Cobisa - Toledo

Tomado de "ABC"

La juez ve indicios de delito en el Gobierno de Barreda por el incendio de Guadalajara

Ó. CUEVAS/F. ROJO. GUADALAJARA.

La investigación judicial del incendio de Guadalajara en el que murieron once personas afecta desde ayer directamente al Gobierno de Castilla-La Mancha que preside el socialista José María Barreda. La juez de Sigüenza, María del Mar Lorenzo, emitió un auto en el que imputa por imprudencia grave al delegado provincial de Medio Ambiente, Sergio David González, y encuentra indicios razonables de un delito forestal para imputar también a la entonces consejera, Rosario Arévalo, aunque en este último caso deberá pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia por si estuviera aforada en julio de 2005.
El auto, al que ha tenido acceso ABC, también imputa a otro cargo socialista, el alcalde de Riba de Saelices, en cuyo término municipal se encuentra la barbacoa donde comenzó el fuego; así como a quien en julio de 2005 era director del Parque Natural del Alto Tajo (en cuyos límites está el paraje donde empezó el incendio), Rafael Ruiz.
La imputación de Samper y Rafael Ruiz tiene que ver con el estado de las infraestructuras de la zona donde estaba situada la barbacoa, su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se imputa al director general de un grupo empresarial que dota de material de lucha contra el fuego, Joaquín Baumela.
«Carencias importantes»
La implicación de Arévalo y González Egido supone un salto cualitativo en el procedimiento. Desde que la actual juez instructora se hizo cargo del sumario, el número de imputaciones ha ido creciendo paulatinamente (con la anterior magistrada sólo lo estaban los excursionistas que prendieron el fuego y el guía de la Cueva de los Casares), pero hasta ahora no habían afectado a altos cargos de la Administración castellano-manchega.
En el auto se señala que del contenido de las «numerosas diligencias practicadas» en el procedimiento «se desprende que existen indicios racionales para la imputación de la titular de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la fecha de producción de los hechos», y se apunta que en su actuación hubo «carencias importantes en cuanto al control del uso de las barbacoas, su vigilancia, la ausencia de medidas específicas y adecuadas, la defectuosa ejecución del Plan de Emergencias de incendios forestales de Castilla La Mancha, y defectos en la formación y en la actividad de extinción del incendio, todo en relación a las funciones que tenía encomendadas».
Al determinar que Arévalo podría ser persona aforada por el Estatuto de Autonomía en el momento de los hechos, la magistrada pone la situación en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por si éste reclama la remisión de las actuaciones. Ninguna de las nuevas imputaciones había sido solicitada por la acusación particular que representa a la mayoría de los familiares de víctimas, sino que ha partido directamente de la magistrada. La Fiscalía, hasta la fecha, tampoco ha solicitado más imputaciones.
«Nosotros habíamos decidido pedir las imputaciones del delegado y la consejera, además de otras, cuando acabaran de declarar en el juzgado los técnicos de la Junta, pero la juez se ha adelantado», señalaron a ABC desde el despacho de abogados que representa a la Asociación de Familiares. Estas mismas fuentes mostraron su «satisfacción» con el curso del proceso judicial y el trabajo de la juez de Sigüenza.
En el caso de que el TSJ consolide la imputación de la consejera, ya serían 26 los imputados, pues también lo están los excursionistas, el guía de la cueva, seis técnicos de Medio Ambiente de Guadalajara; tres trabajadores del 112, un ex alcalde de Riba de Saelices, el secretario del Ayuntamiento, un representante de la empresa Tragsa, y otro de la empresa de mantenimiento de un helicóptero que se averió en el fuego.
Desde la Administración regional, el actual consejero de Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, manifestó ayer que la Junta sigue respaldando a los cargos y técnicos imputados. El Gobierno regional insiste en que el incendio se controló «de manera eficaz». No obstante, Martínez Guijarro mostró su «respeto» a las decisiones judiciales.

La juez ve indicios de delito en el Gobierno de Barreda por el incendio de Guadalajara

Ó. CUEVAS/F. ROJO. GUADALAJARA.

La investigación judicial del incendio de Guadalajara en el que murieron once personas afecta desde ayer directamente al Gobierno de Castilla-La Mancha que preside el socialista José María Barreda. La juez de Sigüenza, María del Mar Lorenzo, emitió un auto en el que imputa por imprudencia grave al delegado provincial de Medio Ambiente, Sergio David González, y encuentra indicios razonables de un delito forestal para imputar también a la entonces consejera, Rosario Arévalo, aunque en este último caso deberá pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia por si estuviera aforada en julio de 2005.
El auto, al que ha tenido acceso ABC, también imputa a otro cargo socialista, el alcalde de Riba de Saelices, en cuyo término municipal se encuentra la barbacoa donde comenzó el fuego; así como a quien en julio de 2005 era director del Parque Natural del Alto Tajo (en cuyos límites está el paraje donde empezó el incendio), Rafael Ruiz.
La imputación de Samper y Rafael Ruiz tiene que ver con el estado de las infraestructuras de la zona donde estaba situada la barbacoa, su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se imputa al director general de un grupo empresarial que dota de material de lucha contra el fuego, Joaquín Baumela.
«Carencias importantes»
La implicación de Arévalo y González Egido supone un salto cualitativo en el procedimiento. Desde que la actual juez instructora se hizo cargo del sumario, el número de imputaciones ha ido creciendo paulatinamente (con la anterior magistrada sólo lo estaban los excursionistas que prendieron el fuego y el guía de la Cueva de los Casares), pero hasta ahora no habían afectado a altos cargos de la Administración castellano-manchega.
En el auto se señala que del contenido de las «numerosas diligencias practicadas» en el procedimiento «se desprende que existen indicios racionales para la imputación de la titular de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la fecha de producción de los hechos», y se apunta que en su actuación hubo «carencias importantes en cuanto al control del uso de las barbacoas, su vigilancia, la ausencia de medidas específicas y adecuadas, la defectuosa ejecución del Plan de Emergencias de incendios forestales de Castilla La Mancha, y defectos en la formación y en la actividad de extinción del incendio, todo en relación a las funciones que tenía encomendadas».
Al determinar que Arévalo podría ser persona aforada por el Estatuto de Autonomía en el momento de los hechos, la magistrada pone la situación en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por si éste reclama la remisión de las actuaciones. Ninguna de las nuevas imputaciones había sido solicitada por la acusación particular que representa a la mayoría de los familiares de víctimas, sino que ha partido directamente de la magistrada. La Fiscalía, hasta la fecha, tampoco ha solicitado más imputaciones.
«Nosotros habíamos decidido pedir las imputaciones del delegado y la consejera, además de otras, cuando acabaran de declarar en el juzgado los técnicos de la Junta, pero la juez se ha adelantado», señalaron a ABC desde el despacho de abogados que representa a la Asociación de Familiares. Estas mismas fuentes mostraron su «satisfacción» con el curso del proceso judicial y el trabajo de la juez de Sigüenza.
En el caso de que el TSJ consolide la imputación de la consejera, ya serían 26 los imputados, pues también lo están los excursionistas, el guía de la cueva, seis técnicos de Medio Ambiente de Guadalajara; tres trabajadores del 112, un ex alcalde de Riba de Saelices, el secretario del Ayuntamiento, un representante de la empresa Tragsa, y otro de la empresa de mantenimiento de un helicóptero que se averió en el fuego.
Desde la Administración regional, el actual consejero de Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, manifestó ayer que la Junta sigue respaldando a los cargos y técnicos imputados. El Gobierno regional insiste en que el incendio se controló «de manera eficaz». No obstante, Martínez Guijarro mostró su «respeto» a las decisiones judiciales

Porque no copias la sentencia que absuelve a el doctor Montes y dice que todo era una maniobra orquestada por la Comunidad de Madrid para desprestigiar la sanidad publica esa sentencia es firme y la señora presidenta de Madrid a quedado como una mentirosa y su consegero el señor Lamela como un inquisidor, no saben ni quieren pedir perdon a todos los usuarios de la salud publica que con las declaraciones que en su dia hicieron el señor Lamela y la señora Aguirre desconfiaron de la sanidad publica sin motivo ninguno, como a quedado MUY CLARITO,son unos mentirosos cada dia lo dejan mas claro, pero como son los aliados de la iglesia sus mentiras no son pecado.

UN SALUDO COMPAÑEROS.