Casarrubios del Monte - Toledo

EN OLÍAS DEL REY, TOLEDO
Un concejal socialista del pueblo donde vive Bono beneficia a su constructor. Según La Gaceta, el concejal socialista Miguel Ángel de Paz está construyéndose un chalet en unos terrenos de Olías del Rey en unas obras a cargo del mismo constructor que se ha beneficiada de diversas adjudicaciones municipales, incluyendo la piscina y unos extensos terrenos.

De Paz, que ejerce el cargo de concejal de Urbanismo del PSOE en Olías del Rey, está relacionado con el empresario Antonio Gil de Almirán, propietario de la empresa Adranstser SL. La compañía, dedicada a construir obras de ingeniería civil y que está actuando en los terrenos de dicha localidad toledana, ha recibido la concesión de las obras de la piscina, sino también de una parcela adjudicada de manera irregular.

Olías del Rey, explica La Gaceta, es la localidad donde reside el presidente del Congreso José Bono, en el centro de la polémica por las obras del lujoso piso que ha comprado a su hijo en Madrid.

El alcalde de Olías del Rey es Luis Miguel Hernández Martínez, socialista que llegó al consistorio en el año 2003, explica La Gaceta. Fuentes cercanas al mismo aseguran que “de Paz compró un solar en el pueblo, cosa normal y que puede hacer cualquier ciudadano. El concejal de deportes, Juan José Mesa, adquiere otro, justo al lado del de su compañero de partido. Uno linda con el otro. Al poco tiempo, el concejal de Urbanismo empieza a realizar la obra en su parcela con la empresa Adranstser SL. En el terreno del otro político socialista se ha empezado hace poco con el encofrado ya mover tierras”.

Según prosigue La Gaceta, De Paz cobra 1.734 euros del ayuntamiento por su trabajo como concejal, y su mujer es administrativa de la Junta. Un hermano suyo fue chófer de José Bono. Por su parte, Juan José Mesa es camionero en Instrucciones Toledo y su mujer empleada de hogar. “Hasta aquí todo correcto” –dice la fuente de La Gaceta-, pero “lo sospechoso empiezar cuando al constructor que hace la obra se le da el contrato para que haga la piscina del pueblo, con un presupuesto que ronda los 300.000 euros. Mientras se le adjudica esta obra, sigue con su trabajo en la casa del responsable de Urbanismo”.

No acaba ahí: a finales de 2009 el Ayuntamiento sacó a la venta una superficie del consistorio, pero después de que la venta no se produjese, fue adjudicada –de nuevo- al constructor antes señalado con el voto a favor del concejal socialista. Esta adjudicación se produjo en el pleno del 21 de diciembre de 2009. El terreno, no por casualidad, está situado justo enfrente de la parcela donde los dos concejales están haciendo sus particulares obras, separada de ellas tan solo por una carretera, publica La Gaceta.

Fuentes del PP de Castilla-La Mancha lo consideran “denunciable y éticamente poco responsable”. En su momento, el partido votó a favor de dicha adjudicación al no tener conocimiento de la votación de que el adjudicatario estaba constuyendo los chalets de los concejales socialistas.

Osea que yo no estaba desacertado cuando un dia dije que bono era mucho bono, esto acaba de empezar.

Borrado por su Autor.

PSOE a tope: Buenas y soleadas tardes, veamos:

Publicidad fantasma en Madrid

El Gobierno regional pagó 1,25 millones por una campaña de la que no existe constancia. Una proveedora de la trama Gürtel ganó el contrato justo antes de las elecciones de 2007

La campaña era previa a las elecciones autonómicas de 2007, en las que Aguirre revalidó su mandato. -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid pagó 1.250.000 euros en 2007 a una empresa proveedora de la trama Gürtel por una campaña de publicidad de la que no existe constancia que llegara a realizarse nunca.

El contrato, suscrito por el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, con la empresa Marketing Quality Management (MQM) fue reclamado por la diputada de Izquierda Unida (IU) Reyes Montiel poco después del estallido del caso Gürtel, pero esta ha tardado casi un año en poder acceder al material. El expediente muestra cómo la empresa ganó la adjudicación y cinco meses después se la exoneró de elaborar más del 80% de los compromisos adquiridos, pese a lo cual se le pagó la totalidad del contrato.
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Matas fraccionó contratos igual que Aguirre y Camps

Madrid y Valencia aplicaron ese sistema a empresas de la Gürtel

El Gobierno de Jaume Matas utilizó la técnica del circuito cerrado -adjudicaciones a dedo- para la agencia Nimbus, que, a su vez, financiaba al PP, aplicando el mismo sistema que la Generalitat Valenciana y el Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre emplearon con las empresas de la trama Gürtel. Las adjudicaciones se fraccionaban para que su importe unitario nunca excediera los 12.020 euros, el límite máximo que la ley marcaba hasta finales de 2007 para los llamados contratos menores, aquellos que se otorgan sin concurso ni expediente administrativo de ninguna clase.

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El Fiscal ve indicios para que el Supremo investigue adjudicaciones de su etapa como consejero de Fomento

El presidente del Parlamento de Castilla y León, en el punto de mira de la Gürtel

Se estrecha el cerco en torno al presidente del Parlamento de Castilla y León y ex consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago (PP). Tal y como cuenta el diario El País, la Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido al juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que remita al Supremo las últimas conclusiones policiales sobre la implicación de nuevos aforados en la Junta castellano-leonesa. Anticorrupción ve indicios de delito suficientes para proceder a nuevas imputaciones en la adjudicación de las obras de la carretera de Olleros del Alba a la empresa Teconsa, una contratación que supuestamente se produjo previo pago de comisiones a cabecillas Gürtel y a altos cargos como el ex consejero Fernández Santiago, el ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino. Los dos últimos ya han sido imputados por el Supremo.

Y digo yo, ¿seguimos poniendo datos?. Salud

PSOE a tope: Buenas y alucinantes tardes,

"Vamos a intentar hacer en España lo que Jaume y todos vosotros hicisteis en Balears"
( Rajoy. Noviembre 2004. XI Congreso Regional del PP en Baleares )

Lo que según el Fiscal hizo Matas como Pte del Gobierno de Baleares

Prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal cuya pena es de inhabilitación que se comete con la adjudicación ilegal y arbitraria a Shurmann y la imposición de colaboradores y más tarde con la rescisión del contrato a Shurmann y la contratación sin concurso a GR-1 SL por 8,5 millones de euros pese a los informes jurídicos sobre la ilegalidad de las actuaciones, así como los distintos concursos públicos de obras y las correspondientes adjudicaciones [para la construcción del velodromo Palma-Arena].

Fraude a la Administración del artículo 436 del Código Penal, cuya pena alcanza los tres años de prisión, que se produce cuando Matas se pone de acuerdo con el delegado de FCC para adjudicar un contrato de manera ilegal (2,2 millones de euros lote 1.B) y cuando se concierta con la UTE FCC y Melchor Mascaró para otros contratos (lote 2.A por 19 millones y complementarios y modificados).

Malversación de caudales públicos del artículo 432.1 del Código Penal, cuya pena alcanza los seis años de prisión, cuando Matas ordena dar un contrato menor de 12.000 euros a Jorge Moisés para realizar un estudio que nunca se realizó; cuando Matas permite el pago a la UTE por trabajos no realizados o a precios superiores en un 400% al efectivamente pagado; cuando Matas permite que parte de los fondos públicos pagados a GR-1 SL se desviasen al pago a otros fines, entre ellos 500.000 euros a Nimbus Publicidad; cuando Matas ordena que se paguen unos 200.000 euros al periodista Antonio Alemany y que se simule un expediente de contratación con Nimbus que presentaría facturas falsas de trabajos inexistentes y que luego transfería al periodista; cuando Matas ordena pagar una subvención de 450.000 euros a una empresa de Antonio Alemany presionando a los funcionarios para que le dieran la máxima puntuación posible y habiendo subvertido las bases de la subvención para que le fuera otorgada a esa empresa.

Delito electoral cuando se ocultan gastos electorales a las autoridades competentes, en concreto cuando Nimbus Publicidad asumió una serie de gastos de la campaña electoral de 2007 que no facturó ni cobró al partido que presidía Matas y que administraba el cuñado de Matas. Así como cuando otros trabajos fueron cobrados en dinero negro o B que no fue declarado.

Penas posibles. Cabe la posibilidad de que la conducta del imputado sea sancionada con más de 24 años de prisión (la triple de la pena más grave). La medida cautelar solicitada se considera necesaria para asegurar la presencia del imputado en el proceso al existir el riesgo de fuga que a continuación se detalla. Para evitar la ocultación y destrucción de las fuentes de prueba relevantes para la investigación. Se considera que existe peligro de fuga por cuanto la gravedad de las penas que se pueden imponer genera por sí mismo un peligro fundado de que el denunciado pretenda evadirse de su posible imposición.

Y digo yo queeee. Salud