Escalona - Toledo

El 30 de agosto se conmemoró el Día internacional de los Desaparecidos. Según estudios de Derecho Penal Internacional, España es el segundo país del mundo en cifras de desaparecidos forzados (tan sólo por detrás de la Camboya de Pol Pot), con más de 150.000 desaparecidos: en 1944, un portavoz del Ministerio de Justicia franquista reconoció que más de 190.000 detenidos habían sido ejecutados o habían muerto en prisión
A día de hoy, sus familiares siguen sin saber de su paradero y sus restos, aún enterrados en cualquiera de las cientos de fosas comunes que existen ignominiosamente a lo largo de nuestra geografía, pesan como una terrible losa sobre la legitimidad de nuestra democracia, así como los miles de niños secuestrados por el franquismo. Asumir el pasado no puede limitarse únicamente a retirar los símbolos de la dictadura aún presentes en los lugares públicos. La investigación sobre el régimen franquista debe desembocar en una condena sin ambigüedades. Asimismo, resulta necesario evitar cualquier retraso injustificado en esta materia y que las autoridades españolas aporten su apoyo moral y financiero a los grupos y asociaciones que intentan restablecer la memoria histórica de las vulneraciones de los Derechos Humanos perpetradas bajo este régimen fascista.

En esta línea se pronuncian la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Recomendación 1736, de 2006, y el Comité de los Derechos Humanos de la ONU, que consideran que durante el franquismo se cometieron sistemáticamente crímenes de lesa humanidad y, por consiguiente, imprescriptibles.