Albarracín - Teruel

El problema de la inmigración ilegal y masiva se ha enquistado y empieza a cundir el desánimo entre la población y la desorientación del gobierno que ya no sabe que excusas urdir para salir airoso ante el descontento de nuestra población.

Si el año pasado estallaba la crisis de las vallas de Ceuta y Melilla, resueltas solamente con la inyección de 40 millones de euros a Marruecos, este nuevo curso político se inicia con la crisis de los kayucos. El año pasado el gobierno salió airoso afirmando que la culpa no era del “efecto llamada”, sino de la pobreza… Caldera ha intentado dar el mismo argumento un año más tarde, sosteniendo exactamente los mismos argumentos.

La inmigración ha quemado al ministro Caldera y, en buena lógica, debería ser uno de los futuros cesados. Pero la lógica no rige para el gobierno ZP.

Lo realmente grave es que, sumando una media de 1.500 nuevos inmigrantes al día que entrar por Barajas, en patera, en kayuco, en autobús por los Pirineos, más la reagrupación familiar… 2007 terminará con 6.000.000 de inmigrantes. Algo insoportable para la sociedad y el erario público español.

Este país no es rico, nuestros recursos económicos son limitados y no permiten un régimen de subsidios masivos abordados desde hace 20 años en Europa, sin desequilibrar gravemente nuestra economía.

Aproximadamente el 50% de los inmigrantes constituyen una “fuerza no productiva”, esto es, subsidiada: unos por que están en paro, otros por que están de baja laboral, otros por que son menores, otros por que son delincuentes, otros por que son mujeres y ancianos que han llegado aquí por reagrupación familiar pero que pertenecen a grupos nacionales en los que la mujer no trabaja, y otros, simplemente, porque trabajando como autónomos no pagan su cuota mensual, otros porque son ilegales… el caso es que estamos por encima del 50% (en cifras absolutas en este momento, en torno a 2.500.000 de inmigrantes) situado fuera del mercado laboral: subsidiado.

Todo lo que hemos conocido hasta ahora en materia de crisis de inmigración, no va a ser nada comparado con lo que se nos viene encima en todas las áreas sensibles en las que la inmigración tiene un peso decisivo: paro y delincuencia, violencia doméstica y aumento del precio de la vivienda, formación de guetos y tensiones étnicas, religiosas y sociales…

La crisis de la inmigración va a ser el gran riesgo que tendrá que afrontar el gobierno ZP para su reelección en 2008

fuisteis ayer a la feria de Orihuela?

a la feria de orihuela no pude ir q tal estubo??

de PM. Había animalicos a punta pala. y vendían cosas buenismas. y no subio nadie en cayuco ni nada

Como les ha contado la COPE, existe una orden de la comandancia de la guardia civil en Almería, con fecha 31 de julio por la que se dice textualmente: “Debido al estado de colapso en que se encuentra la Comisaría Provincial, motivado por el elevado numero de inmigrantes detenidos en los últimos días, se recomienda a todas las unidades dejen hasta segunda orden la detención de inmigrantes por estancia ilegal, salvo que concurran circunstancias en esos inmigrantes como verse implicados en delitos, auxilios, etc”. La nota de la comandancia, a la que ha tenido acceso la COPE, pide que se encaminen prioritariamente todos los servicios de la Guardia Civil a la detención de aquellos que pretenden entrar en territorio nacional. Ante estos hechos, la popular Ana Pastor ha exigido que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aclare “de forma urgente” si es cierto, ya que entonces las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habrían tenido que actuar “en contra de la ley”. Fuentes de la propia Benemérita han asegurado a la Cadena COPE que la orden tiene su origen en una instrucción del Subdelegado del Gobierno en Almería y afirman que aún sigue vigente, puesto que “no han recibido” ninguna indicación que diga lo contrario. La Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) ha dicho que está "pendiente" de recibir el escrito para iniciar acciones legales. Para su portavoz, Carlos Espinosa, no pueden acatar una orden que "incumpla la ley", ya que podría suponer un delito hasta de prevaricación.