La Algaba - Sevilla

LAS CONSECUENCIAS DEL DERROCHE POSIBLE INVIABILIDAD DEL PLAN DEL GOBIERNO
Alcaldes alertan de que el pago a proveedores afectará a las nóminas
Ediles del PSOE advierten a Montoro que la mayoría de los ayuntamientos no podrán asumir más créditos sin dejar de pagar a su plantilla · El plan será inviable sin pólizas a muy largo plazo y sin más ingresos del Estado
TRINIDAD PERDIGUERO | ACTUALIZADO 05.03.2012 - 09:51


Trabajadores de la empresa Aroa durante una protesta, el pasado verano, por los impagos del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán.


El grueso de los alcaldes de Sevilla no tienen claras la viabilidad y la forma con las que se va a articular el nuevo plan de pago a proveedores anunciado por el Gobierno central y alertan de que, si no se negocian unos plazos largos para que los ayuntamientos puedan pagar los créditos que prevé el decreto -un mínimo de 12 años, tres mandatos, para amortizarlo y varios años de carencia para empezar a pagar- no podrán asumirlo sin comprometer el pago de la nómina de la plantilla municipal, lo poco que, con los ingresos actuales, pueden garantizar cada mes.

A la espera de que las negociaciones entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas concreten esos aspectos del decreto de acuerdo con la realidad los ayuntamientos, la valoración de buena parte de los alcaldes y ediles de Hacienda es de escepticismo, dudas y, en algunos casos, de frontal rechazo si no hay un aumento en la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), principal fuente de financiación local. El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, recuerda que no resuelve el problema de raíz, que es, precisamente, la falta de dinero para la administración que da más servicios a los ciudadanos.

Los funcionarios municipales ya están trabajando -tienen obligación de hacerlo, so pena de cometer una falta grave- en el registro de las facturas anteriores a 31 de diciembre de 2011, que deben presentar telemáticamente en el Ministerio antes de 15 de marzo. El día 12, se les remitirá el modelo para registrarlas. Después, los ayuntamientos tendrán que abordar un plan de viabilidad y se da por hecho que implicará nuevos ajustes en la plantilla y en las tasas e impuestos.

Lo único que está claro por ahora es que la obligatoriedad de estos trámites hará aflorar la deuda que los municipios tienen por las obras y servicios, facturas que, en algunos casos, están en los cajones y que se estima que puede ser incluso mayor que la llamada "deuda viva" con bancos y cajas, que en 2010 era de casi 455 millones en el conjunto de ayuntamientos sevillanos.

Son pocos los que tienen ya una cifra cerrada, hay dudas incluso sobre el tipo de facturas que entrarían en el lote, pero varios ejemplos ayudan a calibrar el dinero que no ha llegado al empresariado sevillanos: El Coronil (5.000 vecinos) estima una deuda de 1,9 millones; Burguillos (6.200) tiene tres millones reconocidos sólo del Ayuntamiento (la de Burguillos Natural no se contabiliza al estar en concurso de acreedores), la cifra sin reconocer duplica esa cantidad; en La Algaba supera los diez millones -más que la deuda bancaria- con casi 60 expedientes de reclamaciones en los juzgados; Camas -donde este trabajo ya se llevó a cabo por iniciativa municipal entre junio y noviembre de 2011- hay dos millones de obligaciones reconocidas y un millón más sin reconocer de 2007 y 2009; en Villanueva del Río y Minas ronda los dos millones; en Écija, según la reciente auditoría del Ayuntamiento y sus empresas, deben 42 millones a proveedores, la mitad de una deuda total de 92,3 millones. En otros municipios, como Huévar, donde la situación es crítica pero suelen trascender pocos datos, dará luz, en tanto que los acreedores pueden pedir los certificados y exigir la presentación de sus facturas ante el Ministerio. Situaciones como las de Dos Hermanas o La Rinconada, casi al día en los pagos -no hay facturas mucho más allá de diciembre de 2011- son excepcionales. Mairena del Aljarafe, después de acogerse a un crédito ICO, presentará facturas por alrededor de millón y medio.

A pesar de las especulaciones de estos días, desde el Ministerio que dirige el diputado por Sevilla Cristóbal Montoro se pide calma y se insiste en que las condiciones de esos créditos se están estudiando y se concretarán en las próximas semanas. Lo único claro, insisten, es que los proveedores podrán cobrar en 2012 -con el certificado, podrán hacerlo efectivo en una entidad bancaria, aunque con sus correspondientes intereses- y tendrán prioridad los que realicen quitas de la deuda, hayan iniciado procesos judiciales y en función de la antigüedad de la factura. Se entiende que, para ello, determinadas entidades suscribirán créditos con los ayuntamientos con el aval del Estado, que podrá retener en su caso la Participación de los Ingresos del Estado (PIE). La clave de la viabilidad de la operación, los plazos que tendrán los municipios para pagar, son una incógnita todavía. El plazo será "el suficiente" para "asegurar la viabilidad de la operación", se limitan a apuntar desde Madrid.

Los alcaldes más críticos con la iniciativa del Gobierno central son del PSOE. El de El Coronil, Jerónimo Guerrero, afirma abiertamente que el decreto ley es una "tomadura de pelo" a los proveedores -tendrán que pagar intereses bancarios y asumir quitas de parte de la deuda si quieren cobrar- y se salta la autonomía municipal, al dirigirse a los técnicos, que deben priorizar este trabajo. Guerrero recuerda que si los ayuntamientos no han pedido créditos ya para pagar a sus proveedores es porque están al límite que le permite la ley y no pueden asumir nuevas pólizas, ni hacerse cargo de ningún nuevo pago con los actuales ingresos sin comprometer las nóminas. "Tendremos que entregar las llaves en la Delegación del Gobierno", asevera el alcalde, quien recuerda que no ha podido aprobar los presupuestos y tiene en el aire el plan de ajuste que diseñó. "Los únicos beneficiados van a ser los bancos, que han recibido una inyección de dinero al 1%, que van a cobrar con intereses a los proveedores y a los ayuntamientos".

También es muy crítico el regidor de Umbrete, el socialista Joaquín Fernández Garro, para quien la medida tiene sentido si aborda no sólo la deuda con proveedores, sino con bancos e incluso con la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria en un sólo crédito y pago unificado y con un periodo de 30, 40, 50 años para abonarlo. Otra cosa sería "condenarles". Umbrete tiene retenido en la actualidad el cien por cien de la PIE por deudas a la Seguridad Social y no podría asumir ni un nuevo pago. Así se lo va a trasladar al propio Montoro en una carta cuya redacción está ultimando y en la que se insiste en que las nóminas corren peligro.

Burguillos, gobernado por el popular Domingo Delgado y con el cien por cien de sus ingresos de la PIE también retenidos, dice que va a mandar sus datos, pero que no podrá asumir plan de pagos alguno -hay dudas sobre si éste será obligatorio u opcional-. Sigue gastando más de lo que ingresa, no ha podido aún equilibrar cuentas. El primer edil de Castilleja de Guzmán, Carmelo Ceba (PSOE), uno de los municipios que han sido objeto de protestas de empresarios por deudas antiguas, duda igualmente de que pueda pagar la nómina en esas circunstancias. El delegado de Hacienda de La Algaba, el socialista José Manuel Gutiérrez, confía en que las negociaciones con la FEMP logren adaptar el decreto a la realidad dramática de los ayuntamientos, aunque es más optimista y pone el acento en el revulsivo que supondrá que todo ese dinero vuelva a circular en el municipio.

También temen que estos pagos comprometan las nóminas en Gerena, del PSOE. La misma duda se apunta desde Almensilla, de IU, aunque aquí se confía en que en la tramitación del proyecto de ley haga que los proveedores, que ya no quieren trabajar con el Consistorio, recuperen algo de la confianza perdida. La edil de Hacienda de Camas, Inmaculada Márquez, cree que la medida quitará cualquier margen a los municipios para ejecutar programas o inversiones, propios cuando se trata de una crisis que no han generado y su deuda se debe al haber asumido competencias impropias, el 33% cuando en el reparto de los ingresos del Estado se queda en el 13%. El alcalde de Unión Minera, Francisco Barrera, recuerda que Villanueva del Río y Minas ya hubiera pagado si hubiera estado en condiciones de asumir otro crédito. El edil de Hacienda de Écija, Rafael Serrano (PP), defiende la bondad de la iniciativa, convencido de que es necesario recuperar la credibilidad de las administraciones y la confianza por parte de las empresas.

https://ww.diariodesevilla.es/article/provincia/1200264/alcaldes/alertan/pago/proveedores/afectara/las/nominas.html


ES INJUSTO , INJUSTO, INJUSTO

LOS ENCHUFAOS TENEMOS QUE COBRAR
LOS DEMAS QUE ESPEREN