Escalona - Toledo

Madrid. (Agencias).- La Asociación Memoria de Mallorca (MdM) y la de Recuperación de la Memoria Histórica de Catalunya (ARMHC) presentaron una querella por prevaricación contra el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela y contra el presidente de la Sala de lo Penal de este órgano, Juan Saavedra, al considerar que ambos cometieron prevaricación en las resoluciones que llevarán al banquillo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con su investigación de los crímenes franquistas.

Así lo ha explicado a los periodistas la portavoz de la Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo, Llani Álvarez, en declaraciones a las puertas de la sede del tribunal, donde se han concentrado familiares de represaliados por la dictadura con pancartas en apoyo a la actuación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Varela es el magistrado que instruye las querellas que el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española de las JONS presentaron contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo, mientras que Saavedra preside la Sala que hasta ahora ha rechazado todos los recursos presentados por el juez.

Álvarez ha leído un comunicado en el que ha puesto de manifiesto que ambas asociaciones sienten una "profunda indignación" porque el Alto Tribunal haya abierto este procedimiento contra el juez de la Audiencia Nacional. Según sostienen, Varela habría incurrido en un delito de prevaricación por mantener la imputación contra Garzón "a sabiendas de que sus decisiones son objetivamente sostenibles en el plano jurídico, ya que lo único que ha intentado es interpretar el Derecho teniendo en cuenta cuál es el Derecho internacional aplicable".

También habría actuado "a sabiendas de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y las Convenciones contra el genocidio y las desapariciones forzadas firmados por España impiden la aplicación de ningún tipo de amnistía a los crímenes de genocidio y lesa humanidad".

El comunicado añade que también dirigen su querella contra Saavedra porque es el presidente de la Sala de lo Penal, de la que forma parte Varela "y en cuyas decisiones se ha amparado éste para la desestimación de todas las pretensiones de Garzón" y, además, porque ha denegado la personación de las víctimas en el procedimiento.

También consideran que Saavedra tendría que haber resuelto la cuestión de competencia en el asunto de las investigaciones de crímenes de lesa humanidad planteada desde junio de 2009.

Según Álvarez, el proceso contra Garzón "es un ataque frontal contra las víctimas españolas de esas graves violaciones de los Derechos Humanos que esperaban que por primera vez los Poderes del Estado cumplieran con su obligación de investigar los crímenes contra la Humanidad cometidos por el fascismo durante la Guerra civil y la Dictadura posterior." "No entendemos cómo es posible que un pseudosindicato de extrema derecha y una organización, Falange -representantes ideológicos de aquellos que perpetraron la mayoría de los crímenes contra la Humanidad cometidos entre 17 de julio 1936 y el 20 de noviembre de 1975- puedan tener todavía representación legal ante las administraciones democráticas", ha añadido. Según ha explicado, las actuaciones de Varela y de Saavedra "no son acordes al Derecho".

Por su parte, el presidente de la asociación Memoria Viva, Pedro Vicente Romero de Castilla, ha dicho que el hecho de que se juzgue a Garzón le recuerda "un juicio en Nuremberg donde estaban sentados en el banquillo unos cuantos generales asesinos y había seis millones de víctimas reclamando Justicia". "Aquí estamos en situación inversa: unos cuantos extremistas de derecha están metiendo en el banquillo y acusando al juez Garzón y a 130.137 víctimas", ha dicho.

Una decena de familiares de víctimas y representantes de otras asociaciones de la Memoria Histórica portaban pancartas en las que se podían leer frases como "¿Por quién vela el juez Varela?", "Respeto a las víctimas" y "España al revés: corruptores y fascistas juzgan al juez".

creo que tiene dos causas mas abiertas.

Dos familiares de víctimas y desaparecidos del franquismo, Darío Rivas e Inés García Holgado, y una decena de organizaciones de defensa de los derechos humanos argentinas y españolas (la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de Plaza de Mayo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, y el Comité de Acción Jurídica de la Central Argentina de Trabajadores, entre otras) han presentado hoy en Buenos Aires una querella por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en España desde el 17 de julio de 1936 hasta el 17 de junio de 1977. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, expone en primer lugar los casos particulares de los familiares de Rivas y García Holgado como ejemplo de muchos más y pide a la justicia argentina que intervenga en aplicación del principio de justicia universal.
La querella, número 4591/10, ha quedado depositada en torno a las diez de la mañana (15.00 hora peninsular española) en la Cámara Federal de Buenos Aires y ha correspondido al juzgado número 1, cuya titular es la magistrada Romilda Servini de Cubria. Los firmantes han ofrecido después una conferencia de prensa en la que han estado representadas prácticamente todas las asociaciones de defensa de los derechos humanos y de recuperación de la memoria existentes en Buenos Aires, encabezados por las Abuelas de la Plaza de Mayo y Estela de Carlotto.

El acto se ha convertido, como era previsible, en una manifestación de solidaridad y apoyo al juez español Baltasar Garzón, al que todos los participantes aludieron para expresar su gratitud y reconocimiento. "Alguna vez se ha dicho que las acciones del juez Garzón dañaban la imagen de España en América latina, pero es precisamente lo contrario. Nunca tuvo España mejor imagen en nuestros países que cuando Garzón abrió sus procedimientos contra los dictadores y torturadores de Chile y Argentina. Es ahora cuando esa imagen favorable esta sufriendo, cuando se intenta procesar a Garzón por aplicar tratados internacionales que España suscribe", ha explicado el periodista y presidente del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Horacio Verbitsky.

Los abogados argumentan en la querella que la ley de amnistía española "incluye solamente los delitos de intencionalidad política imputados a la resistencia al régimen fascista hasta el 15 de diciembre de 1976" y añade: "Los crímenes internacionales de genocidio o los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura española entre el 17 de julio de 1936 y el 20 de noviembre de 1975 no pueden ser calificados como delitos de intencionalidad política".

Los querellantes citan varios bandos militares del general Queipo de Llano y extractos del propio auto de Garzón por el que se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo para demostrar el plan sistemático de exterminio urdido por Franco, "la destrucción de distintos grupos humanos de la nación española con el objeto de erradicarlos de la sociedad y crear una nueva depurada de los mismos".

La querella solicita a la justicia argentina que actúe en aplicación del principio de jurisdicción universal para evitar la "impunidad" de los graves delitos denunciados. Y recuerdan el alegato inicial del Fiscal Supremo de los Estados Unidos, Robert H. Jackson, en el discurso de apertura del juicio de Nüremberg contra los crímenes del nazismo en 1946: "El trato que un gobierno da a su propio pueblo, normalmente no se considera como asunto que concierne a otros gobiernos o la comunidad internacional de Estados. El maltrato, sin embargo, de alemanes por alemanes durante el nazismo traspasó, como se sabe ahora, en cuanto al número y a las modalidades de crueldad, todo lo que la civilización moderna puede tolerar. Los demás pueblos, si callaran, participarían de estos crímenes, porque el silencio sería consentimiento".