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El PP acepta "despolitizar" el Valle de los Caídos, que honrará a las víctimas de la Guerra Civil

La Ley de Memoria Histórica es aprobada en la Comisión Constitucional del Congreso con los votos de IU-ICV, CiU, PNV y CC, y la oposición de ERC y PP.- Este último, sin embargo, apoya varios artículos

EFE / SERVIMEDIA - Madrid - 17/10/2007

El PSOE, con el respaldo de IU-ICV, CiU, PNV y CC, ha logrado sacar hoy adelante en la Comisión Constitucional del Congreso la denominada Ley de Memoria Histórica, a la que se han opuesto tanto Esquerra Republicana como el PP, si bien el Grupo Popular ha apoyado los artículos referidos a la mejora de las indemnizaciones ya existentes. Además, el PP ha aceptado "despolitizar" de forma "absoluta" el Valle de los Caídos, recinto que a partir de ahora tendrá entre sus objetivos "honrar y rehabilitar la memoria" de todas las personas fallecidas como consecuencia de la Guerra Civil y de la represión política que la siguió. La Ley de Memoria Histórica pasará ahora al Pleno de la Cámara Baja.

La despolitización del Valle de los Caídos figura en el artículo 16 de la nueva ley, que prohíbe además que en el recinto del monumento se lleven a cabo actos de naturaleza política o "exaltadores de la Guerra Civil, sus protagonistas o del franquismo", algo que también ha apoyado el PP. Asimismo, la Fundación que gestiona el Valle de los Caídos fomentará las "aspiraciones de reconciliación que hay en nuestra sociedad" con objeto de profundizar en el conocimiento de ese periodo histórico. El artículo 16 forma parte del contenido de una enmienda transaccional de CiU a la Ley de Memoria Histórica.

Junto a esa enmienda de CiU, la Comisión ha aprobado también con los votos de todos los grupos parlamentarios, salvo del PP, la posibilidad de que los hijos y nietos de los exiliados tras la Guerra Civil puedan solicitar la nacionalidad española, un derecho que se extiende también a los miembros de las Brigadas Internacionales.

Otra de las novedades sobre el texto remitido inicialmente por la ponencia y que ha sido modificado hoy en Comisión es que se obligará al Ministerio de Justicia a facilitar el acceso a las actas de defunciones de los Registros Civiles.

El resto de la ley, 22 artículos y otras siete disposiciones adicionales, ha sido aprobado con los votos de PSOE e IU-ICV, el apoyo crítico de PNV, CiU y CC, y el rechazo frontal de PP y ERC. Pese a todo, el Grupo Popular sí ha respaldado finalmente aquellos puntos de la norma en los que se mejoran las ayudas y prestaciones para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

En su intervención, el portavoz del PP Jorge Fernández Díaz ha insistido, no obstante, en que se trata de una ley "sectaria" que "dinamita" el consenso constitucional alcanzado en la Transición. "Una de las dos españas vuelve a helarnos el corazón", ha señalado Fernández Díaz, quien a renglón seguido ha acusado al PSOE de imponer que existan muertos "de primera y de segunda clase". Además, ha reprochado a los socialistas que hayan intentado marginar de forma deliberada al PP para presentar a unos partidos "como buenos" y a otros como "unos facciosos" y antidemócratas.

Por contra, el diputado del PSOE Juan Antonio Barrios ha dejado claro que el texto aprobado hoy no hace distinciones entre víctimas, y se ha preguntado con ironía por qué el PP tiene "tantos problemas" para condenar por ley el régimen franquista.

En este sentido, el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, se ha felicitado de que finalmente la Ley de Memoria Histórica renuncie a una posición equidistante entre los dos bandos y haga una condena "solemne y rotunda" de la dictadura.

Sobre la Ley de Memoria Histórica (LMH en adelante)

Argumentos jurídicos

1) Desde el punto de vista jurídico, la LMH es de lo más paradójica. En vez de basarse en la Constitución de 1978, que incluye una disposición derogatoria que invalida “cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución”, el actual borrador de la LMH ignora nuestra Carta Magna y proclama la derogación de diez leyes de la Dictadura y tres bandos del golpe de Estado de Franco promulgados en 1936.

La derogación de los tres bandos es un disparate jurídico: fueron suprimidos por el mismo Franco tras el fin de la Guerra Civil (es decir, llevan más de 70 años anulados).

Respecto a la derogación de las diez leyes franquistas, ya fueron suprimidas en 1978. ¿Qué sentido tiene “rederogar” estas diez leyes de la Dictadura? No tiene sentido. Pero la cosa no queda ahí. Según muchos juristas la LMH plantea dos problemas (mejor dicho, dos disparates):

-- Pone en tela de juicio la disposición de nuestra Carta Magna que deroga “cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución” (¿no tiene suficiente validez jurídica para el PSOE y sus socios la Constitución?).

-- Aprobar ahora, en el año 2007, una norma derogatoria de estas diez leyes de la Dictadura supone dar legitimidad y legalidad en el presente a estas leyes. En otras palabras: que hasta el día en que se apruebe la LMH es legal y legítimo, por ejemplo, la represión contra la masonería y el comunismo o la Ley de Orden Público franquista y su Tribunal de Orden Público.

Las diez leyes de la Dictadura que se van a derogar, según el borrador actual de la LMH son: Leyes de Seguridad del Estado, de 1940 y de 1941; de reforma del Código penal de los delitos contra la seguridad del Estado; la Ley de modificación del delito de Rebelión Militar, de 1943; el Decreto-Ley de 1947, sobre Rebelión militar y bandidaje y terrorismo; las Leyes de reforma del Código de Justicia Militar (42/1971 y 44/1971); las Leyes de 1939 y de 1942 sobre responsabilidades políticas; la ley de 1940 sobre represión de la masonería y el comunismo, la Ley de Orden Público (1959) y la Ley creadora del Tribunal de Orden Público (15/1963).

2) La LMH es innecesaria pues ya existen 11 leyes, aprobadas durante la Democracia, a favor de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo: El Decreto de 1975 que anula las sanciones administrativas contra los contrarios al régimen que establecía la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939; el Real Decreto de indulto de 1976; la Ley de Amnistía de 1977; el Real Decreto de 1978 para la atención a los militares que lucharon en la Guerra Civil con el Ejército de la República; Ley de 1979 que reconoce pensiones, asistencia médica y asistencia social a viudas, hijos y familiares de fallecidos en la Guerra Civil; Ley de 1980 que reconoce los derechos sociales de Mutilados de la República; Ley de 1984 de reconocimiento de derechos y servicios prestados al Cuerpo de Carabineros de la República; Ley de 1978, modificada en 2005, de devolución de bienes a los sindicatos; Ley de 1990 que establece indemnizaciones económicas a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía de 1977; Ley de 1998 de Restitución de Bienes y Derechos incautados a partidos políticos; Ley de 2005 que reconoce una prestación económica a los Niños de la Guerra.