El Carpio de Tajo - Toledo

Noticia publicada el 02-03-2008

LD ( Pedro de Tena / Ilustración: Zulet ) Carmen Mejías Severo nació en Llerena (Badajoz) en 1951 y es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Durante las dos últimas legislaturas ha ejercido como jefa del Gabinete del Consejero de la Presidencia. ¿Cuál es su secreto? Además de su valía, que se supone, se da la coincidencia de que es la esposa de Juan María González Márquez, hermano de Felipe González Márquez, ex todo en el PSOE.
La secretaria general de la Consejería de la Presidencia es funcionaria del Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía, organismo en el que ha sido responsable de las áreas de Régimen Interior y de Gestión Económica, Presupuestaria y Personal. También fue coordinadora de la Secretaría General del PSOE-A entre 1981 y 1988. O sea, una factótum de relieve en el PSOE de Andalucía.

Juan María González Márquez tuvo ya escándalos memorables por su participación en la empresa de seguridad Omega, privilegiada en tiempos de la Expo. Uno de sus hijos, Juan María González Mejías fue hace bien poco contratado a dedo para gerente de Lipasam, la empresa municipal de la limpieza en Sevilla.

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirin, en su calidad de presidente de la empresa municipal de la limpieza, ha contratado "a dedo" a un sobrino de Felipe González como alto cargo de Lipasam. La comisión ejecutiva de la empresa del 28 de septiembre aprobó la contratación de Juan Maria González Mejías, que antes había ocupado diversos puestos en la Junta (por ejemplo, Director del Observatorio de Innovación y Participación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa), para ocupar el nuevo puesto de coordinador general, una figura superior a la del resto de directivos encargada de gestionar el área económica y financiera de Lipasam.

Pero hay más. La trama publicitaria de Canal Sur tenía a dos hijos de Carmen Severo Mejías y a su propio marido entre sus miembros, junto con el periodista y recientemente moderador del debate Rajoy-Zapatero, Manuel Campo Vidal.

Juan María González Márquez, marido de Carmen Mejías, compartió con el periodista Manuel Campo Vidal participación en una empresa a la que ha recurrido como socio una agencia publicitaria multinacional tras obtener un contrato de 7,3 millones de euros de una empresa pública de la Junta de Andalucía.

O sea que un hermano de Felipe González, además de su cuñada y sus dos sobrinos, podían, según el PP, haber incurrido en un «presunto delito de tráfico de influencias» por su participación en una compleja «trama publicitaria» montada desde las más altas esferas de la Junta de Andalucía y cuyas ramificaciones llevarían hasta la televisión pública andaluza, Canal Sur.

En concreto, Juan María González Márquez y sus dos hijos, Juan María y Javier González Mejías, formaban parte de Al Sur SA, una empresa que crearon en julio de 2004 y en la que también aparecía -a través de Económica y Estrategias Consulting de la Comunicación SL- uno de los periodistas mejor relacionados con el Gobierno andaluz: Manuel Campo Vidal. A este último el presidente de la Junta, Manuel Chaves, le encargó la campaña de difusión de su proyecto de la Segunda Modernización.

Se da la circunstancia de que una de las mayores y más prestigiosas firmas en el mundo la publicidad, McCann Erickson, se asoció a los familiares de Felipe González y al antiguo presentador del telediario poco después de que la Consejería de Agricultura y Pesca le adjudicara por 7,3 millones de euros los servicios de consultoría para la planificación y ejecución de su plan integral de promoción agroalimentaria.

«¿Qué necesidad tiene una multinacional con una solvencia probada de asociarse con una empresa como Al Sur, sin oficio ni beneficio? ¿Es que alguien le dijo a McCann Erickson qué teclas debía tocar para que le adjudicaran el concurso?».

La pregunta la dejaba en el aire el parlamentario del PP-A José Luis Sanz, que se hizo eco de la «sorpresa» que ha causado en el sector publicitario andaluz que la Junta pague 7,3 millones por tres años «sólo para la creatividad de una campaña».

La adjudicación de este supercontrato la realizaba el 19 de abril el consejero delegado de la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, Guillermo Gutiérrez, ex consejero de Trabajo y «muy amigo de la familia González Mejías», según los denunciantes. No obstante, la vinculación con la cúpula del poder autonómico de los parientes del ex presidente del Gobierno les viene por vía directa; concretamente, a través de Carmen Mejías.

El Confidencial lo contaba así hace un año y medio. "De una u otra manera, familiares del ex presidente del Gobierno Felipe González, amigo personal de Chaves, se han visto beneficiados por decisiones de instituciones públicas andaluzas. Juan María González Márquez, hermano del ex presidente, se asoció con el ex presentador de informativos Manuel Campo Vidal para montar una empresa llamada Al Sur, a la que inmediatamente la Junta le adjudicó un contrato de la Consejería de Agricultura por 7,3 millones de euros.

Nada más salir la adjudicación, la multinacional McCann Erikson se alió con Al Sur para llevar a cabo la planificación y ejecución del Plan Integral de Promoción Agroalimentaria de la Consejería. En la empresa Al Sur también aparecen los dos hijos de Juan María González, Javier y Juan María González Mejías, cuya madre, Carmen Mejías, además de cuñada de Felipe González, es la secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia después de haber sido durante años la jefa de Gabinete de Gaspar Zarrías. Un lío, ¿no?

EL ESCÁNDALO LLEGA AL PARLAMENTO ANDALUZ

José Luis Sanz, parlamentario del PP, hizo una pregunta a Gaspar Zarrías en el Parlamento regional, el pasado año:

"El señor SANZ RUIZ:

—"Gracias, señora Presidenta. Señor Consejero, por fin, después de quince días escondido, habla usted sobre la publicidad en la Junta de Andalucía. Para que pueda contestar lo que no ha contestado usted en quince días, le voy a hacer una serie de preguntas, ¿verdad? Mire usted, ¿sabía usted que el pasado 19 de abril se adjudica un concurso la multinacional McCann Erickson por importe de 7’3 millones de euros? ¿Sabía usted, señor Consejero, que dicha multinacional se asocia en Sevilla con una empresa llamada Al Sur, que es, de hecho, la que gestiona la empresa de calidad certificada de la Empresa Pública DAPSA? ¿Sabía usted, señor Consejero, que los socios de Al Sur son el señor Campo Vidal y otra empresa que se llama Interlab Media? ¿Sabía usted, señor Consejero, que los socios de Interlab Media son el señor Juan María
González Márquez y sus hijos, los señores Juan María y Javier González Mejías?

¿Sabía usted, señor Consejero, que el señor González Márquez está casado con la señora Carmen Mejías Severo? ¿Sabía usted, señor Consejero, que los señores Juan María y Javier González Mejías son los hijos de la señora Carmen Mejías Severo? ¿Sabía usted, señor Consejero, que la señora Carmen Mejías es actualmente la Secretaria General Técnica de su Consejería y firma, por tanto, todas las adjudicaciones que hace su Consejería? Por cierto, este último año de más..., por importe de más de cinco millones de euros. ¿Sabía usted, señor Consejero, que, en las dos últimas legislaturas, la señora Carmen Mejía Severo ha sido su Jefa de Gabinete?

¿Cree usted en las casualidades, señor Consejero? ¿A quién cree usted que benefician este cúmulo de casualidades, señor Consejero? ¿Quién cree usted que se beneficia de este cúmulo de casualidades, la señora Carmen Mejía Severo, usted o el Partido Socialista? ¿Sabe usted lo que tienen en común, señor Consejero, el señor Badosa, Director Comercial de la Televisión Pública andaluza y la señora Carmen Mejías? Que los dos dependen de usted. ¿Sabe usted lo que tienen en común las dos tramas publicitarias, la de la Televisión Pública andaluza y ésta que acabo de poner de manifiesto? Que de las dos es usted el responsable, señor Consejero. Y usted es el que tiene que explicar a quién beneficia, quién se beneficia de esas dos tramas publicitarias, si el señor Badosa, si el señor Camacho, si la señora Carmen Mejías, si usted, señor Consejero, o si el Partido Socialista.

Y por último, señor Consejero, a ver si es capaz usted de decirnos si usted pone la mano en el fuego por la señora Carmen Mejías y si usted pone la mano en el fuego, señor Consejero, por el Director Comercial de la Televisión pública, el señor Badosa, que, por cierto, el señor Camacho no lo ha hecho. Muchas gracias".

Lo que contesta el cínico Zarrías es impresionante:

— "Creo que, si aquí hay algún tramposo, son ustedes. Cuatro mil millones de euros adjudicaron de mala manera en los dos años de Gobierno del PP, los finales, 665.000 millones de pesetas, a dedo. Mire usted, asistimos, señorías, de nuevo, a un intento de desacreditar la gestión pública de las empresas andaluzas. Gastan mucho esfuerzo, señor Sanz, en tejer redes conspirativas, que tienen como único objetivo el difamar a las personas y desprestigiar la gestión de la Junta de Andalucía".

Si quieren seguir leyendo lo que dijo el señor Zarrías, pulse aquí. Vaya a la página 31 del documento.

PSOE: el partido de la corrupción:

ALGUNOS DE LOS MUCHOS CASOS DE CORRUPCIÓN DEL PSOE


- Caso Juan Guerra:

A finales de 1989, Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra, fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano. El despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas, lo que le valió a Juan Guerra para ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.

ABC recoge la primera información sobre el que sería el gran escándalo del socialismo el 3 de enero de 1990. Este mismo diario insistía el 28 de enero, enumerando ya una relación de negocios de dudosa legalidad protagonizados por el hermano de Alfonso Guerra. El diario El País, mientras tanto, consideró durante mucho tiempo estos hechos como irrelevantes.

Juan Guerra había cambiado el paro de 28.023 pesetas, que cobraba cuando su hermano era el látigo de la oposición, en 1980, por suculentos beneficios, chalés y lujosos coches.

En muy poco tiempo, el “hermanísimo” pasó de operario en la fábrica sevillana de Santa Bárbara y de vendedor de enciclopedias junto al comunista José María Torres Zapico, a mandar más que el propio delegado del Gobierno, gracias a los buenos oficios de su hermano Alfonso, que hizo realidad en su propia familia las promesas de redimir al proletariado, ya que su otro hermano, Adolfo -el de los langostinos del Sena-, ya era director de Mercasevilla y se distinguía por la liberalidad con la que utilizaba la "visa oro", mientras Antonio, "el patillas", recorría España abriendo gasolineras o comprando solares con la tarjeta de presentación de "hermano de Alfonso".
Pero la puntilla se la dio a Juan Guerra, oficialmente modesto empleado del PSOE, con un sueldo de 129.370 pesetas líquidas mensuales, su ex mujer Ángeles López Rubio, quien harta de las palizas de su marido (así consta en la denuncia que formuló contra él en comisaría) inició una peregrinación con la documentación que comprometía a su marido hasta que la información acabó en manos de Manuel Fraga.

En 1995, la juez Encarna Jiménez condenó a Juan Guerra por delito fiscal a dos penas de un año de prisión menor cada una y a pagar 92 millones de ptas. Su hermano Alfonso ("Arfonzo", como se le conoce en los mítines socialistas) se veía obligado a dimitir de su cargo de vicepresidente del Gobierno.



- Caso Roldán:

El ex-director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, ingresó en el PSOE en 1976. Ocupó el cargo entre 1986 y 1993, bajo el gobierno socialista presidido por Felipe González.

Durante este tiempo amasó un enorme patrimonio fruto de sus irregularidades como director del Instituto Armado. El 23 de noviembre de 1993, Diario 16 desvela el gravísimo caso de corrupción, provocando la destitución de Roldán y la creación de una comisión parlamentaria. Sus actividades provocaron, además, la destitución de varios miembros de la Guardia Civil, y afectaron a la carrera política de otros personajes, como el ex-presidente de Navarra, Gabriel Urralburu.

En abril de 1994, Roldán se fuga, lo que le costó el cargo al entonces ministro de Interior, Antonio Asunción. No pudo ser capturado hasta el 27 de febrero de 1995, cuando fue apresado en Laos.

El ex director de la Guardia Civil fue condenado en febrero de 1998 por la Audiencia Provincial de Madrid a 28 años de cárcel por los delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, estafa y fraude fiscal. Durante el juicio, en 1997, el propio Roldán reconoció que se había llevado irregularmente 435 millones de fondos reservados y 1.800 en comisiones. La sentencia, que fue confirmada y ampliada en 1999 hasta los 31 años por el Tribunal Supremo, además le imponía una multa de 1.600 millones y una indemnización al estado de 578,9 millones.

Junto a Roldán fueron condenados su testaferro, Jorge Esparza Martín, que fue condenado a nueve años de prisión por malversación y un delito continuado de cohecho, así como a abonar una multa similar e indemnizar al Estado con 578 millones; y la esposa del ex director de la Guardia Civil, Blanca Rodríguez-Porto, condenada a cuatro años por un delito de encubrimiento y otro contra Hacienda.

Actualmente se halla encarcelado en la cárcel de Brieva (Ávila). Del patrimonio inmobiliario del ex director de la Guardia Civil, valorado en más de 1.700 millones de pesetas, que incluía chalets y pisos en Madrid y Navarra, un terreno en Cambrils, una finca en La Rioja, o una casa en las Antillas Francesas, no ha podido recuperarse casi nada, apenas 300 millones. Sus intermediarios consiguieron que el resto se "esfumara" por diversos procedimientos, como la venta de parte de ellos a financieros rusos.



- Caso FILESA:

El escándalo estalla el 29 de mayo de 1991, cuando algunos medios de comunicación acusan al PSOE de financiación irregular a través de las empresas FILESA, MALESA y Time Export. Entre 1988 y 1990 estas sociedades cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote.




- Caso Osakidetza:

En las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990, cuando la cartera de Sanidad estaba dirigida por el PSE, se detectó un "cambiazo masivo" de exámenes, lo que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. El objetivo del fraude era doble: beneficios a numerosos opositores de un determinado ámbito político y sindical -PSOE y UGT- e instalar un grupo de personas afines a este partido en posiciones con capacidad de control efectivo sobre el funcionamiento de la red sanitaria pública. Por su presunta relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE.



- Caso Mariano Rubio:

Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España nombrado por el PSOE de Felipe González, amasó una considerable fortuna gracias a una práctica de la que se hablaba en voz baja en los años del "pelotazo" denominada "insider trading", y que en castizo no es más que utilizar en su provecho información privilegiada. Poco después, tras su forzada dimisión, daría Mariano Rubio con sus huesos en la cárcel acusado de delito fiscal, cohecho, negociación prohibida a funcionarios, uso de información privilegiada y tráfico de Influencias.



- Caso AVE:

Otra financiación irregular del PSOE mediante el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación del tren de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, en la que se encuentran imputados casi una decena de personas. El sumario fue desglosado de la trama "FILESA" por el Tribunal Supremo, al deducir que "eventualmente" podría haber otras vías de financiación ilegal del PSOE.

En pocas palabras, las obras del tren de alta velocidad fueron presuntamente aprovechadas por altos cargos del PSOE para cobrar comisiones ilícitas, en especial de la empresa Siemens. En el banquillo se sientan el ex ministro de Transportes, Julián García Valverde, el secretario del socialista Guillermo Galeote, Sotero Jiménez, el más famoso fontanero de Moncloa durante la etapa Felipe González, Florencio Ornia, Aída Álvarez, Luis Oliveró, etc.



- EXPO 92:

El Tribunal de Cuentas detecta unas pérdidas de 35.000 millones de ptas. en la gestión de la Exposición Universal celebrada en Sevilla en 1992, en vez de los 18.000 millones de beneficios declarados por sus responsables. El juez Baltasar Garzón imputa a ocho ex-responsables y directivos de la Expo 92 por presuntos delitos de malversación, falsedad y apropiación indebida, entre los que cabe destacar el ex-responsable de FILESA, Luis Olivero Capellades, el abogado Isidor Garces y el ex-presidente de la Exposición, Jacinto Pellón.



- Casos Urralburu y Aragón:

Los negocios irregulares del presidente de Navarra, Urralburu, se destaparon por su relación con el ex-director de la Guardia Civil Luis Roldán. Junto al ex-consejero Antonio Aragón, Urralburu fue procesado por delitos de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales por obras públicas realizadas durante su mandato de 1987 a 1991.



- Fondos Reservados:

A finales del año 2000, los ex-ministros de Interior, José Barrionuevo y José Luis Corcuera, el ex-director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, y el ex-secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, entre otros, eran juzgados por el presunto robo de los fondos reservados del Ministerio de Interior. Todos ellos eran acusados de un delito de malversación de caudales públicos.



- Caso BOE

Entre 1989 y 1991 se realizaron varias adjudicaciones irregulares por parte de los responsables del Boletín Oficial del Estado (BOE) para la compra de papel por un valor total de 2.385 millones de pesetas, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. El daño económico radica en que el papel se pagó a un precio superior al del mercado. El fiscal sostiene que se pagaron al menos 207 millones en comisiones ilegales a algunos de los procesados, entre ellos la entonces directora general del BOE, la socialista Carmen Salanueva, y el ex responsable del Departamento de Producción, Julio Fernández.


Éstos son sólo algunos de los casos en los que se ha visto involucrado el PSOE. La lista podría continuar con el "Caso Marey", el "Caso Lasa-Zabala", el "Caso Galindo", etc...






NOALPSOE.CJB.COM. 2004.