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El fiscal pide dos años de cárcel para el ex alcalde de Burguillos por dar "licencias arbitrarias"
El socialista José Juan López habría concedido varios permisos para construir en una zona que era "no urbanizable". Ya fue condenado por un delito de prevaricación a ocho años de inhabilitación.
EFE, SEVILLA | ACTUALIZADO 01.03.2013 - 16:57
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La Fiscalía ha pedido dos años de cárcel para José Juan López (PSOE), ex alcalde de Burguillos por dar varias licencias "por su personal y arbitraria voluntad" y pese a conocer las "claras objeciones" de los técnicos municipales. El escrito de acusación del fiscal imputa a López varias licencias concedida en una zona llamada El Estanquillo, clasificada como no urbanizable en la época a la que se ciñe este procedimiento.

Si bien el Ayuntamiento aprobó inicialmente el 19 de diciembre del 2002 un PGOU para cambiar esa clasificación a suelo urbanizable, el acusado "era plenamente consciente, entre 2001 y 2006, de que la norma de planeamiento vigente, y única aplicable, era las normas subsidiarias de planeamiento, que clasificaban la zona como no urbanizable" hasta que se produjera la aprobación definitiva por la Junta. "Siendo plenamente consciente de la imposibilidad de conceder licencias para construir naves industriales en esa zona", decidió "sistemáticamente incumplir" la normativa pese a los informes del arquitecto y secretario municipal, "que le recordaban lo ilegal de ese proceder", sostiene el fiscal.

La Fiscalía le imputa seis licencias ilegales concedidas entre el 2002 y el 2003 y a la ex alcaldesa Mariana Pérez González (PSOE), entonces alcaldesa en funciones, la imputa otra licencia otorgada en agosto del 2003. "Todas estas obras ilegalmente autorizadas fueron finalmente ejecutadas", lo que supuso que se alzaran en las parcelas indicadas edificaciones "radicalmente incompatibles con el planeamiento por entonces vigente" y determinaron además "que se hiciera una parcelación ilegal en suelo rústico", aunque posteriormente quedaron legalizadas cuando se aprobó definitivamente el PGOU de la localidad el 12 de mayo del 2006.

El acusado ya fue condenado por otro delito de prevaricación urbanística a ocho años de inhabilitación, en un fallo confirmado por la Audiencia Provincial de Sevilla. Ahora, la Fiscalía le imputa nuevos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio y pide también para él una multa de 24 meses con cuota diaria de 20 euros e inhabilitación para empleo público durante diez años. Para Mariana Pérez, el fiscal pide un año de cárcel, 18 meses de multa con cuota diaria de 20 euros y una inhabilitación de 8 años para empleo o cargo público.






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