Casarrubios del Monte - Toledo

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PSOE a tope: Buenas y clarificadoras tardes, decíamos que... Salud

Una grabación anterior a que estallara el caso Gürtel recoge cómo El Bigotes alerta a Costa de que algo está ocurriendo y le pide que vaya a su despacho para hablar del problema

De que las cosas se estaban poniendo feas se percató Álvaro Pérez, el hombre de Francisco Correa en la Comunitat Valenciana, antes de que intuyera que podía tener pinchado el teléfono. De haberlo sabido quizá habría sido más prudente en una de las conversaciones que mantuvo con el secretario general del PP en la Comunitat antes de que estallara la operación Gürtel y que el secretario general del PP y portavoz popular en las Corts, Ricardo Costa, tuvo que escuchar el martes pasado durante su comparecencia ante el juez José Flors.

En la grabación se oye cómo Álvaro Pérez, El Bigotes, le pide a la mano derecha del jefe del Consell que vaya a su despacho para hablar porque, dibuja gráficamente, "tenemos un marrón". Frente al nerviosismo del responsable de Orange Market, Costa parece asumir la cuestión con calma e incluso le dice a su ahora compañero de proceso que no sabe a qué viene tanta preocupación.

Ésta es sólo una de las pruebas que forman parte de la investigación por cohecho que está llevando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, su mano derecha Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, además de El Bigotes.

8,2 millones en cinco años

Todos ellos han prestado declaración esta semana y han escuchado grabaciones dentro de una instrucción que pretende esclarecer si existe relación entre los trajes que presuntamente pagaron firmas del entramado empresarial de Francisco Correa -para regalárselos a los imputados- y las adjudicaciones a las empresas de la trama corrupta por parte de la Generalitat. Entre los contratos públicos y los firmados con el PP suman 8,2 millones sólo en los últimos cinco años.

Los testimonios que el magistrado ha escuchado esta semana son sólo una parte de la instrucción que ha de completarse con el análisis de numerosa documentación. Para ello, la Fiscalía Anticorrupción está valorando recurrir a la Agencia Tributaria o a censores de cuentas. Entre las grabaciones se encuentra la del ex director de ventas de las tiendas donde se adquirieron los trajes, José Tomás, quien ha ratificado en el TSJ que Camps nunca pagó y que lo hacían empresas de Correa.

A los papeles que ya obran en poder del juez Flors se sumarán también otros documentos que en la actualidad se encuentran bajo secreto de sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dentro de la pieza principal de esta causa, que serán remitidos a Valencia para su análisis en cuanto se levante la medida.

A estas pruebas se unirá ahora la práctica de diligencias que plantee la nueva parte, en caso de que el magistrado acepte la personación en el proceso que el PSPV hará efectiva en los próximos días. Esto, sin duda, prolongará una investigación que, fuentes cercanas al caso, aventuraban rápida hace menos de quince días.

Tanto es así que incluso estaban convencidas de que las declaraciones de esta semana prácticamente iban a ser una antesala al fin del caso en lo que al jefe del Consell respecta, para quien se vaticinaba el archivo de unas actuaciones que habrían seguido abiertas para el resto de los imputados y de las que Costa sería el que peor parado saliera.

No obstante, la causa sigue viva a la espera de que Flors concluya sus indagaciones y opte por abrir juicio oral para uno, varios o todos los imputados o la archive.

www.levante-emv.com 24.05.09

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PSOE a tope: Buenas tardes, no vale cualquier cosa, con tal de mentir, hasta para eso hay que saber. Salud

'No es incompatible, porque la hija de Chaves no es la dueña de la empresa', dice la Junta

Manuel María Becerro | Sevilla
Actualizado martes 26/05/2009 15:50 horas


El portavoz de la Junta de Andalucía, Manuel Pérez Yruela, ha descartado esta tarde que el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, incumpliera la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos andaluza antes de dimitir como presidente autonómico al no inhibirse en la concesión de más de diez millones de euros de ayuda a una compañía minera Matsa en la que estaba apoderada su hija, Paula Chaves Iborra, porque ésta "no es la dueña de la empresa".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Pérez Yruela ha obviado el contenido de la Ley 3/2005 que podría haber vulnerado Chaves, que en su artículo 7 obliga a todos los altos cargos andaluces "a inhibirse del conocimiento de cualquier asunto en cuyo despacho hubiera intervenido o que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiese tenido alguna parte cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil".

Pérez Yruela ha ocultado las facultades directivas de Paula Chaves presentándola como una simple "empleada" de Matsa pese a que en el Registro Mercantil de Huelva figura —desde el 12 de noviembre— como apoderada con atribuciones totales, que la habilitan incluso para "comparecer ante cualquier oficina o funcionario de la comunidad autónoma e instar, seguir o terminar toda clase de expedientes", o para "solicitar, tramitar, obtener y, en su caso, ceder, adquirir o transmitir licencias, concesiones y autorizaciones administrativas de todas clases".

El portavoz del Gobierno andaluz también quiso restar valor administrativo a la ratificación por parte de Chaves de la ayuda, aludiendo a que la decisión la tomó la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y no Presidencia de la Junta, aunque en el Boletín Oficial de la Junta de 4 de febrero quien firma el otorgamiento de la ayuda es el ex presidente autonómico.

Preguntado sobre si considera ético o estético que la ayuda se aumentara en más de tres millones de euros justo después de entrar en la empresa Paula Chaves, Pérez Yruela señaló que "los juicios de carácter moral o ético están fuera de las normas administrativas, que tienen que ver con que las cosas se cumplan y que se hagan conforme a la legalidad y la normalidad de los procedimientos establecidos".

Nada, nada , que la mierda de unos no lavan la de los otros.
Un asqueado saludo

Psoe a tope, lamento decirte una vez mas, que patinas.
Todo el mundo debe saber que ser politico acarrea muchos problemas a la familia.
Resulta que los mas prestigiosos juristas afirman que es contrario a la ley el voto del Sr. Chaves. Deberia haberse abtenido y no haber votado a favor como hizo. Seria recomendable informarse antes de de defener a unos u otros.

PSOE a tope: Buenos días, patinar, patinar...me encanta, pero que ciertos políticos sean tan rastreros y mezquinos, demuestran su incapacidad para poder llegar. Salud


REPORTAJE
Paralítica, pero no dependiente
La Comunidad de Madrid suspende la solicitud de ayuda de una niña con parálisis cerebral hasta que esté "estable" - Ningún técnico la ha valorado

CARMEN MORÁN - Madrid - 27/05/2009

Chaymae está depositada en el sofá, sin que se sepa bien adónde mira. De vez en cuando, de su garganta sale algún sonido que la familia dice interpretar: quizá tiene sed o hambre. Es todo. Nació así hace 10 años, con parálisis cerebral infantil severa y "no se espera ninguna modificación significativa de sus déficit motores", según reza su último diagnóstico. Es una persona absolutamente dependiente de los cuidados ajenos.

El abogado espera una respuesta al recurso, no "bromas de mal gusto"

Para atender casos como el suyo se aprobó en España hace dos años la Ley de Dependencia. Los padres solicitaron en abril del año pasado alguna de las ayudas previstas. Enviaron los documentos y se interesaron por la evolución del proceso. Por último, se acogieron a los servicios de un abogado, el mismo que lleva los trámites a otras familias en circunstancias parecidas, en Alcorcón (Madrid).

Y al cabo de un año ha llegado la carta: se suspenden los trámites "hasta que el solicitante se encuentre en situación médica estable". O sea, un milagro. Entonces la familia deberá volver a comunicar por escrito que ha acabado la rehabilitación y adjuntar un informe de salud actualizado. Nadie ha ido a casa a valorar su situación por ese motivo. "A la espera de qué, si siempre está igual", se preguntan en su casa.

El padre, un albañil marroquí que ahora está en paro, Omar Ait Hand Ou Aissa, levanta el brazo de la criatura para demostrar que es prácticamente de trapo. La madre no dice palabra, sólo coge la mano de la niña en un jugueteo que no es recíproco. Poca cosa con Chaymae pasa de ser un monólogo sordo.

La hermana mayor, que estudia para auxiliar de enfermería, explica la situación: "Un autobús la recoge por las mañanas y la lleva al colegio, un centro especial para niños como ella, el Severo Ochoa, y vuelve a las cuatro y media o así". Después, incluidos los fines de semana, está al cargo de su madre, "que tiene problemas de corazón". Ahora también del padre, que espera trabajar de nuevo algún día. Cuando eso ocurra le darán la hipoteca y podrá trasladarse al piso nuevo que les concedieron, del que ya han pagado 19.500 euros. Pero ahí está, cerrado, esperando que el hombre recupere su jornada laboral y algún banco le conceda una hipoteca.

Mientras tanto, cobra el paro, y por la discapacidad de la niña la familia percibe una ayuda del Gobierno de 1.000 euros anuales. El padre despliega todos los papeles encima del hule que cubre la mesa. Viven en un edificio humilde, una de esas torres con cuatro vecinos por rellano, donde se preserva la dieta mediterránea sin contemplaciones. A la salida del colegio los niños preguntan en la escalera. "¿Qué hay de comer?". "Lentejas, si quieres las tomas, y si no, las dejas", contestan madres y abuelas.

La madre de Chaymae también está liada con los peroles y se seca las manos aprisa para recibir al que llega.

Pero el que tenía que llegar no aparece. Un valorador debería haber visitado a la niña en casa. No lo ha hecho. Aunque son inmigrantes, la Ley de Dependencia les ampara porque llevan más de cinco años en España. "¿Será racismo?", se pregunta la hermana. A la vista de los resultados que presenta esta comunidad en su gestión de la dependencia, como ayer mismo puso de manifiesto el Defensor del Pueblo en su informe anual, no parece que el racismo sea el problema. El abogado que lleva este caso, José Ausín, sólo espera una respuesta a su recurso de alzada. Cartas como la que han recibido "no son más que una broma de mal gusto".

Ajena a todo lo que pasa, la niña chica, sí, como la de Los santos inocentes, sigue tendida en el sofá. Para montarla en su carrito, dice el padre, se necesitan casi tres personas. Su movilidad es nula, como un pequeño alambre liado entre cojines.