez, tendría que compartir banquillo con el banquero, lo que parece excedería de la voluntad e ímpetu de los magistrados del Supremo. Además, un proceso de estas características –por aplicación de lo previsto en los artículos 31 y 129 del Código Penal– podría incluso conllevar la suspensión o disolución de la empresa, Banco Santander. Pero nada de esto va a suceder, por lo que es previsible que, una vez conseguido el objetivo real –apartar a Garzón de la judicatura–, esta querella será archivada y, si no, tiempo al tiempo.
Lo que se plantea es que en estos momentos se esgrimen múltiples acusaciones para generar el clima necesario para asumir, social y políticamente, que lo más sano es el enjuiciamiento de Garzón y su expulsión de la carrera judicial, pero no que realmente existan elementos para llevar a fin todos los procedimientos que actualmente existen en su contra. Un buen ejemplo es la explicación del tema de los “cobros del Santander”, porque resulta inimaginable que quienes están realizando una persecución personal estén dispuestos a cargarse al mayor banco de España.
La causa general contra Garzón deteriorará, más si cabe, la cuestionada imagen de la judicatura española, que no anda nada bien valorada por Europa, y a la que tanto le cuesta transitar hacia una auténtica cultura democrática, como las de los países de nuestro entorno. Allí no existió problema alguno a la hora de enjuiciar su historia reciente y jamás se persiguió a un juez por investigar los crímenes del nazismo, del fascismo o del comunismo. Por el contrario, cuando aquí se lincha a uno por intentar, sin conseguirlo, investigar los crímenes del franquismo y, ahora, la pelota pasa al tejado del Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que pronunciarse sobre si le suspende o no, previo informe del Fiscal, que no es vinculante pero que no diferirá de los muchos que ya ha emitido oponiéndose a su linchamiento.

Es infumable que la justicia española pueda perseguir delitos de lesa humanidad en el extranjero (Argentina y Chile) y no pueda hacerlo en España. Recordemos que esos delitos no prescriben ni con la ley de amnistía; pero tampoco creo que se pretenda juzgar la Guerra Civil, sino localizar los muertos de las cunetas y darles dignidad. Impensable que en Alemania los sucesores de los nazis pudieran acusar a un juez por buscar la verdad; sin embargo aquí Falange y Manos Limpias (¿?)tienen carta blanca.

¿Que ya están muertos?, pues que les den dignidad y que quiten de todos los pueblos los anuncios de "Caídos por Dios y por España", que allí murieron muchos cuyo único delito fue apoyar la legalidad.

Las familias deben saber donde están los suyos.

Con independencia de lo que tú dices, Mocho0, hay una cosa clara y evidente: para que podamos hablar de la existencia del delito de prevaricación judicial es preciso que el juez se haya inventado un hecho, o que se haya inventado una norma jurídica, o que el juez se haya apartado (al interpretar las leyes) de las reglas de interpretación establecidas en el artículo 3 del Código Civil.

Pues bien, con independencia de que el juez Garzón nos parezca guapo o feo, listo o tonto, de derechas o de izquierdas, chuleta y jactancioso o sencillo y llano, oportuno o inoportuno, lo cierto y verdad es que no parece que (al haber instruido la causa esa del franquismo) haya incurido él en modo alguno en prevaricación.

¿Y quién es Mr x?