La Puebla de Montalbán - Toledo

La juez Mercedes Alaya que investiga los ERE fraudulentos afirma en sus últimos autos de prisión que el sistema de ayudas se había convertido en un "verdadero negocio" en el que las mediadoras "corrompían" a cargos públicos y los SINDICATOS buscaban "nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio".
La juez Alaya incluye en la "trama corrupta" a la autoridad pública que "permitía la ilícita disposición de los fondos de la Administración" Y A LOS SINDICATOS CCOO Y UGT E INTERMEDIARIOS EN LOS ERE, QUE "SEGUÍAN BUSCANDO NUEVAS EMPRESAS EN SITUACIÓN DE CRISIS PARA INCREMENTAR EL NEGOCIO".
Esta distracción de fondos públicos suponía "todo un proceso en el que han de intervenir múltiples actores: por un lado la Consejería de Empleo, otorgando las subvenciones, y por otro las consultoras, intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial".
EN EL CASO DE LA MEDIADORA VITALIA, LA JUEZ ALAYA CREE QUE AL MENOS ORDENÓ EL PAGO A CCOO Y UGT DE 4.291.384 EUROS.
La Junta de Andalucía "al parecer consentía este hecho en claro perjuicio del erario", como también la inclusión en los expedientes de esposas de sindicalistas y amigos de Juan Lanzas, entre ellos César Braña, fallecido consejero delegado incluido en el ERE de HAMSA y "antes gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz", dice la juez Alaya en uno de los autos.