Illescas - Toledo

Hace unos meses la señora Cospedal anunciaba “a bombo y platillo” que a partir del 1 de enero reduciría el número de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha a la mitad y les quitaría el sueldo, limitándose a cobrar dietas de asistencia. En su discurso de investidura como presidente de la Comunidad de Madrid, el señor González (presidente sin pasar por las urnas) anunciaba una medida en el mismo sentido; y el señor Fabra comunicaba a las Cortes valencianas su intención de reducir en un 20% el número de diputados de las mismas. En estos tiempos en los que la política está tan menospreciada es tremendamente fácil hacer demagogia con ella.

Muchos de los ciudadanos aplaudirán sin pensárselo estas medidas, sin darse cuenta de que están aplaudiendo el fin de la democracia. Que los diputados no cobren mientras dure su mandato es abonarnos a la corrupción generalizada (de algo tendrán que vivir), todo el mundo tiene derecho a ser remunerado por su trabajo, y es misión de la ciudadanía hacer que sus representantes trabajen en defensa de los intereses generales y si no mandarlos para casa.

La simple proposición de que los diputados no cobren es una muestra más del concepto raquítico de democracia que tiene la derecha española, un intento de promover la corrupción extrema, de atacar la pluralidad. Significaría que solo podrían dedicarse a la política la gente “de dinero”, la que tiene quien se ocupe de sus negocios, y si estos van mal, ya aparecería algún lobby para arreglarlo.

Y si no van a cobrar, ¿qué ahorro supone reducirlos a la mitad? Una pura excusa demagógica para reforzar el bipartidismo que no es sino una reforma electoral encubierta para dificultar que partidos pequeños consigan acceder a las instituciones y dejar sin representación a gran parte de la ciudadanía.