Cambrils - Tarragona

El presidente del PP y de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, utiliza prácticamente a diario y en horario laboral al chófer de la institución provincial para tareas domésticas. El empleado provincial recoge habitualmente a los nietos del dirigente orensano a la salida del colegio antes de las 13 horas. El funcionario conduce para esta labor un Audi de propiedad privada y espera en la puerta de un céntrico colegio religioso de la ciudad, ante la presencia de las dos abuelas de los menores, para trasladar a los nietos del presidente a su domicilio.
Baltar ha contratado como chófer para la presidencia de la institución provincial a un ex policía, como "asesor técnico de seguridad" de la institución. Aunque goza de despacho propio, su misión habitual es transportar al presidente, que le ha creado una plaza con sueldo de 47.273 euros anuales, según consta en los Presupuestos de la Diputación. Además de trabajos personales para el dirigente provincial, el funcionario conduce en campaña electoral el Audi oficial del presidente para acudir a los mítines de Baltar.
El BNG tomó fotos el domingo del coche oficial de la Diputación en las inmediaciones del mitin de Porqueira. "Utiliza el vehículo oficial con el chófer pagado por todos los orensanos para ir a los mítines de la campaña electoral", denunció ayer el senador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza. "Los cargos del PP tienen una doble vara de medir", advirtió en alusión al tema central de la campaña de Mariano Rajoy, basada en la denuncia de los desplazamientos de Zapatero a los mítines del PSOE en un Falcon del Ejército. "Aunque en el PP critican a los demás por hacerlo, Baltar no va en un Falcon porque no puede que, si no, ni lo dudaría", acusó Pérez Bouza.
El senador nacionalista advirtió que la electoral no es la única utilización que hace Baltar de los medios públicos. Bouza instó a Baltar a explicar estas actuaciones. "Y si no tiene justificación, que dimita", añadió.
La justificación no se hizo esperar. La Diputación divulgó un comunicado para dejar constancia de que "la institución" se ve en la "obligación de desmentir" al senador del BNG. El desmentido reconoce, sin embargo, que el chófer de la institución conduce el Audi oficial a los mítines, aunque matiza que el presidente orensano no viaja en él, sino en su coche particular. "El técnico de seguridad de la institución acude en un vehículo oficial que dispone de inhibidor y siguiendo las recomendaciones precede o sigue al vehículo del señor Baltar", especifica la nota. Aclara, además, que este "técnico" recoge "efectivamente" a los niños en el colegio, pero matiza que lo hace "siguiendo las normas de seguridad" y utilizando para ello siempre coches particulares.
El desmentido pone de manifiesto que las mencionadas "normas de seguridad" que sigue el chófer de Baltar para recoger a sus nietos y para llevar el Audi oficial a los mítines "están avaladas por las recomendaciones expresas del técnico de seguridad adscrito a la Diputación", que no es otro que el propio chófer.
La Diputación justifica toda esta utilización a fin de garantizar la seguridad. "El señor Baltar dispone de seguridad institucional después de haber sido amenazado", dice la nota, en la que consta que Baltar dispone de actuaciones de seguridad específicas de la propia Policía Nacional, de inspección y de contravigilancia. Fuentes policlaeas manifestaron a este periódico no tener constancia de que existan amenazas expresas contra el presidente provincial.

Pero Muñoz,¿la cosa no iba de Citroen?.

El juez de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, ha imputado a cuatro personas más por su supuesta implicación en la trama de corrupción urbanística de La Muela, el ex senador del PP Rodolfo Aínsa, otro concejal del municipio, Fernando Barba, y dos hermanos empresarios. Al ex senador del PP se le imputa un delito de tráfico de influencias; al empresario Emilio París un delito de cohecho y a su hermano Luis Alberto uno de tráfico de influencias, en ambos casos por su supuesta relación con el proyecto de construcción de una pasarela en el municipio de La Muela, han informado fuentes judiciales.
El concejal Fernando Barba testificará ante el juez como imputado de los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con subvenciones concedidas al municipio por el Instituto Aragonés del Agua.
Por otra parte, el juez ha denegado por segunda vez la libertad para la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR), porque los delitos que se le imputan son "muy graves" y existe "riesgo de fuga". Pinilla se encuentra en la prisión de Zuera desde el pasado 23 de marzo por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística, y se le imputan nueve delitos, entre ellos cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
El juez de instrucción número uno de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, ha rechazado la libertad en un auto "contundente", según fuentes judiciales, en el que considera que hay riesgo de fuga porque la alcaldesa "tiene posesiones en el extranjero" además de que "pueda alterar o hacer desaparecer" pruebas.
Un nuevo informe de la Policía que envió al juzgado el 27 de mayo y que podría "imputar nuevos delitos a la alcaldesa", informe derivado "de la documentación que se intervino en los registros practicados en el momento de las detenciones". A raíz de este informe, la fiscal ha emitido otro informe en el que se indica que Pinilla deberá volver al juzgado a declarar por esos nuevos delitos que al parecer se le imputan.
La trama de corrupción urbanística de esta localidad se destapó el 18 de marzo y por el momento hay imputadas 26 personas, dos de las cuales se encuentran en prisión: la alcaldesa y el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela, ya que el empresario José Carlos Fernández Delgado ya ha salido de la cárcel de Zuera, después de depositar la fianza de 250.000 euros establecida por el juez.
Otro empresario, Julián de Miguel, está el libertad bajo fianza de 120.000 euros, y los 22 imputados restantes, entre los que están el esposo de la alcaldesa y uno de sus hijos, se encuentran el libertad después de haber declarado ante el juez de La Almunia de Doña Godina, quien comenzó a investigar este caso a raíz de una denuncia particular.

Estos,¿son rojos?.

Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, ha presentado en los últimos años cientos de denuncias judiciales, media docena desde 1997, ante todo tipo de supuestas corruptelas o malas prácticas. Sin embargo,unas grabaciones policiales ponen de relieve que el propio Bernad, ex dirigente de la ultraderechista Fuerza Nueva, ha mantenido o mantiene negocios con imputados en escándalos urbanísticos.
Incluso ha condicionado la presentación de alguna denuncia al hecho de que se pagaran comisiones ilegales. Las grabaciones, a las que ha tenido
acceso un periódico, están incluidas en el sumario del caso Totana, el municipio cuyo alcalde,junto a su predecesor, fue detenido por favorecer planes urbanísticos a cambio de comisiones.
Bernad se dirige así a Emiliano Ovide, imputado en esa causa:
“Tengo preparadas varias cosas de VPO y VPT. En Valladolid, Murcia, Salamanca, Burgos... ¿Te pueden encajar esos sitios?(...) Y luego preparamos el tema que tiene el alcalde ése”. “¿Lo de
Totana?”, pregunta Ovide. “Sí, y le metemos el cuerno ahí”, responde
Bernad.

Muñoz,¿este es el sindicato,sin representación oficial en ningún puesto de trabajo,que aboga por la justicia y se atreve a denunciar a Garzón por defender la Memoria de unos cuantos rojos esturreados por las carreteras españolas?

Las grabaciones policiales del caso Totana, la trama de corrupción municipal en la que están imputados los dos últimos alcaldes del municipio murciano -Juan Morales y José Martínez Andreo, que se presentaron por el PP-, han dado también una pista para justificar la frenética actividad que mantiene en los juzgados como acusación de mil causas el pseudosindicato Manos Limpias. Su secretario general, el que fuera líder de Fuerza Nueva, Miguel Bernad, aparece en las cintas poniendo su maquinaria de denuncias al servicio de los intereses de un comisionista implicado en la trama, Emiliano Ovide, un intermediario en compras de suelo. Las denuncias de Manos Limpias son utilizadas como medio de coacción por Ovide para conseguir el pago de comisiones.La relación entre ambos se extiende, además, a otros municipios de España, donde las acusaciones judiciales de Bernad, que también tiene negocios inmobiliarios, favorecen a Ovide, según se le oye en las grabaciones. Es el caso de Ciempozuelos (Madrid). Allí Manos Limpias consiguió paralizar con sus denuncias el Plan General. La suspensión favoreció a Ovide, que, según sus palabras, se colocó "en primera línea" para construir vivienda protegida cuando se levantara la suspensión.
¿En cuántos municipios donde Bernad u Ovide poseen negocios inmobiliarios hay denuncias de Manos Limpias contra sus gestores urbanísticos? Bernad no ha contestado a este periódico, pero ambos listados por separado son amplios. La captación de tales evidencias arranca del verano de 2007. La Guardia Civil tiene pinchado el teléfono de Ovide a raíz de una denuncia por cobro de comisiones en Totana.
Ovide tiene la culpa de ser objeto de la investigación: en su afán de cobrar su comisión, reveló a la oposición de Totana que Inmonuar pagó sobornos para lograr un convenio. Su relato llegó a la fiscalía, que abrió una investigación. Sin saber que era grabado, Ovide puso en marcha su plan b para cobrar su comisión: presionar a Inmonuar a través de Manos Limpias.

Muñoz,¿y tú sacas ahora a la UGT?.

Y sigues en silencio con el asunto irlandés.
Piiiiiiiiiiii.... segundo aviso.