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El PPSOE de Rajoy y Rubalcaba vuelve a vulnerar la Constitución
21-02-2012

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Los dos principales partidos políticos, el ya por muchos denominado PPSOE, siguen estando de acuerdo, sin demasiados traumas, en no cumplir lo que manda la Constitución española de 1978, nuestra máxima norma jurídica. Mal vamos si el Gobierno de España y el principal partido de la Oposición nos dan tan lamentable ejemplo, y para mayor descaro, llueve sobre mojado. Los poderes constituidos, y éste es uno de los grandes problemas que tiene nuestra actual democracia, no tienen el respeto debido a lo en su día aprobó el poder constituyente o pueblo español. La clave, como ya he señalado en otras ocasiones, es el sentido de Estado.

Esta reflexión se enmarca en el último encuentro que han tenido los dos líderes políticos que, entre otras decisiones que han tomado, se encuentra la de volver a posponer la renovación del Tribunal Constitucional hasta junio, se supone que de 2012, en principio, pues hay antecedentes de retrasos de más de tres años (la anterior renovación, de los cuatro magistrados elegidos por el Senado, se hizo en diciembre de 2010, cuando se debió hacer en el año 2007), lo cual es a todas luces inadmisible. Lo que empezó siendo una vergüenza motivada por mantener el Tribunal Constitucional que debiera de juzgar el Estatuto de Cataluña de 2006, se está comenzado a consolidar como una muy peligrosa práctica política que no podemos dejar pasar por alto.

El artículo 159.3 de nuestra Constitución es muy claro en su redacción, no hay lugar a equívocos: “Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres”. Como indica el apartado primero de ese mismo artículo, el Tribunal Constitucional se compone de doce magistrados, por tanto, cada tres años hay que renovar a cuatro magistrados y ningún magistrado puede estar más de nueve años. En su día Convergencia i Unio presentó una interesante iniciativa para que si en el plazo de seis meses no se hubiera producido la renovación, a los magistrados que les había vencido su mandato perdían su condición de tales magistrados. No me parece mala formula ante la falta de respeto del PPSOE por la Constitución, al menos en este punto. Uno no acaba de entender bien aquella reforma express, y casi por la puerta de atrás, del artículo 135 CE para controlar el déficit de las Administraciones Públicas, con el argumento de incluirlo en la Constitución como forma de lograr su cumplimiento y garantía, cuando luego demuestran con total alegría e impunidad su falta de respeto por esa misma norma. Parecen olvidar o desconocer el artículo 9.1 de la CE que señala: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Cierta clase política parece entender que ellos están por encima de la norma, y por lo tanto del Estado de Derecho, lo cual no deja de ser inadmisible en cualquier Estado verdaderamente democrático que se precie.

Los alemanes incluyen el límite al déficit y al gasto público en la Ley Fundamental de Bonn de 1949 o Constitución alemana, porque para ellos sí es una norma que hay que respetar, sin duda ninguna, no cabe otro planteamiento. Lamentablemente los hechos demuestran que nuestros poderes constituidos están en otra línea. A los magistrados Eugeni Gay Montalvo, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado Barrio -que en junio de 2011 renunciaron a sus cargos como medida de protesta-, nombrados por el Congreso de los Diputados, junto con el fallecido Roberto García-Calvo, en noviembre de 2001, les caducó su mandato en noviembre de 2010. Ya llevamos 15 meses de incumplimiento del mandato constitucional, algo de por sí inaceptable, pero no les parece así a quienes nos debieran de dar ejemplo del escrupuloso cumplimiento de la norma, y acuerdan con total tranquilidad que van a incumplir durante cuatro meses más y, realmente no pase nada. Esto nos demuestra la imperiosa necesidad que tenemos de regenerar nuestra vida democrática y recuperar el sentido institucional y de Estado, especialmente de Derecho, que merece y necesita nuestra querida España.