Reus - Tarragona

Más de 150 municipios votarán por la independencia

Podrán votar los mayores de 16 años que demuestren estar empadronados en los municipios

La Comisión electoral nacional de control y verificación se ha presentado con el objetiu de ser el órgano que se encarga de elaborar el reglamento electoral que guiará el proceso electoral durante la Consulta nacional sobre la independencia del próximo 13 de diciembre y velará para garantizar su legalidad. Este equipo de profesionales está formado por Josep Cruanyes, David Vinyals, Josep Lluís Rodriguez, Carme Sansa i August Gil Matamala.

Éstos han explicado que la Comisión ha sido la encargada de establecer una serie de criterios básicos que seguirán todos los pueblos: la organización de la votación, el día 13, el sistema informático que validará los resultados en las mesas y permitirá el recuento a todos los municipios, y la posibilidad de ejercer el voto anticipado.

Con respecto a los datos estrictos de la Consulta, Josep Lluís Rodriguez ha explicado que finalmente 153 municipios votarán sobre la independencia el día 13 de diciembre, lo cual incluye un censo de unas 630.000 personas aproximadamente. Tendrán derecho a voto, ha explicado, a aquellas personas mayores de 16 años que demuestren que están empadronadas al municipio. Si se cumple esta condición, podrán ejercer el derecho a voto también los residentes europeos y los no comunitarios. El horario de votación será de las nueve de la mañana a las ocho de la tarde.

David Vinyals ha explicado que se ha creado un sistema informático común a todas las consultas con el fin de centralizar los datos de participación y los resultados, así como para garantizar que ninguna persona podrá votar dos veces. Ha explicado también que el sistema garantiza el absoluto el anonimato de los votantes.

Para acabar, Cruanyes ha querido recordar que las consultas representan una actividad legal y legítima y que, en este sentido, cualquier entidad local puede pedir a su Ayuntamiento el uso de un espacio municipal con las mismas condiciones que otras entidades y acontecimientos. Si eso no se cumpliera, los consistorios "estarían atacando directamente la libertad de expresión" de un colectivo de ciudadanos.

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