El Carpio de Tajo - Toledo

EL PP IMPIDE QUE UNA COMISIÓN EN LAS CORTES INVESTIGUE LA TRAMA DE LAS PLACAS SOLARES

La mayoría del PP en las Cortes impidió ayer la creación de una comisión de investigación sobre la trama de las placas solares solicitada por el grupo socialista. Y fue Juan José Sanz Vitorio, el portavoz adjunto del PP, quien se lanzó al ruedo para argumentar los motivos de este rechazo, no sin antes calificar de esperpéntica la actuación socialista encaminada, a su juicio, a desgastar al Gobierno autonómico «desde la mentira, sin importarle poner en riesgo la honorabilidad de los funcionarios y del propio sector afectado», mientras la Junta ha actuado en este caso, «de forma inmediata, rigurosa, transparente y ejemplar».

Y para ello se basó en las iniciativas realizadas por el Ejecutivo autonómico desde que saltaran a los medios de comunicación, el 1 de agosto, las supuestas irregularidades del secretario territorial de la Junta en León. Según Sanz Vitorio, ese mismo día se anunciaron dos líneas de investigación, una para aclarar los hechos que concurrieron en dicha persona, y otra para a analizar los casi 7.000 expedientes de tramitación en relación a este asunto.

Entre los días 4 y 19 se iniciaron 13 iniciativas de información reservada que concluyeron con una propuesta de expediente disciplinario. Entre el 19 y el 30 de agosto se resolvieron once de éstas, con nueve propuestas de expedientes disciplinarios, dos de archivo de actuaciones y dos pendientes de propuesta a falta de datos. En estos días, subrayó el procurador, se instaron los ceses de los afectados porque la Junta había perdido la confianza en ellos. «No hay trama de ningún tipo y no se puede poner en tela de juicio, ni bajo sospecha, a todos los funcionarios, ni hay pruebas de trato de favor», manifestó, tras justificar con su alegato la negativa de su formación política a que se investigue a fondo.

Su discurso navegó después por aguas más dispersas con epicentro en el sector fotovoltaico, e insistiendo en la diferencia entre concesión y autorización. La recién estrenada portavoz del PSOE en las Cortes, Ana Redondo, se mostró más contundente en su intervención, apoyada en datos desmenuzados y en un discurso ordenado.

Tras exigir transparencia y reprochar la ausencia del presidente Herrera en el hemiciclo, expuso que la trama tiene varios vértices como son los 14 funcionarios investigados, los seis cargos de libre designación implicados, los dos expedientes disciplinarios y un nuevo caso que saltaba ayer a la palestra y que está relacionado con un alto cargo del PP y miembro de la Cámara, cuyo nombre no dio Ana Redondo. (La procuradora del PP por Zamora y vicepresidenta de la Cortes, Carmen Luis Heras, afirmó ayer que ninguna de las sociedades en las que participa en régimen de gananciales con su esposo tiene adjudicaciones de huertos solares ni, en concreto, la sociedad El Plantío 2000, como difundió la Cadena Ser en una información que vincula a la parlamentaria con la trama solar).

Con la intención de hacer una «oposición responsable», Redondo subrayó que el PP debería ser el primer interesado en que se aclara en una comisión todo lo ocurrido, citando a declarar a los implicados, para disipar toda sombra de duda para Castilla y León, preservar el buen nombre de los funcionarios y de la inmensa mayoría de los empresarios que se dedican al sector.

La portavoz dijo que «es evidente» que hay una trama, dada la existencia de una relación entre diversas personas que siendo cargos de libre designación en la Junta y familiares de altos cargos, han actuado de forma coordinada para instalar plantas fotovoltaicas. Y prueba de ello, dijo, es el hecho de que todos los implicados realizan las solicitudes el mismo día (14 de septiembre del 2006), que las instalaciones son en todos los casos de la misma empresa 'Huerto solar Teydi Torreduero', que la ubicación de todas ellas es en la misma zona: Mota del Marqués y Torrecilla de la Abadesa - «están conectadas a la misma linea de evacuación y autorizadas el mismo día» y hay ligazón entre las partes implicadas.

A juicio de Redondo, lo escandaloso es el perfil de los funcionarios implicados, ya que no sólo forman parte de la escala superior de la Administración, sino que son de cargos de libre designación con un marcado curriculum político.

(www.elnortedecastilla.es, 07/10/0
La vicepresidenta del parlamento de Castilla y León tiene intereses en el sector de los huertos solares
Las Cortes han rechazado la creación de una comisión de investigación para aclarar este escándalo con los votos del PP

La Cadena SER ha recabado nuevos datos sobre la trama de huertos solares que ha costado el cese de varios altos cargos y expedientes a altos funcionarios en Castilla y León. En este caso es la vicepresidenta del parlamento autonómico, la popular Carmen Luis Heras, quien junto a su marido tiene intereses en empresas que han intervenido en la implantación de instalaciones solares en la provincia de Zamora

Su esposo es Antonio de Castro Fito, que forma parte de varias empresas vinculadas a la energía fotovoltaica. El marido de la vicepresidenta de las cortes ha tramitado permisos para la conexión a la red eléctrica con la empresa 'El plantío 2.000'.

Y junto a otro socio zamorano, Marcial Rodríguez San Gregorio ha intervenido en la instalación en la localidad de Fresno de la Ribera de un huerto solar con capacidad para 2.500 kilowatios.

"Yo desconozco que mi marido tenga intereses en fotovoltaicas, por lo que no puedo decirle si es ético o no que yo vote", ha afirmado la vicepresidenta Carmen Luis Heras en declaraciones a la Cadena SER. Precisamente esta tarde, las Cortes han rechazado la creación de una comisión de investigación para aclarar este escándalo con los votos del Partido Popular. Hasta ahora, la tramitación presuntamente irregular de autorizaciones para plantas solares ha supuesto la apertura de expedientes a varios altos funcionarios y el cese de hasta dos altos cargos.

www.cadenaser.com 06.10.08

El PSOE pedirá una comisión de investigación sobre los ‘huertos solares’

Después de que este diario desvelara que la Junta de Castilla y León (PP) adjudicó una planta fotovoltaica a la empresa de la mujer del director general de Energía de la comunidad, Ricardo González Mantero, el Grupo Socialista en las Cortes de la región anunció ayer su intención de exigir la creación de una comisión de investigación sobre el caso de los huertos solares.

El portavoz socialista en las Cortes, Francisco Ramos, aseguró en declaraciones a Público, que la implicación de González Mantero muestra que “la investigación de la Junta no fue suficiente”, y por eso reclamó al Ejecutivo regional que “depure responsabilidades”.

El PSOE no piensa instar a la dimisión del alto cargo ya que esperan que sea la propia consejería de Economía de la Junta la que pida a González Mantero que renuncie a su puesto, directamente relacionado con las concesiones de instalaciones fotovoltaicas.

No obstante, el portavoz socialista considera “necesario que las Cortes hagan todo lo posible para llegar al fondo de la cuestión”. Por eso mañana, el grupo socialista registrará en las Cortes la petición de una comisión de Investigación sobre el escándalo.

La trama ha provocado ya el cese de 13 funcionarios de la Junta a los que se acusa de intervenir en la concesión de licencias de plantas solares en su propio favor. El Gobierno autonómico concluyó su investigación al respecto el 2 de septiembre, negando tajantemente la implicación de representantes políticos.

Sin embargo, los documentos a los que tuvo acceso este periódico muestran que el director general de Energía y Minas, un alto cargo de la Junta nombrado directamente por el presidente castellanoleonés, Juan Vicente Herrera, podría estar involucrado en la trama corrupta.

La empresa de su mujer, Hispano Noruega de Energías, fue la adjudicataria de una instalación fotovoltaica en la localidad vallisoletana de Torrecilla de la Abadesa cuando González Mantero ya ocupaba el cargo de máximo responsable de la Energía en Castilla y León.

El capital de dicha empresa estaba repartido al 50% entre la esposa y la cuñada del alto cargo, aunque finalmente fue la mujer de su hermano la que se hizo con el control total de la empresa. Y es que al día siguiente de recibir la autorización de la instalación fotovoltaica, la mujer de González Mantero vendió todas sus acciones a la otra propietaria

Las explicaciones del PP

El viceportavoz de los conservadores en las Cortes castellanoleonesas, Juan José Sanz Vitorio, alabó la “voluntad de transparencia” del máximo responsable energético de la región. Según él, ha quedado demostrado que González Mantero “no tiene ningún ánimo de lucro” ya que la venta de las acciones por parte de su esposa se realizó al día siguiente de que la empresa familiar se hiciera con el permiso.

www.publico.es 14.09.09

La Junta adjudicó un huerto solar a la mujer de su director de Energía

La esposa del alto cargo de Castilla y León era dueña del 50% de la empresa que recibió la concesión

La Junta de Castilla y León adjudicó en 2007 una planta fotovoltaica a una empresa de la esposa del director general de Energía del Gobierno castellano-leonés, Ricardo González Mantero, según demuestran documentos oficiales a los que ha tenido acceso Público. González Mantero y su esposa están casados en régimen de gananciales.

Esta adjudicación es un nuevo capítulo del conocido como caso de los huertos solares, que ya ha provocado el cese de 13 funcionarios, acusados de intervenir en la concesión de licencias de instalaciones fotovoltaicas en su propio beneficio. El Gobierno regional de Juan Vicente Herrera (PP) intentó dar carpetazo al escándalo el pasado 2 de septiembre, al negarse a seguir investigando en las Cortes de Castilla y León. El PP ha argumentado hasta ahora que el caso no afectaba a cargos políticos.

Accionariado familiar

La empresa adjudicataria del huerto solar se denomina Hispano Noruega de Energías, fue creada el 23 de junio de 2006 y tiene su domicilio social en Madrid. El capital se repartió, al 50%, entre María Fe Álvarez Fortes, mujer del director general de Energía, y Silje Grotle Nilssen, cuñada de dicho alto cargo. Ambas fueron designadas administradoras solidarias.

Hispano Noruega de Energías, cuyo objeto social es “la explotación de energía solar y eólica”, solicitó en septiembre de 2006 una autorización a la Junta para proyectar una instalación fotovoltaica en un huerto solar de Torrecilla de la Abadesa (Valladolid).

En ese momento, González Mantero era director general del Ente Público Regional de la Energía (EREN). Pocos meses más tarde, el 19 de junio de 2007, sumó a dicho cargo el nombramiento como director general de Energía y Minas, convirtiéndose así en el principal responsable en materia energética del Gobierno regional, subordinado únicamente al consejero y viceconsejero de Economía y Empleo.

La concesión

El 22 de agosto de 2007, Hispano Noruega de Energías recibió la concesión para instalar la planta fotovoltaica en Torrecilla de la Abadesa. Justo al día siguiente, María Fe Álvarez Fortes vendió sus acciones a la cuñada de su marido y renunció al cargo de administradora solidaria.

El precio de venta fue de 1.500 euros, el valor nominal de las participaciones. Estos dos acuerdos no se elevaron a públicos hasta el pasado 21 de agosto de 2008, cuando ya había saltado a la luz pública el caso de los huertos solares.

La autorización para instalar la planta fue concedida por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid. En la resolución se indica que cabía interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, precisamente ante el propio González Mantero.

Durante todo el proceso, el director general de Energía no presentó ninguna declaración de inhibición, en contra de lo que establece la norma sobre incompatibilidades. Dicho escrito de inhibición lo presentó el 8 de octubre de 2007.

La versión oficial

González Mantero, en declaraciones a Público, aseguró que nada más acceder al cargo habló con su esposa para vender las acciones porque su “único objetivo era que ningún familiar directo tuviese propiedades en empresas fotovoltaicas. Es verdad que la venta se produjo un día después de la adjudicación, porque mi cuñada vive en Londres y fue la fecha que nos dieron en el notario de Madrid para la firma”.

El director general de Energía negó cualquier irregularidad e insistió en que “la decisión de vender es lógicamente anterior a la fecha de venta, y mi esposa y yo no estábamos pendientes de la adjudicación. Fue una casualidad que la autorización para la planta se concediese un día antes”.

También aclaró que la venta de las acciones se produjo por el precio nominal porque “no pretendía especular”. Este hecho podría incumplir la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, donde se establece el concepto de “valor razonable de las acciones”, que en el caso de las participaciones no cotizadas debe ser establecido por un auditor de cuentas y cuya cuantía debe corresponderse con el valor de mercado.

En cuanto a su tardanza en inhibirse, González Mantero contestó: “Firmé los papeles cuando me los mandaron desde la Secretaría General de la Consejería”.

www.publico.es 13.09.08

EL PSOE TACHA DE "BURLA" LA ACTITUD DE HERRERA ANTE EL 'CASO LASARTE'

Estudia recurrir ante el TC la negativa del presidente a comparecer en las Cortes.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León evitó ayer que el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tenga que comparecer ante el Parlamento autonómico para dar explicaciones sobre las concesiones irregulares de licencias de instalaciones de energías renovables en la Comunidad, el llamado caso Lasarte.

La inadmisión a trámite de la petición que el PSOE realizó el pasado día 12 para que Herrera acuda a la Cámara regional en pleno extraordinario ha caldeado aún más los ánimos de la oposición.

El portavoz del grupo socialista en las Cortes, Francisco Ramos, en declaraciones a Público, consideró una “burla” y una “tomadura de pelo hacia los ciudadanos” la actitud de la Junta y de la presidencia del Parlamento desde que a principios de mes fueran cesados seis altos funcionarios de la comunidad, a los que se acusa de actuar en beneficio propio en la concesión de licencias de instalaciones del sector energético. Además, anunció que su grupo estudia presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Los conservadores alegan que la convocatoria de un pleno extraordinario no es posible, ya que si bien el reglamento de la Cámara autonómica recoge la posibilidad de llamar a una sesión extraordinaria con el apoyo de la quinta parte de los procuradores, el recién aprobado Estatuto de Autonomía castellano-leonés establece que sólo podrá pedirse con la mayoría absoluta de los parlamentarios.
Diputación permanente

La reunión de la Diputación Permanente, pedida por los socialistas, será el próximo jueves. En la misma, se debatirá acerca de la comparecencia en comisión y de forma extraordinariatanto del consejero de Economía, Tomás Villanueva como de la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso. El PP se muestra a favor, siempre que lo hagan en pleno ordinario.

www.publico.es 26.08.08

LA ENERGÍA SOLAR PASA FACTURA AL PP

Dimiten seis cargos de Castilla y León por autoadjudicarse plantas fotovoltaicas

Al PP de Castilla y León se le están atragantando los llamados "huertos solares". Seis altos cargos de la Junta se han visto forzados a dimitir y otros siete funcionarios están siendo investigados por su relación con la explotación y adjudicación de plantas de energía fotovoltaica (los "huertos solares") en León, Valladolid y Zamora a empresas participadas por ellos o por familiares. Las compañías eléctricas están obligadas a comprar la producción de esas plantas, que, además, reciben una prima dentro del programa estatal de energías renovables. Un negocio próspero que hace subir la factura de la luz.

Siete funcionarios más, investigados por las concesiones de "huertos solares"

Ya se ha abierto un expediente disciplinario al ex secretario general de la Delegación de la Junta en León Javier Lasarte, forzado a dimitir por no informar de sus actividades empresariales. Tras él han dimitido: los jefes de Industria y del Servicio Territorial de Fomento de la Junta en León, Emilio Fernández y Ana Isabel Suárez, respectivamente; el jefe de Servicio de Caja de la Tesorería General de la Junta, Manuel Ballesteros, y el secretario de la Delegación en Zamora, Manuel Méndez. El jefe de la Oficina de la Junta en Zamora, José Bahamonde, ex senador del PP, ha sido apartado de su puesto hasta que culmine la investigación interna.

Francisco Jambrina, jefe de Industria de la Delegación de Palencia, ex consejero de Medio Ambiente y ex alcalde de la ciudad, ha ignorado la invitación a dimitir que le ha hecho la Junta por ser administrador de la sociedad Pago El Roto, titular de una licencia de una planta solar de 100 kilovatios en Arcenillas (Zamora).

Según la oposición socialista, la sociedad Galeno 1955, administrada por Lasarte, obtuvo 11 concesiones para plantas de 100 kilovatios -cada "huerto" lleva 480 paneles solares- en Mota del Marqués y Torrecilla de la Abadesa (Valladolid) y en Mansilla de las Mulas (León), con una inversión de seis millones de euros. Lasarte admite que cedió siete autorizaciones a una empresa alemana y que no ha puesto en marcha las de Torrecilla de la Abadesa.

Manuel Ballesteros es administrador solidario de la empresa Agrícola Valverdemota, propietaria del suelo donde Lasarte proyectaba instalaciones en la provincia de Valladolid. José Bahamonde está vinculado familiarmente a Iniciativas Renovables S.L. Un familiar directo de Emilio Fernández Tuñón obtuvo dos concesiones en Torrecilla de la Abadesa y Ana Isabel Suárez es administradora de la empresa Arsoltec, que obtuvo dos licencias para esa localidad vallisoletana. Suárez asegura que no ha participado en la tramitación de los proyectos.

Los responsables de la Junta insisten en que la vinculación de funcionarios de la Junta con este caso es "muy limitada, muy individual y muy localizada" y que el asunto se resolverá con la Ley de Incompatibilidades. El consejero José Antonio de Santiago agrega que si en el transcurso de la investigación se observa algún delito, el caso se enviaría a la Fiscalía. De Santiago aclara que las licencias para los huertos se conceden "a todos los concurrentes que cumplen los requisitos". Pero la oposición socialista está dispuesta a convertir el asunto en un caballo de batalla político y ya habla de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

www.elpais.es 25.08.08

Cinco funcionarios de alto nivel dimiten por favorecer a empresas con las que tenían vínculos

La Justicia decidió el jueves tomar cartas en el asunto y la Fiscalía provincial de León investigará si hay delito en el caso de la adjudicación de licencias de instalaciones de energías renovables por parte de la Junta de Castilla y León. Cinco altos funcionarios de la Comunidad ya han dimitido por haber participado presuntamente en concesiones en su propio beneficio o en favor de familiares cercanos.

Empresarios y procuradores socialistas en las Cortes castellanoleonesas consideran que la caída del entramado se veía venir. Según la parlamentaria del PSOE Inmaculada Larrauri, “la opacidad de los procedimientos de la Junta en este sector alienta este tipo de situaciones irregulares”.

Sin información pública

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) reclamaba el jueves transparencia en los procesos de concesión de cualquier tipo de licencia. La patronal considera que “cualquiera de los que han solicitado autorizaciones deben tener garantizado que los procedimientos están amparados por la regularidad, protegiéndose los derechos de todos los administradores solicitantes, empresarios y consumidores”.
Ahora, así lo aseguran los empresarios, quienes piden este tipo de permisos no pueden consultar en qué orden han entrado sus solicitudes en la Administración, ni conocer las razones por las que no les han sido dadas. ¿Por qué? Porque el Gobierno autonómico sólo hace públicas en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCIL) las concesiones a las que ya se ha dado el visto bueno.

El PSOE catellanoleonés, a través de su viceportavoz en las Cortes, Ana Serrano, ya ha exigido responsabilidades políticas a la Junta así como “que se reúna la Diputación Permanente” para que comparezcan el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso. Los socialistas quieren que expliquen todo lo ocurrido.

Investigación de la Junta

Los medios regionales de Castilla y León ya han bautizado a la trama como el ‘caso Lasarte’, en homenaje al ex secretario general de la Delegación de la Junta en León. Javier Lasarte fue, el pasado día 1, el primero en dimitir después de que se descubriera que sus empresas de energías renovables recibían licencias a través de la jefatura de Industria.

Coincidiendo con el día en que el escándalo vio la luz, la Junta inició una investigación interna, que ha resultado determinante en el cese de los demás involucrados. Además, estudió los casos de otros seis funcionarios del departamento de Industria que también participaban en compañías de energías renovables por si hubiese algún tipo de irregularidad en la concesión de licencias a las mismas.

El delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, aseguró, en declaraciones a Público, que “no tenía ningún conocimiento” sobre la participación de altos funcionarios en este tipo de prácticas y se comprometió en la lucha contra la corrupción, “con la tranquilidad de no tener nada que ocultar”.
La Fiscalía investiga ya el caso

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de León determinará si los funcionarios que ya han dimitido, así como los que están siendo investigados, han cometido algún tipo de delito. Según fuentes de la Delegación Territorial en León, los ceses dse han producido por la pérdida de la confianza en estos responsables nombrados ‘a dedo’, pero se desconoce si ha habido “responsabilidad penal”. El delegado, Eduardo Fernández, considera que, en todo caso, “se ha podido incurrir en tráfico de influencias o en negociaciones prohibidas a los funcionarios”, delitos tipificados en el Código Pena

EL AYUNTAMIENTO PIERDE OTROS 600.000 EUROS POR SEIS MULTAS MÁS PRESCRITAS A CONSTRUCTORES

El Partido Socialista de Salamanca ha desvelado que el Juzgado de lo Contencioso de Salamanca ha emitido seis nuevas sentencias declarando prescritas las multas impuestas por el Ayuntamiento de Salamanca a constructores que no abonaron su deuda de edificabilidad. El dinero que el consistorio no podrá recibir por estas sanciones asciende a 613.730 euros, lo que eleva hasta los 7,6 millones de euros la cantidad perdida por la caducidad de las transferencia.

El portavoz del PSOE en materia de Urbanismo, Joaquín Corona, recordó que el pasado 25 de junio, cuando aparecieron los primeros indicios de que muchas de las multas impuestas a constructores que no abonaron su deuda de edificabilidad podían haber prescrito, los concejales socialistas solicitaron crear una comisión especial de investigación que fue rechazada por el equipo de Gobierno popular.Transcurrido este tiempo, Corona señaló que «hoy podemos constatar que otros seis expedientes han caducado y se suman a los 25 que ya conocíamos, estamos hablando de 7,6 millones de euros que nunca llegaran a las arcas municipales·.

Corona manifestó su esperanza de que «antes de que finalice este proceso de investigación que el PSOE está llevando a cabo en solitario, alguien asuma alguna responsabilidad política, porque el dinero que sale por la puerta de atrás del Ayuntamiento lo tienen que pagar los salmantinos a través de la subida sangrante de las ordenanzas municipales».

Faltan 34 expedientes

Los seis nuevos expedientes caducados corresponden a obras realizadas entre 1992 y el año 2000 y en total suman 1.900 metros cuadrados de edificabilidad que los constructores emplearon de más, sin entregar ninguna contrapartida al Ayuntamiento. El anterior Plan General de la ciudad permitía ampliar la edificabilidad de un determinado solar transfiriéndola desde otro solar que pasaba a ser propiedad municipal.

El Partido Socialista insistió, sin embargo, en que la cantidad de dinero perdido por el Ayuntamiento al no poder cobrar las multas rondará finalmente los 15 millones de euros. Los 7,6 millones que los tribunales han declarado prescritos corresponden a 31 expedientes, sin embargo, aún quedan pendientes de resolución otros 34 expedientes con un volumen de suelo afectado de más de 4.000 metros cuadrados.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fernando Pablos criticó la gestión de Julián Lanzarote y recordó que sólo con el dinero ya oficialmente perdido «se hubiera podido congelar durante tres años el precio del autobús en vez de incrementarlo en el 80%».

Por su parte, el concejal de Economía y portavoz del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, consideró ayer «demagógicas» estas declaraciones del PSOE y, aunque aseguró que el consistorio «hará todo lo posible por cobrar el dinero a esos constructores». Señaló que «no es dinero que falte, nunca se contó con él porque la deuda de edificabilidad no se podía convertir en dinero, ha sido tras la anulación de las transferencias cuando hemos tratado de cobrarlo a través de multas».

(www.elnortedecastilla.es, 25/10/07)

EL ALCALDE DE SALAMANCA, LANZAROTE, PERDONA LA DEUDA A SU "AMIGO" CURTO

El Ayuntamiento de Salamanca habría perdonado una deuda multimillonaria al empresario de la Construcción Mario Curto. Este empresario cedió su chalet de Marbella al alcalde Lanzarote para pasar sus vacaciones de verano. Además ha tenido más escándalos como los del Gran Hotel o el Aparcamiento de los Bandos.

El constructor Mario Curto se excedió en 2.000 metros cuadrados en una promoción de viviendas en 1996. Los técnicos municipales le concedieron la licencia a cambio de una compensación que nunca se produjo.

Desde el Ayuntamiento sólo se inició un expediente de sanción nueve años después, con los plazos legales ampliamente rebasados. Por si fuera poco, el expediente sancionador estuvo seis meses parado y llegó al empresario un día después del plazo. Un juzgado acaba de sentenciar que el Consistorio ya no puede cobrar la multa, un 1.160.000 euros, casi 200 millones de las antiguas pesetas.

Se da la circunstancia de que este constructor le ha cedido varios años al alcalde salmantino un apartamento de lujo en Marbella en primera línea de playa, de más de 300 metros cuadrados, donde Julián Lanzarote ha pasado varios períodos de vacaciones junto a su familia.

Mario Curto estuvo relacionado con la operación Malaya, junto a su socio Pedro Roman, además, en Salamanca ha tenido más escándalos como los del Gran Hotel y sera uno de los grandes beneficiarios con la construcción del aparcamiento subterráneo en la plaza de los Bandos.

www.lavozdesalamanca.com, 27/09/07

La familia del s.gal del PP en Castilla y León se ahorró un millón de euros en una donación poco antes de que el terreno se recalificara

Novedades sobre la recalificación de terrenos en Salamanca que beneficia a la familia del secretario general del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Según ha sabido la SER, la familia del dirigente 'popular' pagó el impuesto de donaciones calculando el precio sobre suelo rústico, muy poco antes de que el terreno se recalificara, lo que le permitió ahorrarse más de un millón de euros. La oposición denuncia información privilegiada en este asunto

Aunque el suegro de Alfonso Fernández Mañueco compró ese terreno en 1969, no es hasta julio de 2005 cuando decide donarlo a sus tres hijos, pocos meses antes de su recalificación. De esta forma, se le aplicó el pago del impuesto sobre los 30.000 euros en los que se valoró la parcela y no sobre los tres millones de euros en que se puede tasar tras ser calificada de urbanizable. Así, y según los documentos conocidos por la Cadena SER, el suegro del secretario regional del PP pagó por el impuesto de donaciones poco más de 2.000 euros, cuando de haber efectuado el pago tras la recalificación habría tenido que desembolsar un millón de euros más. Ese dinero nunca llegará a ingresarse en las arcas públicas regionales.02-11-2006 CADENA SER

El Plan General de Salamanca recalifica terrenos de la familia de un consejero del PP

El susodicho agraciado con dos pelotillas colaboradores de pago

La recalificación como "suelo urbanizable no delimitado" de dos parcelas de 32,5 hectáreas que figuraban como "suelo rústico de entorno urbano", a las afueras del norte del casco urbano de la ciudad, fue denunciada ayer como "el mayor pelotazo urbanístico de la historia de Salamanca" por el grupo socialista en el Ayuntamiento. La propiedad del 10% de esos terrenos corresponde a la esposa y cuñados del secretario general del PP en Castilla y León y consejero de Presidencia del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco. Éste, al igual que el portavoz popular en la corporación municipal, ha negado cualquier trato de favor y sostiene que las condiciones de la recalificación no otorgan ninguna ventaja a los propietarios.

El grupo socialista formuló la denuncia durante el debate sobre la aprobación provisional, después de un proceso de 11 años, del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al presentar documentación sobre una situación abierta el pasado abril y cerrada la semana pasada. El portavoz socialista, Fernando Pablos, afirmó que "se trata de una recalificación política, iniciada a propuesta del grupo popular el día 5 de abril de 2006, en contra del criterio de los técnicos redactores del plan general, que desestimaron la alegación presentada por los propietarios de la superficie afectada".

El terreno se encuentra a la salida de la capital, en las inmediaciones del pabellón Multiusos, sobre las colinas de Las Cabezas y Peñiscas II. Los dos espacios, junto con otros tres cerros, figuraban en el PGOU como "suelo rústico de entorno urbano", en el que la Ley del Suelo de la comunidad autónoma prohíbe "las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada". Con la decisión tomada por el PP de eliminar de ese suelo las 32,5 hectáreas, al margen del informe técnico de los redactores, se podrán construir 73 viviendas de cien metros cuadrados sobre las lomas calificadas no urbanizables dados "sus valores paisajísticos como elementos morfológicos singulares". La mitad de las viviendas será de protección oficial y la otra mitad de precio libre.

Un lugar privilegiado

Según el informe aportado por el grupo socialista, "donde los criterios técnicos sólo preveían tierras de labor, ahora se podrán construir viviendas en un punto privilegiado, precisamente en el suelo en el que se encuentra la propiedad de la familia directa del consejero de la Junta, mientras que los otros tres sectores en las mismas circunstancias mantienen la condición de suelo rústico de entorno urbano". Igualmente se ha destacado que, para avalar la situación al no disponer de informe favorable de los técnicos redactores, se ha requerido un "informe de redacción local" (el arquitecto municipal), en el que se ampara el equipo de Gobierno. Ese informe, según Pablos, no se ha pedido para otros asuntos conflictivos del propio PGOU.

El responsable de Urbanismo del equipo popular de gobierno, Salvador Cruz, calificó de "ejercicio espectacular" las acusaciones socialistas, ya que, señaló, "es necesario recalificar suelo" y, en todo caso, las parcelas relacionadas con la propiedad de la familia de Fernández Mañueco "se han recalificado con el índice de edificabilidad más bajo de toda la ciudad, lo que no parece resultar muy favorecedor para permitir hablar de pelotazo".

En ese sentido, destacó que en ese terreno recalificado se ha introducido reserva de patrimonio público de suelo, e igualmente se fija la posibilidad de expropiación de los terrenos durante cuatro años a precio de suelo rústico. Para justificar el valor del informe de redacción local favorable frente al criterio negativo de los redactores del plan general, Cruz precisó que se trata de "un criterio técnico frente a otro criterio técnico".

El consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León y secretario general del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco ha afirmado que quienes han formulado las acusaciones "mienten y tratan de tapar sus propias vergüenzas". El consejero señaló que, suponiendo que le competa hablar en nombre de su mujer, a ésta "le corresponde la tercera parte de tres hectáreas, por tanto, es propietaria de una hectárea" del terreno adquirido en 1969 por su suegro, José Martín Méndez, alcalde de Los Villares de la Reina, que pagó 39.000 pesetas por el terreno, y que tiempo atrás entregó en propiedad a sus tres hijos.

Fernández Mañueco ha insistido en las condiciones de la recalificación, "con unos condicionantes que no resultan muy favorecedores".

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, ha comunicado que si el portavoz socialista no retira en el plazo de una semana "las ofensas" formuladas en el pleno municipal, acudirá al juzgado para denunciarlo. Fernando Pablos ha replicado que, en ese caso, aportará al juez la documentación sobre el caso, que supuso el contenido de su intervención.