Casarrubios del Monte - Toledo

Cuando Cándido Conde-Pumpido alega que la Fiscalía no puede investigar a Bono basándose en informaciones aparecidas en la prensa, contradice la lógica de la democracia (donde los medios de comunicación desempeñan un esencial papel de control del poder); contradice la lógica jurídica y procesal; contradice nuestra historia reciente (la mayor parte de los casos de corrupción fue destapada por periódicos) y, sobre todo, contradice el criterio de la Fiscalía. LA GACETA recuerda hoy un decreto de 2001, firmado por el entonces fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en el que afirma textualmente que “ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impide la utilización de informaciones periodísticas como notitia criminis”, es decir, para iniciar una investigación. De hecho, la mayoría de las pistas seguidas por su departamento arrancó de informasiones periodísticas. Para muestra, un botón. Villarejo abrió diligencia en torno a Jesús Gil, el llamado caso Saqueo 1 de Marbella, apoyándose en revelaciones de prensa y citó a declarar a varios periodistas.

Pero el fiscal general del Estado echa por tierra ese criterio, por lo demás de puro sentido común, a la hora de poner las irregularidades de Bono bajo la lupa. Como si no hubiera motivos. Y como si no se cumplieran algunos requisitos que expone Villarejo, como la profusión de datos o reproducciones fotográficas de documentos. LA GACETA lleva publicadas decenas de informaciones sobre el incremento patrimonial de Bono y ha reproducido documentos tan relevantes como la firma del constructor Santamaría en el talón con que se pagaba la decoración de dos casas del político socialista. Por no hablar de otras tantas pruebas sobre adjudicaciones y presuntos tratos de favor. Son cosas que llamarían la atención a un estudiante de primero de Derecho y, en buena lógica, deberían tener el interés prioritario del fiscal general del Estado.

Pero Pumpido se ha negado a investigar el caso Bono. Y lo ha hecho de la manera más escandalosa: primero, filtrando a sus medios amigos los falsos planteamientos que le han llevado a dar carpetazo al caso, y después, ocultando la verdad al decir que había dado respuesta a los escritos presentados por el Partido Popular ante su fiscalía. Es obvio que el ministerio público exhibe una doble vara de medir lo cual atenta contra el principio de legalidad. La actitud obstruccionista de Conde-Pumpido en el caso Bono es la de un abogado general del Gobierno, que contradice a su colega Villarejo, cuando en 2001 denunciaba que “hay intereses de oportunidad política que frenan investigaciones”.

Pumpido y Villarejo han seguido carreras en buena parte coincidentes: ambos han usado sus puestos para ponerse al servicio del PSOE y ambos han sido utilizados por el PSOE para atacar a la derecha y a su electorado. Y Villarejo, siempre bastante radical, ha endurecido recientemente su perfil ultramontano, llegando a presionar al Supremo para defender al indefendible Garzón. Pero, al César lo que es del César, la doctrina Villarejo tiene coherencia jurídica y coherencia democrática.

El caso Bono requiere, con urgencia, que Pumpido aplique la doctrina de su colega ideológico. Eso sería lo propio de un Estado de derecho. Desgraciadamente, no parece que vaya a hacerlo. Tiene perfectamente claro quién lo ha puesto y para qué lo ha puesto.


FUENTE: https://ww.intereconomia.com/noticias-gaceta/opinion/pumpido-evidencia

Atte U.P

Yo tampoco creo que lo investiguen, hay muchos intereses creados y como tu dices ellos saben quien la a puesto y el porque le ha puesto.

Esto no hace mas que darme la razón, siempre digo que quitando una minoria de politicos todos van a llenarse los bolsillos, y despues que me quiten lo bailao.

saludos

EJQUE COM OSOIS DE ENVIDIOSOS: MI PADRE ERA TENDERO Y MI ABUEL OARRIERO (TENIAN COCHE CUANDO NADIE LOS TENIA, PERO ESO NO TIENE NADA QUE VER)

No teneis nada que decir "rojitos"??? no decis nada!!!???

Atte U.P