Cambrils - Tarragona

La crisis no es ningún impedimento para el Gobierno, al que no le tiembla el pulso para firmar subvenciones ni siquiera en un contexto social con más de cuatro millones de parados. Y menos si están relacionadas con la Memoria Histórica. El Ministerio de la Presidencia incrementó el pasado 24 de marzo en un 47% la cuantía destinada a subvencionar a asociaciones vinculadas con esta ley. La orden PRE / 786 / 2010 reserva un total de 5.681.000 euros a asociaciones que presenten proyectos destinados a favorecer las tesis que sustentan la Ley de Memoria Histórica durante 2010. La anterior convocatoria, dictada el 3 de diciembre de 2008 para las ayudas otorgadas durante 2009, cifraba la cuantía en 3.870.000 euros.

La convocatoria para 2010 –la cuarta desde que el Gobierno comenzó a dar estas ayudas– cuenta con otras novedades añadidas respecto a los años anteriores. Entre ellas, y como medida principal, la reserva de la mitad de la cuantía para la financiación de programas de exhumación de cuerpos de personas fallecidas durante el periodo que engloba a la Guerra Civil y el franquismo.

El Ejecutivo tiene la intención de “dar prioridad a los proyectos de indagación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas”, explica la orden ministerial publicada ayer por el departamento de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

Asimismo, este año “se incluyen entre las actuaciones subvencionables” los programas que aborden entre sus actuaciones el enterramiento de cadáveres después de su identificación, así como “la dignificación de los lugares” en los que van a descansar esos cuerpos, que anteriormente ha sido sacados de fosas comunes en la mayoría de los casos. Se trata de un paso que la ley considera necesario para “culminar de forma digna” todo el “proceso de búsqueda de las víctimas por parte de sus familiares”.

La nueva Historia

La nueva convocatoria trata de ampliar el ámbito de actividades subvencionables y no sólo se limita a satisfacer las peticiones de los familiares de los fallecidos, sino también a tratar de que se aporten todos los detalles que sean posibles y que ayuden a completar un mejor dibujo de la Historia. En este sentido, la orden “propone la posibilidad de subvencionar la elaboración de censos de vestigios relativos a la Guerra Civil y al franquismo”.

En la misma línea, el Ministerio de la Presidencia incluye entre los potenciales beneficiarios de las ayudas a los centros universitarios. Argumenta que se hace así “con el fin de reconocer la labor realizada por las mismas (las universidades), tanto desde el ámbito de la investigación como del homenaje y la divulgación”.

Por último, “con el fin de agilizar el procedimiento de concesión de subvenciones”, explica el texto publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “se ha sustituido la práctica de las notificaciones individuales de la propuesta de resolución provisional por la de su publicación en el BOE y en la web del ministerio”.

Como en años anteriores, el dinero público volverá a destinarse a “la instalación de placas u otros elementos conmemorativos y la realización de actividades de homenaje y/o de reconocimiento de personas, colectivos o acontecimientos relevantes” relacionados con el acuñado concepto de Memoria Histórica. También con la “recopilación, conservación y difusión de testimonios orales de las víctimas directas de la Guerra Civil y del franquismo”, que en estos momentos se consideran de enorme valor, ya que serían aportados mayormente por personas de avanzada edad. Esta línea estaría muy vinculada con la Universidad, donde actualmente se desarrollan varios proyectos de investigación en el mismo sentido.

Por otra parte, y con intención de servir como cajón de sastre que permita incluir cualquier otro proyecto relacionado que pudiera presentarse y que contase con interés, la orden apunta lo siguiente dentro de los proyectos potencialmente subvencionables. “Cualesquiera otros que tengan por objeto la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento moral a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo”, concluye la normativa.

Antes de ocupar el cargo de primer ministro, Gordon Brown fue durante muchos años la mano derecha de Tony Blair en el anterior Gobierno británico. Sin embargo, su gestión al frente de la cartera de Hacienda está ahora en entredicho debido a su decisión de poner a la venta las reservas de oro del país.

Entre 1999 y 2002, Brown ordenó vender 395 toneladas de oro de las 715 que en total poseía el Banco de Inglaterra -más de la mitad de las reservas-, justo cuando su precio marcaba su valor mínimo en 20 años. Desde entonces, el precio del metal amarillo se ha multiplicado por cuatro y, en la actualidad, cotiza cerca de los 1.100 dólares por onza.

Brown vendió el oro británico en 17 subastas celebradas entre 1999 y 2002, a un precio que osciló entre los 256 y los 296 dólares por onza. El dinero obtenido por la venta de estos activos se invirtió en la compra de moneda fiduciaria, en concreto, dólares, euros y yenes. Sin embargo, en los últimos años el precio del oro se ha disparado. Como resultado de dicha venta, los contribuyentes británicos han perdido ni más ni menos cerca de 7.800 millones de euros.

Una cifra muy superior a las pérdidas que han sufrido los contribuyentes españoles (1.500 millones entre 2005 y 200, después de que el ex ministro de Economía Pedro Solbes pusiera en marcha una operación similar de venta de oro en manos del Banco de España.