La Algaba - Sevilla

La dura resaca del poder



Con las comisiones en Mercasevilla y los despidos de Sevilla Global se inicia hoy en el Prado un largo trayecto para poner luz en las sombras de la coalición PSOE-IU


EDUARDO BARBA / SEVILLA
Día 10/01/2012
El año que arranca será especialmente intenso en Sevilla en «juicios a políticos» o procesos en los que el Ayuntamiento se verá inmerso a causa de la gestión de sus responsables anteriores, a los que ahora los jueces piden explicaciones. Es la resaca del poder, que va a generar dolor de cabeza tanto a PSOE como a IU estos meses. De arranque, el caso más importante será sin duda el asunto matriz en Mercasevilla, el de la petición de comisiones ilegales a los empresarios de La Raza para aquella famosa «colaboración» de 450.000 euros con la Junta de Andalucía para así obtener la subvención con la que poner en marcha la escuela de hostelería de la lonja. Este asunto tiene pendiente, en teoría, ya sólo un trámite antes del juicio con tribunal popular, un trámite que se solventará hoy con el análisis en la Audiencia Provincial de las cuestiones previas planteadas por las partes, especialmente las defensas de los cuatro imputados: los exdirectores de Mercasevilla Fernando Mellet y

Daniel Ponce (militantes socialistas a los que el partido expulsó); la exsecretaria de dirección del mercado Regla Pereira; y el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas, uno de los pesos pesados del PSOE sevillano hasta hace sólo un par de años, cuando fue salpicado por este tema. Para cada uno de ellos la Fiscalía pide una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho.

D Entre esas cuestiones previas que se plantearán hoy, destaca la del principal encausado, Mellet, que pide que se declare nula la grabación que dio lugar a la investigación, donde se le oye a él y a Ponce, al entender que se trata de un «relato provocado» y de una grabación «inconstitucional» e «ilegal». Además, Mellet se ha opuesto a que un jurado popular enjuicie esta causa. Según la defensa del exdirector gerente de la lonja controlada por el Ayuntamiento, «las conversaciones que sirven de sustento para proceder» contra Mellet «se basan en un relato provocado, tergiversado, sacado del contexto y absolutamente erróneo e interesado, produciéndose con posterioridad a la concesión de la subvención», de ahí que se pida la nulidad de las grabaciones, que «se efectuaron malintencionadamente y como un ardid dirigido a obtener una serie de informaciones de forma provocada». Ponce, por su parte, defiende que no es funcionario, con lo que no se le puede aplicar el cohecho del que se le

acusa, además de atacar también a la grabación en sí.

El PSOE, personado como acusación popular, también se ha opuesto a que sea un jurado popular el que enjuicie a los cuatro acusados, ya que defiende que no eran funcionarios públicos en el momento de los hechos y «en estricta aplicación del principio de legalidad no pueden ser juzgados conforme a lo preceptuado en la Ley Orgánica del Jurado». Indica este partido que el principio de legalidad «se vulnera» cuando se atribuye a Ponce, Mellet y Pereira la condición de funcionarios públicos, «de la que carecen». El PSOE se abstiene «expresamente» de formular alegaciones respecto de la presunta nulidad de la grabación del cohecho solicitada por los letrados de Mellet y Ponce. Los socialistas, además, desligan de los hechos a Rivas. La juez de Instrucción 6, Mercedes Alaya, acordó que la prueba de la grabación es «válida», ordenando que el caso fuera enjuiciado por jurado.

D En paralelo, Alaya sigue instruyendo la segunda rama del «caso Mercasevilla», la del concurso «fraudulento» de los suelos del mercado ganando por la filial de Sando Sanma pese a ofrecer 53 millones menos que su principal competidora. En esta pieza ya han declarado numerosos técnicos y cargos políticos, como el exteniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU) o los exgerentes de Urbanismo del gabinete socialista Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, siempre desvinculándose de cualquier apaño en la operación urbanística. Los dos primeros están imputados. Queda aún alguna que otra declaración a tenor de los últimos movimientos de la jueza al haber aparecido ahora facturas sin justificante alguno vinculadas al entorno de Mellet. Se está a la espera, además, de varios informes que debe aportar a la causa el PP. Esto alargará la instrucción posiblemente hasta el verano dada la carga de trabajo que tiene este juzgado por el asunto de los ERE, con lo que la celebración del posible

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Los dos concejales de IU
D El que fuera teniente de alcalde y actual concejal comunista Torrijos, por otro lado, no sólo se enfrenta a la causa por la venta de los suelos del mercado central de abastos, donde tenía mando en plaza como vicepresidente. Para hoy mismo, por ejemplo, está fijada en el Juzgado de Instrucción 13 la declaración como imputado del edil por un presunto delito de coacciones —delitos de amenazas y contra la integridad moral de las personas— a trabajadores de Sevilla Global a los que despidió cuando era primer teniente de alcalde en el anterior gobierno municipal. Está acusado tanto él como al exdelegado municipal de Economía y Empleo Carlos Vázquez, compañero suyo de filas. La Fiscalía Superior de Andalucía promovió la denuncia contra los dirigentes de IU a raíz de la nulidad del despido del que fuera responsable de Recursos Humanos de este ente, cesado después de que Jon Ander Sánchez abandonase el área de Economía y Empleo por una disputa política con el propio Torrijos.

Los despidos se consideran «ideológicos».

La otra concejal de IU que actualmente tiene acta en la corporación local, Josefa Medrano, se sienta en el banquillo a final de este mes, por su lado, a causa de la prohibición que, como anterior delegada de Participación Ciudadana —en 2009—, realizó del homenaje literario a Agustín de Foxá en un centro cívico municipal, que no pudo celebrarse allí por su decisión. Fue denunciada por la asociación que promovía el acto y ahora está acusada de delitos de prevaricación y contra la libertad ideológica.

También se está a la espera, por otro lado, de la sentencia del «casi Iturri», en el que está imputado el exconcejal socialista Francisco Fernández por la compra de material para el cuerpo de Bomberos sin resolución previa del Ayuntamiento a una empresa a la que, presuntamente, se favoreció eludiendo los controles administrativos. Un alto cargo del área gestionada por Fernández era familiar de los responsables de la empresa proveedora.

Además, debe concluir este año la instrucción del «caso Unidad», con facturas falsas y justificaciones irregulares de subvenciones donde está imputado el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo y el exasesor de Alfredo Sánchez Monteseirín Domingo Enrique Castaño, también imputado en Mercasevilla.

el poder nunca es duro, lo que es duro es estar en la oposición.