Illescas - Toledo

El PP da más garantías para paliar la quiebra de las autopistas de peaje

Las enmiendas a los Presupuestos incluyen medidas sobre las concesionarias

El PP ha incluido en sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado nuevas garantías para intentar salvar a las empresas concesionarias de las autopistas de peaje en situación de quiebra. Estas sociedades tienen acumuladas pérdidas que, según las últimas estimaciones, superan los 4.000 millones de euros.

El origen del agujero está en los contratos que firmaron cuando fueron proyectadas con el segundo Gobierno de José María Aznar, con unas previsiones de ingresos muy superiores a los que han resultado finalmente. Ese fiasco sobre las previsiones ha hecho que anualmente en todos los Presupuestos se hayan incluido ayudas directas o garantías para que renegocien su deuda con los bancos y evitar así su quiebra.

En caso de concurso de acreedores se recuperará el dinero público
Tanto los gobiernos del PSOE como ahora los del PP han ido buscando esas soluciones y casi siempre vía enmiendas, presentadas y aprobadas con posterioridad a la presentación del proyecto de Presupuestos. Hace dos años el Ejecutivo ya les concedió un ventajoso préstamo para que prosiguieran su actividad y ahora, vía enmiendas, se añaden nuevas garantías para evitar su quiebra. El actual Gobierno ya incluyó garantías en el proyecto de ley de Presupuestos, la previsión de cuentas de compensación en las que se consignen “anualmente la diferencia entre los ingresos de peaje que se hubieran producido de haberse alcanzado el 80% de los ingresos previstos en el plan económico financiero presentado en la oferta de licitación por dicha sociedad y los ingresos de peaje reales”. La enmienda del PP a los Presupuestos permite a las empresas concesionarias solicitar a Fomento préstamos participativos. Se añade que “el Ministerio de Fomento dentro del primer trimestre de cada año podrá otorgar los mencionados préstamos participativos a las sociedades concesionarias que lo hubieran solicitado”. El procedimiento establecido incluye un periodo de carencia para estas empresas en el pago de intereses que se extiende a 2014.

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La novedad de las enmiendas es que extiende también hasta 2018 la existencia de estas garantías. El proyecto de Presupuestos hablaba de tres años, es decir, hasta 2015. Se mencionaba la posibilidad de extenderlo hasta 2021 solo como posibilidad, pero esa solución no gustaba a las entidades bancarias afectadas en la negociación de la deuda de estas sociedades. Por primera vez, además, se contempla la posibilidad de quiebra o concurso de acreedores de estas empresas, ya que se incluye en la enmienda la previsión de que en ese caso todas las ayudas públicas retornarían a la Administración. “Los saldos de las cuentas de compensación y los intereses devengados serán exigibles en todo caso por la Administración en el supuesto de que la concesionaria fuera declarada en concurso de acreedores”, asegura la enmienda presentada el viernes por el PP.

Las ayudas y garantías en los últimos años se han dirigido a las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la autopista de peaje a Barajas, la Ocaña-La Roda y la autopista Alicante-Cartagena-Vera. Ahora se incluyen la de Santiago de Compostela-Ourense y la León-Astorga. Según el portavoz socialista de Fomento, Rafael Simancas, estas medidas son solo “parches, que eluden una solución definitiva”. En estas autopistas entraron constructoras (Ferrovial, ACS, OHL, Cintra, Sacyr, Sando, Isolux...) y cajas de ahorros, como Caja Madrid, Unicaja, Cajamurcia o Cajamar. El fiasco de las autopistas de peaje ha lastrado aún más estos dos sectores, de por sí afectados notablemente por la crisis económica. En Madrid, cuatro concesionarias se han acogido a concursos de acreedores. Entre ellas se encuentra Accesos de Madrid, concesionaria de la R-3 y R-5 (participada por Abertis, Sacyr y ACS), para refinanciar con la banca acreedora una deuda de 666 millones de euros. Además, las dos sociedades que gestionan la autopista de peaje R-4 solicitaron el concurso voluntario de acreedores por una deuda de 575 millones.

POLÍTICA | Supone 342 euros mensuales de media
Tres ex consejeros de Bono y Barreda recurren para cobrar un plus vitalicio
Cospedal suprimió el complemento creado en 1991 y ampliado en 2004Tenían derecho a él 84 ex altos cargos con el PSOE y han recurrido 33
Servimedia | Madrid
Actualizado jueves 25/10/2012 16:06

Tres ex consejeros de la Junta de Castilla-La Mancha y otros tres delegados provinciales están entre los 33 ex altos cargos de la comunidad autónoma que han recurrido ante el Ejecutivo autonómico de María Dolores de Cospedal para seguir cobrando un plus vitalicio de más de 300 euros.
El Gobierno de Castilla-La Mancha acordó en la Ley de Presupuestos de 2012 la supresión del "complemento de alto cargo" creado en 1991 y ampliado en 2004, con el que se premiaba a los funcionarios que hubieran desempeñado un puesto de gran responsabilidad, después de abandonarlo.

El plus, que equivale al complemento de destino de un director general, supone 342,68 euros mensuales de media y se pagó por última vez el pasado mes de julio. Tenían derecho a él 84 ex altos cargos con el PSOE, 33 de los cuales han recurrido para seguir percibiéndolo de por vida. Entre ellos destacan el ex consejero de Sanidad Roberto Sabrido, la ex consejera de Agricultura Mercedes Gómez y la ex consejera de Presidencia y Administraciones Públicas Sonia Lozano, según un listado oficial de los recurrentes.

Además, solicitaron seguir cobrando el plus 10 secretarios generales: Eloy Rodríguez, que pasó por las consejerías de Ciencia y Tecnología y Presidencia entre 2003 y 2008; Rafael Ariza Fernández, de la Consejería de Cultura entre 2000 y 2001; Rodrigo Gutiérrez Fernández, del Servicio de Salud entre 2008 y 2009; Tomás Hervás Lorite, de la Consejería de Educación entre 2008 y 2011; María Soledad Obeo Puebla, nombrada en la Consejería de Economía y Hacienda en 2004; Jesús Pastor Martínez, de las consejerías de Presidencia y Administraciones Públicas en 2003 y 1995; José Antonio del Ama Manzano, de la Sescam de 2009 a 2011; César Estrada Rivero, de las consejerías de Obras Públicas, Economía y Hacienda y Ciencia y Tecnología entre 1995 y 2003; Inmaculada Fernández Camacho, de las Consejerías de Cultura y Presidencia de 1993 a 2009; y Manuela Gallego Palomo, de la Consejería de Bienestar Social de 2001 a 2011.

Entre los 33 recurrentes que pretenden seguir cobrando el plus vitalicio aprobado en su momento por los gobiernos socialistas de José Bono y José María Barreda se encuentran 11 directores generales: Reinaldo de la Fuente de la Fuente, Javier García Martín, Berta Hernández Fiero, Federico López Navarro, Julián Martín-Alcántara, Luis Martínez García, Francisco Javier Pérez Hernández, Juan Alfonso Ruiz Molina, Jesús Montalvo Garrido y Roberto Puente Aguado.

También aparecen tres ex delegados provinciales de la Junta de Castilla-La Mancha (Antonio Santolaya, Manuel Guerrero Pérez y Manuel Laguna Monroy), además de cuatro secretarios generales técnicos (Alicia Martínez Rubio, María Teresa Patiño Lafuente, Carmen Suárez Blanco y Carlos Barrios Leganes).