Marinaleda - Sevilla

En la práctica la entrada en el gobierno supuso el abandono por completo de su programa de reformas sociales y la asunción “de facto” de la implantación de un programa neoliberal en los hechos.

Durante su periodo en el gobierno la Junta de Andalucía ha recortado en sanidad, ha puesto de patitas en la calle a 7.000 profesionales médicos y han aumentado en 10 horas al mes la jornada laboral del resto de los profesionales además de reducir el equipamiento en material sanitario[vii]. Recortó la paga extra de los funcionarios antes de que el gobierno anunciase su eliminación[viii], recortó un 50 por ciento las ayudas para aprender un idioma extranjero, sólo en la provincia de Cádiz la Junta revocó la concesión de más de 2000 becas[ix], el impago por parte de la Junta a las empresas de comedores escolares provocó una huelga indefinida que afectó a 122 centros educativos andaluces[x]. El problema agrario sigue en su línea sin anunciar ninguna medida concreta para la distribución de tierras, al mismo tiempo sigue la represión contra los jornaleros organizados en el SAT[xi]. Es decir en un año en el gobierno no han establecido un plan de medidas preliminares para cambiar la estructura socio-económica andaluza, ni siquiera han implantado reformas que mejoren el nivel de vida de la clase trabajadora, directamente han implantado y ejecutado recortes y medidas que han hecho retroceder en derechos a las clases populares. Los dirigentes de IU, (y sus socios del PSOE)