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Acusan ahora a Alavedra de beneficiarse de la descapitalización de Eurobank

12:05 | 23 de noviembre, 2009 Félix Martínez. Barcelona

Baltasar Garzón tiene en su poder facturas de los cuadros de la esposa pintora del ex consejero catalán. Responsables de CiU han hecho gestiones para que Alavedra quede libre. Malfeito ya ha sido interrogada varias veces por la venta de sus pinturas.

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La venta de los cuadros de la esposa de Alavedra, Doris Malfeito, bajo sospecha. / Efe

Un nuevo escándalo financiero amenaza con complicar aún más la situación personal del que fuera hombre fuerte de Jordi Pujol cuando presidía la Generalitat, el ex consejero de Economía y enlace de CiU con la burguesía catalana, Macià Alavedra. El antiguo todopoderoso lugarteniente de Pujol está encarcelado desde el pasado 30 de octubre por su relación con el caso Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña, cuyo instructor es el juez de la Audiencia Nacional, .Baltasar Garzón.

El mismo juez Garzón es el responsable de la investigación de la descapitalización del banco Eurobank, una entidad de crédito catalana que quebró en 2004 poco después de ser intervenida por el Banco de España. El principal imputado en el caso Eurobank es el ex presidente de la entidad, Eduardo Pascual Arxé, que ya fue inhabilitado por el Banco de España para ser administrador de entidades financieras.

Ahora, una de las acusaciones particulares personadas en el sumario por la descapitalización del banco ha presentado un escrito ante Garzón en el que denuncia que Pascual desvió fondos de la entidad cuando ya estaba en crisis para construir un grupo de sociedades independientes. Razón por la cual los acusadores han pedido la prisión para el ex presidente de Eurobank.

Pero también piden que se cite a declarar en calidad de imputado en el procedimiento a Macià Alavedra. Y es que Alavedra es uno de los socios de Pascual en las sociedades acusadas de recibir activos de Eurobank. El escrito en cuestión hace referencia a la sociedad Line Invest XXI, constituida en agosto de 2002. Entre los fundadores y administradores de la firma se encuentra el ex presidente de La Seda de Barcelona, Rafael Español; el cuñado de Alavedra, Carlos Malfeito; José Luis Díaz-Varela, del grupo Indukern; el ex propietario de Panrico, Albert Costafreda, o el empresario Josep Maria Xercavins.

Este nuevo frente judicial del antiguo hombre fuerte de Pujol en la Generalitat puede complicar la solución de su situación personal. En los últimos días, personalidades políticas próximas a Convergència i Unió han estado haciendo gestiones para que Garzón reconsidere su decisión de encarcelar a Alavedra y le deje en libertad bajo fianza. Durante la última semana, el entorno próximo del ex consejero esperaba que pudiera ser liberado de forma inminente. Una nueva imputación, aunque sea por un caso independiente, podría complicar las cosas para Alavedra.

El escrito de la acusación también hace referencia a las actividades artísticas de la esposa de Alavedra, la pintora Doris Malfeito. Durante años la sombra de la sospecha ha planeado sobre la venta de los cuadros de la esposa de Alavedra. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llegó a llamar a declarar a Malfeito en dos ocasiones en septiembre de 1999 en el marco de las investigaciones de la red de extorsión y sobornos tejida por el ex juez Luis Pascual Estevill y el abogado penalista Joan Piqué Vidal, condenados ambos por el caso.

La esposa de Alavedra fue interrogada en ambas ocasiones sobre la posibilidad de que el antiguo Banco Central Hispano hubiera adquirido todos los cuadros de una exposición de la pintora que supuestamente tuvo lugar en el Hotel Juan Carlos I de Barcelona en diciembre de 1993, días después de que Alavedra mediara en una reunión entre el entonces presidente del BCH, José María Amusátegui, y el juez Estevill para que éste liberara a varios directivos del grupo asegurador de la entidad a los que había encarcelado. Sin embargo, ni siquiera se pudo acreditar que la exposición tuviera lugar.

Ahora, Garzón está en posesión de una serie de facturas de operaciones de venta de cuadros de Malfeito de una exposición que tuvo lugar en 2001 y se le pide que investigue si tras ellas se oculta el cobro de comisiones irregulares por parte de Alavedra.

Entre las compañías que adquirieron cuadros de Malfeito en aquella fecha se encuentra Metrega, una empresa de contadores que perteneció a Alavedra en el pasado. En 1992 trascendió que el entonces consejero de Economía seguía figurando como administrador de la sociedad. Alavedra salió al paso de la acusación aduciendo que había vendido su participación en Metrega y que el hecho de que aún apareciera como miembro del consejo de la compañía se debía a un “error mecanográfico”.

Junto a Alavedra, fueron encarcelados en la operación Pretoria el ex secretario de Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta; el intermediario socialista Luis García Sáez, Luigi, y el ya ex alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet. El juez Garzón les imputa la creación de una red de tráfico de influencias que utilizaba sus contactos para conseguir recalificaciones urbanísticas a cambio de sustanciosas comisiones. En el caso de Alavedra y Prenafeta, además, Garzón les acusa de blanqueo de capitales por haber utilizado en esas operaciones una red de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.

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