Illescas - Toledo

El PP tendrá que gestionar una avalancha de nuevos españoles.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han expresado su honda preocupación por la avalancha de extranjeros que en los últimos meses se agolpan a las puertas de los consulados para conseguir la nacionalidad española.

Todo tipo de tácticas y estrategias, y un conjunto de leyes absolutamente permisivas han aparcado los mínimos requisitos para dar paso a una política de puertas abiertas, en la que más allá de la descendencia lo que cuenta es la ascendencia política –republicana–, beneficiada por la doble moral del presidente del Gobierno en funciones.
La Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, aprobada en el año 2006 y resultado de la más amplia Ley de la Memoria Histórica de Zapatero, vino a aclarar el camino y a despejar obstáculos para todos aquellos extranjeros que, con un mínimo de requisitos, quisieran acceder a la nacionalidad española. Una medida que ha multiplicado las peticiones y que, unida a la crisis económica y al desajuste social, hará imposible su gestión para cualquier Gobierno. Ahora, el PP tendrá que asumir tal desenfreno.

“Las colas se han multiplicado por cuatro –sólo entre los consulados españoles de México y Argentina se han contratado a más de 50 técnicos para esta tarea– y lo peor es que la mayoría no han pisado España ni la pisarán. Es imposible que nuestro país pueda asumir tantas nacionalidades”, aseguran fuentes consulares. La realidad es que se han sobrepasado los mínimos exigibles y se da la situación de que con un sólo abuelo español, de los cuatro, los extranjeros están consiguiendo la nacionalidad. Serán españoles a todos los efectos. “Lo lamentable es que en la actualidad se considera igual a un bisnieto de español que al propio emigrante”, aseguran las mismas fuentes.

Pero el despropósito va mucho más allá, porque incluso se ha abierto el cupo a los que únicamente disponen del pasaporte español. En este caso, disfrutarán de los mismos beneficios nacionales (sanidad gratuita, educación, etc.) que los propios emigrantes y sus dependientes. “Con un año de actividad legal en España, llegarán a cobrar el 75% del salario mínimo y tendrán sanidad gratuita para ellos y para sus familiares dependientes”, amparados en el Real Decreto 8/2008, cuando Jesús Caldera era ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Incluso se han ampliado los programas de ayudas extraordinarias, que antes sólo correspondían a los emigrantes.

Lo realmente escandaloso, denuncian, es que muchos de los extranjeros podrán venir a España con el pasaporte en vigor, “inmediatamente después se les proporcionará el certificado de emigrante retornado y, acto seguido, empezarán a cobrar el seguro por desempleo”. Un hecho que no dejaría de mantener un cierto criterio de justicia, si no fuera porque en la mayor parte de los casos lo que se busca es un beneficio inmediato –una vez terminado el seguro regresan a su país– y porque la situación económica de España hace inviable mantener la avalancha de peticiones.