Cambrils - Tarragona

Leo en El País de hoy la siguiente noticia :

EL PP VALENCIANO APOYA A CARGOS CON CONDENA FIRME

El PP de la Comunidad Valenciana hizo caso omiso ayer de sus nuevos estatutos, aprobados el pasado sábado, que fijan la suspensión de funciones y militancia a sus cargos públicos con una sentencia penal firme. Andrea Fabra, hija del presidente de la Diputación de Castellón, y Juan José Rubert, miembros de la dirección regional, ofrecieron una rueda de prensa con el ex alcalde de Vila-real Manuel Vilanova, presidente del PP local, condenado por el Supremo a prisión menor e inhabilitación por prevaricación.

También leo esta otra :

EL JUEZ SOSTIENE QUE LA VICEPRESIDENTA DE CASTILLA Y LEON PREVARICÓ AL RECALIFICAR UN PINAR.

El juez de Ávila que desde hace dos años instruye el caso por la tala de un pinar protegido en Las Navas del Marqués lo tiene tan claro como el fiscal: "Hay indicios racionales de la comisión de un delito de prevaricación" por la vicepresidenta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, del PP, que firmó en 2004 la declaración de impacto ambiental que permitía talar más de 35.000 pinos protegidos para que el promotor Francisco Gómez, alias El Paloma, construyera 1.600 viviendas, hoteles y campos de golf. El juez Miguel Ángel Pérez califica ese dictamen como "ilegal y arbritrario" y apoya la petición del fiscal de que el Tribunal Superior de Justicia impute a Ruiz. En un escrito de 16 folios fechado el viernes pasado, el juez considera que la Junta de Castilla y León incumplió sus propias normas de protección de la naturaleza

El juez coincide con el ministerio público en que toda la actuación de la Consejería de Medio Ambiente que dirigía Ruiz estuvo destinada a recalificar el pinar. Ruiz prometió al alcalde de Las navas, Gerardo Pérez, del PP y también imputado, que aprobaría la declaración. El alcalde y altos cargos de la Junta y la Diputación de Ávila habían firmado con el promotor de antemano que recalificarían el pinar y que si se retrasaba el trámite le indemnizarían con 1,5 millones de dinero público. La urbanización ya fue declarada ilegal en 2006 por el Tribunal Superior y ahora la justicia investiga si hubo delito en la aprobación del plan.

Miguel Ángel Pérez destaca que "las leyes no permitían" recalificar el pinar, que tiene una parte clasificada como área crítica para la cigüeña negra, en peligro de extinción. "Cuando se concibió y planificó el proyecto Ciudad del Golf y se realizaron las autorizaciones administrativas para llevarlo a cabo existían suficientes instrumentos legales para defender las áreas naturales más valiosas de las agresiones urbanísticas, de modo que sólo la frontal oposición de la Administración a aplicar sus propias normas hizo posible que se produjera la agresión al medio ambiente determinante de la presenta causa penal", afirma el escrito del juez.

El auto añade: "Aquellos informes técnicos de Medio Ambiente que podían cuestionar la legalidad de la urbanización, unas veces, directamente se omitieron (...) en otro caso no se hizo caso a lo informado por ellos (...) y, como caso más extremo, en determinados expedientes se exigió la colaboración a los técnicos para que los informes fueran favorables (esto ocurrió en el expediente de la declaración de impacto ambiental con la polémica exclusión del área crítica para la cigüeña negra".

El fiscal pidió, y el juez acepta, separar el caso en cuatro piezas y que el Tribunal Superior investigue la aprobación ambiental (ya que Ruiz es aforada) y el juzgado de Ávila seguiría con el resto. También están imputados los miembros de la comisión de urbanismo que aprobaron la recalificación urbanística; el alcalde, el secretario municipal y el promotor por pactar de antemano la recalificación, y el promotor por talar 2.243 pinos cuando la urbanización ya era ilegal con el argumento de que la sentencia no era firme.

Lo de siempre, todo se lo pasan por el arco del triunfo, actúan como si España fuera de su propiedad.

Bnb

¿Y en Almería qué?. Mas de lo mismo. Lo de los puestos invisibles pero cobrando (2.800 €/mes) más otros 40.000 de subvención a su empresa, nada, pelillos a la mar. Parece que esta situación la comparten las diputaciones de Cordoba y Sevilla. También en Extremadura hay denuncias de practicar lo mismo.

Corto y cierro. No tengo más tiempo.

Muñoz. español.