La Algaba - Sevilla

Proyecto Rapiña: el saqueo de la dictadura franquista.
Por Gonzalo Acosta y Cecilio Gordillo (RMHSA de CGT.A).

Los caminos de la memoria histórica no están sólo empedrados de asesinatos, encarcelamientos o exilios, también de robos, expolios e incautaciones de bienes. Se han conservado imágenes de viviendas con los muebles arrojados por las ventanas y amontonados en la calle.

También se recuerdan los camiones que regresaban del frente cargados de botín de guerra, las bandas de falangistas incautándose de cosechas y ganados, los abusos que iban desde la insignificante consumición del café que las patrullas fascistas se negaban a abonar en el bar, hasta la “invitación” a contribuir en las cuestaciones “patrióticas”, la extorsión bajo amenaza de denuncia, o bien el canje del papel moneda republicano por el del nuevo régimen, que no siempre fue factible porque se requería demostrar la adhesión al Movimiento y el aval de dos personas de bien. Pero también hubo un mecanismo reglamentado por los golpistas para apropiarse de los bienes de quienes se identificaron con el Frente Popular o se opusieron al golpe militar para beneficio del nuevo Estado y para compensar a gente del régimen por los servicios prestados. La Ley de Responsabilidades Políticas, que tenía carácter retroactivo a su fecha de promulgación (febrero de 1939), creó una jurisdicción especial con el propósito de continuar el proceso de represión económica e incautación de bienes. A finales de 1941 llegó a incoar expedientes a un cuarto de millón de ciudadanos, lo cual supuso un colapso tal en la estructura de juzgados especiales creados que en 1942 fue necesario reformar la ley.

“La Ley de la Memoria Histórica, de forma políticamente consciente, dejó fuera de su ámbito cualquier posibilidad de que la restitución de bienes alcanzara a particulares”

Como es conocido, sólo se han restituido algunos bienes incautados a sindicatos (Ley 4/1986) y partidos políticos (Ley 43/199. La Ley de la Memoria Histórica, de forma políticamente consciente, dejó fuera de su ámbito cualquier posibilidad de que la restitución de bienes alcanzara a particulares. Así, las demandas promovidas encuentran por respuesta su “inadmisión” porque “no existe disposición legal vigente que ampare o dé cobertura a una posible restitución...”.

El Grupo de Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía” (CGT-A) lanza esta iniciativa —el Proyecto Rapiña— para generar un proceso de colaboración y socialización de experiencias, conscientes de que es una cuestión que no puede quedar al albur de la demostrada falta de implicación de la administraciones, que en este caso está más que justificada, pues son ellas, al día de hoy, las mayores beneficiadas por la “rapiña”. Los trabajos de investigación y las denuncias de los afectados y sus familiares avisan de la dimensión y profundidad de estas prácticas. Por eso nos planteamos que mediante un proceso de trabajo colectivo y colaborativo (investigadores, testimonios y familiares...) se presenten las diversas maneras en las que se llevó a cabo el saqueo a millones de españoles. El resultado se ofrecerá en forma de publicación como ejemplo, cata y modelo a seguir de forma más amplia y concreta, y estimule nuevos trabajos que posibiliten la verdad, justicia y reparación para las víctimas que también sufrieron este tipo de robo y expolio. Con esta publicación colectiva se trataría de aproximarnos al modus operandi de la rapiña y el saqueo durante el golpe y la ocupación de localidades, la tipología de beneficiarios, el entramado jurídico franquista para “normalizar” las incautaciones, la actuación del Tribunal de Responsabilidades Políticas, o la incautación de bienes a organizaciones y entidades colectivas, entre otros aspectos.

Quien quiera sumarse o colaborar con este proyecto puede comunicarse a través de spcgta@cgt.es o a RMHSA de CGT-A, C/ Alcalde Isacio Contreras, 2b, local 8, 41003 Sevilla, tel. 954 564 224.