Los Palacios y Villafranca - Sevilla

Si se cumple lo anunciado, el Consejo de Ministros de hoy aprobará el anteproyecto de ley de economía sostenible, una norma largamente esperada y de gran alcance que pretende impulsar las indispensables reformas estructurales del sistema socioeconómico para hacer posible la superación de los anacronismos del viejo modelo de desarrollo que han agravado la actual recesión española. Se trata de que, cuando se vislumbre la salida del túnel al término de la fase descendente del ciclo, se esté en condiciones de recuperar el dinamismo económico, que habrá que obtener por otras vías y con nuevas herramientas. Zapatero no ha precisado los detalles de su propuesta legislativa, pero sí se conoce el sentido de la norma, que habrá de ser ampliamente debatida en el Parlamento y que representará una cadena de reformas en las áreas de la economía, el sistema financiero, el mundo laboral, la educación y la investigación, las políticas sociales y las administraciones públicas. En síntesis, se ha precisado que la nueva ley combinará un nuevo patrón de crecimiento mercantilista con el principio de solidaridad y con el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores.

Realmente, desde la segunda legislatura de Aznar, aproximadamente con el cambio de milenio, los sucesivos ministros de Economía y sus antagonistas en la oposición han coincidido en apreciar la necesidad de llevar a cabo una reforma profunda del «modelo de crecimiento» español que nos ha deparado una espléndida etapa de prosperidad, pero que desde hace tiempo daba señales de irremisible agotamiento. El objetivo, que se enumeró repetidas veces por boca de los portavoces económicos de los principales partidos, consiste en sustituir un patrón basado en el sector construcción y en el consumo familiar por otro que fíe el desarrollo al incremento de la productividad, de forma que el sector exterior tome el relevo a la demanda interna.
Aquellas buenas ideas pretendían provocar un aterrizaje suave del desaforado sector de la construcción, que estaba recalentándose manifiestamente, mientras se emprendía la necesaria modernización que había de basarse en la citada conquista de la productividad. Pero la recesión, que precipitó el estallido de la burbuja inmobiliaria, se ha ocupado de situarnos con crudeza ante la realidad: el hundimiento del sector inmobiliario residencial y la evidencia de que el ladrillo no recuperará nunca más el patológico dinamismo perdido obligan a realizar esas reformas con mayor ímpetu si queremos salir de la crisis y situar de nuevo al país en una posición destacada, preservando la convergencia con la UE y creciendo a una apreciable velocidad de crucero.
La reformas estructurales necesarias son muchas y complejas, aunque pueden resumirse en la idea de que el logro de cotas mucho mayores de productividad que nos otorguen más competitividad en los mercados globalizados requiere un esfuerzo singular en formación de capital humano –educación– y en I+D+i, indispensable para avanzar en la modernización de las estructuras económicas y para aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas energías y las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Además, será necesario proceder a una reforma de los mecanismos reguladores, a una revisión de las reglas del sistema financiero, a una mejora de las administraciones públicas en pos de una mayor eficiencia, a nuevos avances en materia medioambiental y a un fomento de la competencia en todos los mercados. Asimismo, el plan habrá de auspiciar la exploración de nuevos nichos de actividad en los campos de las nuevas tecnologías, de las energías limpias, etcétera. Y todo indica que los agentes sociales serán capaces de consensuar una modernización del sistema de relaciones laborales.
Zapatero ha incluido en su anuncio de la ley de economía sostenible una llamada al consenso, extendida a todas las fuerzas políticas y, por supuesto, a las comunidades autónomas, que serán requeridas a la colaboración en una reunión de la Conferencia de Presidentes que el jefe del Ejecutivo convocará en diciembre. En el terreno de las definiciones, no parece difícil lograr acuerdos, si bien es lógico que PSOE y PP discrepen en la puesta en marcha del proceso, y muy especialmente en el grado de intervención de la economía y en el modelo final de relaciones laborales.
Por supuesto, la democracia no puede renunciar ni a la dialéctica poder-oposición ni a un control estricto del Gobierno a cargo de las minorías, pero todos los actores políticos deben lograr conciliar la legítima rivalidad y su particular visión de la economía con una complicidad de fondo en la transformación del modelo actual de desarrollo, cuyas lagunas y carencias son responsabilidad de todos. Sería suficiente con lograr un acuerdo sólido, sincero y eficaz en materia educativa y en el impulso a la investigación y a las nuevas tecnologías para que este país emprendiera el adecuado rumbo hacia una modernización integral en la que nos va el futuro.