Chozas de Canales - Toledo

Chozas de Canales: el peor ejemplo de la especulación inmobiliaria en España
Jueves, 11 de Abril de 2013 18:15 Redacción. Madrid
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Irregularidades urbanísticas. CCM vendió hipotecas de viviendas declaradas ilegales.

340 vecinos del municipio toledano de Chozas de Canales han visto cómo el Supremo ha declarado ilegales sus viviendas.


Isabel Cámara, letrada de los Servicios Jurídicos de Ausban "Se está pagando por algo ilegal"
Desde los Servicios Jurídicos de Ausbanc, la letrada Isabel Cámara está estudiando los diferentes casos y las posibilidades de plantear una acción civil contra las entidades financieras que concedieron los préstamos –Caja Castilla-La Mancha entre ellas, que fue la que concedió el préstamo al promotor–. El objetivo de esta acción sería lograr la anulación de los préstamos hipotecarios, y la devolución de lo que los clientes abonaron.
La letrada insiste en que no se pueden establecer criterios generales para todos los afectados, ya que es necesario analizar caso por caso: "las condiciones de cada uno son muy particulares; hay préstamos ya pagados, otros que se están pagando, varias entidades financieras que los concedieron, clientes que se subrogaron con CCM, otros que no...". La letrada recomienda también a los propietarios de los otros PAU que se informen.
Lo que sí es constatable es que los vecinos del PAU Z9 "están pagando ahora mismo unos préstamos hipotecarios por un objeto ilícito", tras la sentencia dictada por el Supremo.
Desde Ausbanc recomiendan a los afectados que se pongan en contacto con la asociación para concertar una cita, y que aporten la documentación que se indica en el cuadro que acompaña a esta página, a los efectos de que se pueda estudiar el caso concreto de cada cliente.

Imagine que, años después de estar pagando religiosamente su préstamo hipotecario al banco que se lo concedió, los tribunales declaran que su vivienda está fuera de la legalidad urbanística. Una auténtica pesadilla. Pues ésa es la triste realidad a la que se enfrentan más de tres centenares de familias que adquirieron viviendas en al llamado PAU Z9 del municipio toledano de Chozas de Canales, situado a unos 60 km. de Madrid.

Unas familias que han visto cómo el Tribunal Supremo declaró ilegales, el pasado mes de febrero, sus viviendas por encontrarse edificadas en suelo rústico, sobre arroyos y sin los correspondientes permisos urbanísticos.
Las dificultades a las que se enfrentan los desilusionados vecinos son múltiples: la sentencia del Supremo y el hecho de que las obras no hayan sido recibidas por el Ayuntamiento de Chozas de Canales, hacen que los propietarios no puedan contratar los suministros básicos como electricidad, agua o una línea de teléfono. En consecuencia, lo que prometía ser un moderno desarrollo urbano del municipio, se ha convertido en una triste realidad, que recuerda más a un campo de refugiados que a un barrio recién construido.

La denuncia que puso en marcha el proceso partió de Francisco Martín, vecino de Chozas de Canales y propietario de un terreno que lindaba con el PAU Z9. Martín denunció el acuerdo adoptado el 12 de mayo de 2004 por el Ayuntamiento socialista del municipio, que permitió la construcción del PAU. Un acuerdo que, como se ha puesto de manifiesto posteriormente, estuvo marcado por las irregularidades: se aprobó sin mayoría absoluta, y sin que constara el cumplimiento de las condiciones contenidas en los informes vinculantes de distintos organismos –entre ellos la Confederación Hidrográfica del Tajo o la Dirección General del Agua–.

La primera sentencia llegó en 2007, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló el acuerdo.

El recurso de casación interpuesto por el promotor Felipe Barbarroja sólo ha servido para retrasar el problema cinco años. En diciembre de 2011, el Tribunal Supremo rechazó el recurso y dio validez a la sentencia del TSJ.
Al margen de este procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado actuaciones por prevaricación y fraude contra el actual alcalde de la localidad, Ignacio Pitaluga, quien en su momento apoyó el PAU cuando era concejal, encabezó la moción de censura que apartó al anterior alcalde, contrario al PAU.
¿Y ahora, qué?

Tras conocerse la sentencia, el vecino que presentó la primera denuncia ha solicitado a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia que la sentencia sea ejecutada y se proceda al derribo de las viviendas. Un derribo del que debe hacerse cargo el propio Ayuntamiento de Chozas de Canales.

Además, también se ha pedido que la inscripción de las viviendas sea anulada en el Registro de la Propiedad de Illescas.

En el medio de este conflicto se encuentran los propietarios de las viviendas, que fueron vendidas originalmente por 110.000 euros, lo que eleva la cantidad que los clientes deben a las entidades financieras –CCM, principalmente– hasta los 37 millones de euros. Los vecinos afectados ya se están organizando, y el pasado 24 de febrero se reunieron con letrados de Ausbanc para informarse sobre las acciones judiciales que pueden emprender para solucionar este grave problema.