La Roda de Andalucía - Sevilla

Un cargo público más. La juez que instruye el «caso Mercasevilla» ha imputado al actual gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Millán, en la rama del caso sobre la venta presuntamente irregular de los suelos del mercado central de abastos a la constructora Sanma, filial de Sando, tras un concurso que la instructora considera «fraudulento» y amañado por las cláusulas colocadas en el pliego de condiciones. Ese concurso lo ganó Sanma pese a presentar una oferta de unos 60 millones de euros menos que su principal competidora, Noga. Lo imputa por «las presuntas irregularidades penales en la concesión a Sanma de la licencia de primera ocupación». En un auto emitido el 16 de febrero, al que ha tenido acceso ABC, la juez Mercedes Alaya imputa tanto al gerente de Urbanismo como al aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera Rimada, y cita a declarar a ambos el próximo 2 de marzo.

La juez argumenta que, «en virtud de las pruebas practicadas hasta la fecha, concretamente del análisis de los expedientes de licencia de edificación, de licencia de primera ocupación, de la documental remitida por Endesa y de lo que se desprende, entre otras, de las declaraciones de Luis Gómez Martínez y de Emilia Barrial Chamizo», procede imputar tanto a Millán como a Ferrera. Y se explica la juez en el auto. Así, detalla, básicamente, que no debía haberse concedido a Sanma la licencia de primera ocupación de las naves industriales que allí levantaba pues «no se había realizado las obras e instalaciones necesarias para garantizar el suministro eléctrico», de forma que «el conjunto edificatorio realizado por Sanma no resultaba apto para el uso que le era propio». Recuerda en ese punto el auto del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que para otorgar la licencia de primera ocupación es necesario que la obra esté culminada, para lo que resulta «imprescindible que la edificación pueda contar con los suministros necesarios, con independencia de que se haya levantado o no acta de recepción de obras» por parte de la Gerencia de Urbanismo.

Recuerda además Alaya que, como reconoció en su declaración Barrial, no se trataba «de una obra efímera sino con vocación de permanencia, reconociendo la misma su error» en la concesión de una licencia provisional. Incide la instructora para profundizar en su tesis del trato de favor a Sando, por otro lado, en que «no se exigió el preceptivo aval para su conclusión», y no hubo «control en el desarrollo de las obras».

El imputado, socialista que se convirtió en gerente de Urbanismo en abril de 2008, explicó ayer que concedió la licencia al contar «hasta con tres informes favorables», uno de Bomberos, otro de Vía Pública —donde era responsable otro de los imputados, el ex asesor del alcalde Enrique Castaño, que también fue consejero y miembro de la comisión ejecutiva de Mercasevilla— y otro del departamento de Primera Ocupación. La firma de la licencia, según Millán, es la «constatación de que los servicios técnicos habían comprobado que las edificaciones habían sido ejecutadas conforme al proyecto, es decir, que se adecuaban a lo proyectado». En el mismo auto, por otro lado, rechaza la personación de la Consejería de Empleo en esta causa