El Carpio de Tajo - Toledo

La gran mayoría de la población occidental sueña desde 2008 con decir “no” a los bancos, pero nadie se ha atrevido a hacerlo. Nadie, salvo los islandeses, que han llevado a cabo una revolución pacífica que ha conseguido no sólo tumbar un gobierno y redactar una nueva constitución, si no encarcelar a los responsables de la debacle económica del país.

La semana pasada fueron detenidas 9 personas en Londres y en Reikjiavik (capital de Islandia) por sus responsabilidad en el colapso financiero de Islandia en 2008, una profunda crisis que devino en una reacción ciudadana sin precedentes que cambió el rumbo del país.

Ha sido la revolución sin armas de Islandia, el país que acoge a la democracia más antigua del mundo (desde el año 930), y cuyos ciudadanos han logrado cambiar a base de manifestaciones y caceroladas. ¿Y por qué el resto de los países occidentales ni siquiera se ha enterado?

La presión ciudadana islandesa ha conseguido no sólo tumbar un gobierno, si no redactar una nueva constitución (en proceso) y meter en la cárcel a los banqueros responsables de la crisis del país. Como se suele decir, si se piden las cosas con educación es mucho más fácil conseguirlas.

Este silencioso proceso revolucionario tiene su origen en 2008, cuando el gobierno islandés decidió nacionalizar los tres principales bancos, el Landsbanki el Kaupthing y el Glitnir, cuyos clientes eran principalmente ingleses, estadounidenses y americanos.

Tras la entrada del Estado en el capital la moneda oficial (krona), se desplomaba y la bolsa suspendía su actividad tras un hundimiento del 76%. Islandia entraba en bancarrota y para salvar la situación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) inyectaba 2.100 millones de dólares y los países nórdicos ayudaban con otros 2.500 millones.

Las grandes pequeñas victorias de la gente de a pie

Mientras bancos y autoridades locales y extranjeras buscaban a la desesperada soluciones económicas, el pueblo islandés se echó a la calle y con sus insistentes manifestaciones diarias frente al parlamento de Riekjavik provocó la dimisión del primer ministro, el conservador Geir H. Haarden, y de todo su gobierno en bloque.

Los ciudadanos exigían, además, que se convocaran elecciones anticipadas, y lo consiguieron. En abril salió elegido por votación un gobierno de coalición formado por la Alianza Social-demócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por una nueva Primera Ministra, Jóhanna Sigurðardóttir.