Marinaleda - Sevilla

política. Laura Parrondo / Madrid

Con los retrasos en el pago de la Junta, el municipio que gobierna Sánchez Gordillo tiene problemas para mantener los servicios subvencionados. De un presupuesto de 4,3 millones de euros en 2011, 3,33 millones (casi el 80%), procedieron de subvenciones de la Junta de Andalucía, del Estado y de la Unión Europ


En la comarca de Estepa, a 100 kilómetros de Sevilla, se encuentra Marinaleda, un municipio de casi 3.000 habitantes que muchos han bautizado como el último resquicio comunista que queda en España. Juan Manuel Sánchez Gordillo, diputado de IU en la Junta de Andalucía es su alcalde desde la Transición y es conocido como una especie de Robin Hood moderno desde que este martes, varios jornaleros capitaneados por él, asaltaran dos supermercados y se llevaran una veintena de carros llenos de comida para quienes no pueden comprarla. Él mismo se define como “nacionalista de izquierdas”, pero en el municipio que gobierna no rechazan las subvenciones ni del Estado ni de la Unión Europea. Tampoco las de la Junta de Andalucía. Todas ellas constituyen el 80% del presupuesto municipal y por eso, Marinaleda puede tener bajos impuestos.



No todos los habitantes comparten los planteamientos del alcalde pero en un pueblo donde los vecinos votan en asamblea todas las decisiones que afectan al municipio, la versión ‘oficial’ es la única que ve la luz. El resto prefieren dar la callada por respuesta por miedo a las represalias y al rechazo de sus propios vecinos.

Trabajo en la cooperativa

El sindicato al que pertenece Sánchez Gordillo, Sindicato Andaluz de Trabajadores (antes Sindicato de Obreros del Campo), se ha dedicado a ocupar terrenos que están sin explotar. Este fue el caso del cortijo El Humoso en los años ochenta, terreno de 1.200 hectáreas propiedad del Duque del Infantado y sitio donde han instalado la cooperativa agrícola que ha podido dar trabajo a unos 400 habitantes de Marinaleda. Aquí “no se le niega el trabajo a nadie”, asegura el propio alcalde y los jornaleros trabajan 35 horas a la semana por unos 1.200 euros mensuales. Este es el salario de la mayoría de los habitantes ya que los empleados públicos también cobran esta cantidad. Pese a ello, en Marinaleda también hay pequeñas empresas, no todo es público.

Presupuestos subvencionados

En 2011, Marinaleda contó con un presupuesto de 4,3 millones de euros. De ellos, casi el 80% (3,33 millones de euros) procedieron de subvenciones de la Junta de Andalucía, del Estado y de la Unión Europea. Marinaleda recibe 325.000 euros anuales del Plan de Empleo Regional (PER) de los 33,3 millones de la provincia de Sevilla. Mientras, solo el 20% del presupuesto municipal lo genera el mismo pueblo. En Estepa, un pueblo que colinda con Marinaleda, las subvenciones representan el 33% del presupuesto municipal y el municipio genera el 67% restante. El alcalde atribuye esta desproporción a que en Marinaleda “los impuestos son muy bajos, ya que no se suben desde hace más de 20 años”.

Con los presupuestos de ingresos en un enorme cartel el equipo de Gobierno recorre las calles del municipio para que los vecinos aprueben en asamblea en qué se invertirá el capital. Esto ha sido así desde que Sánchez-Gordillo tiene el bastón de mando pero ahora “empiezan los problemas”, explican desde el PSOE y el PP. El municipio “tiene los impuestos más bajos de Andalucía”, según su propio alcalde. Y ahora que “la Junta no está pagando los conciertos, o se está retrasando”, indica Rafael Salas, cabeza de lista del PP por Marinaleda, “afloran los fallos de un sistema que depende al cien por cien de las ayudas”. Este año, las subvenciones se recortarán entorno a un 40%, asegura Sánchez Gordillo pero, “seguramente nos movilizaremos, porque son derechos conquistados y no estamos dispuestos a renunciar a ellos”.

En Marinaleda hay una guardería que está subvencionada más que en los pueblos de alrededor, cuesta 12 euros al mes y la comida está incluida en el precio. Los recibos del agua y la recogida de basuras apenas cuestan. En este punto, fuentes opositoras aseguran que el consistorio “debe miles de euros al consorcio de aguas Plan Écija”, poniendo en peligro “los empleos que crea este consorcio”, y esto, “no es solidario”, sentencian. En su defensa, el alcalde argumenta que esta empresa está a punto de ser privatizada, que el agua es de todos y que al frente de este consorcio están políticos que han perdido sus puestos en el pasado y que han sido recolocados por la Diputación.

La vivienda ha sido un tema estrella del equipo de gobierno del municipio. Un trabajador puede acceder a una casa por 15 euros al mes. Estas son las viviendas de autoconstrucción donde el Ayuntamiento regala el suelo y pone a disposición del nuevo inquilino un grupo de albañiles municipales para poder construir la vivienda. Las casas cuestan en torno a 8.000 euros, según cálculos del alcalde, que se pagan a razón de 15 euros mensuales.

El silencio de Marinaleda

La mayoría de los vecinos comparten las ideas de Sánchez Gordillo y por eso Izquierda Unida está al frente del Gobierno municipal con 9 de los 11 concejales del consistorio. Los otros dos son del PSOE. El PP solo obtuvo 77 votos en las últimas elecciones. Sin embargo, en Marinaleda no hay rastro de estos pocos, pero existentes, vecinos que no aprueban las políticas del alcalde. Sánchez Gordillo nos invita a que preguntemos a los vecinos cómo se vive en Marinaleda pero cuando llamamos, nadie quiere hablar de cómo es el día a día en este municipio sevillano: ningún pequeño empresario, ningún vecino, ni siquiera el párroco de la Iglesia se ha prestado a atendernos.

La oposición socialista asegura que “hay mucho miedo” entre los vecinos porque si no estás de acuerdo con la versión ‘oficial’ el acalde y su séquito, “te aparta de la piara”. Por eso, quienes no comparten la versión tienen miedo de que sus vecinos les rechacen y les tachen de fascistas, como hace su jefe de filas, “por muy de izquierdas que sean”. En Marinaleda “no existe debate político. Nadie comenta nada”, aseguran en el PP.

El caso de los políticos no ha quedado solo en insultos. El portavoz del PSOE en Marinaleda, Mariano Pradas, asegura que en campaña encontró su coche rayado, sus antenas rotas, la fachada de su casa pintada y que incluso algunos vecinos tiraron piedras en la casa de unos familiares. El PP, sin representación en el pleno, tampoco vivió una campaña fácil, “no me agredió nadie, pero me sentí intimidado”, asegura Rafael Sala. Este ex senador fue puerta por puerta pidiendo el voto a los vecinos y lo único que escuchó fue “su silencio”. Después, le increparon dos señoras que querían echarle del pueblo.

Un conflicto vasco en el sur de España

Solo existe un contexto similar al de Marinaleda en España, la situación que vive la oposición en el País Vasco, explica el portavoz del PSOE. Los votantes de otros partidos, “tienen miedo a las represalias”, asegura Pradas. Hasta tal punto que se ha producido un éxodo de nativos que se han ido a los pueblos de alrededor porque no soportaban la presión, confirma Rafael Salas. Ni el alcalde ni sus concejales respetan la ley de banderas y en el Ayuntamiento ha ondeado hasta hace muy poco la bandera del Sahara y no la de España que es la que por ley debe ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración.

Solo en el País Vasco y en Marinaleda, PP y PSOE coinciden en que los vecinos “tienen mucho miedo” de expresar una opinión contraria a la versión nacionalista e independentista