Herrera - Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido una sentencia fechada el pasado uno de marzo en la que asegura con rotundidad que IU usó la empresa municipal Sevilla Global como «oficina de colocación de los afines», pues despidió a empleados que no siguieron las «consignas políticas» de Antonio Rodrigo Torrijos y Carlos Vázquez —exprimer teniente de alcalde y delegado de Economía y Empleo, respectivamente— alegando problemas económicos y en su lugar recolocó a miembros del partido. El Tribunal Superior andaluz, de cuya Fiscalía emanó la denuncia penal por un presunto delito contra la integridad moral de las personas tras amenazar con estos despidos en una grabación que desveló ABC, considera que los hechos «son bien simples: a los actores se les despide al no acatar una consigna política, laboralmente ilegítima e ilícita, y así poder ser sustituidos por personas políticamente afines, para que las cumplan, suponemos que en “obediencia debida” como una empresa municipal, oficina de colocación de los afines».

Tan rotunda aseveración se produce, además, gracias a un recurso interpuesto por la abogada de Sevilla Global en el mandato anterior —precisamente una de las afines que fueron contratadas en plantilla—, que no fue retirado por el nuevo delegado de Empleo, Gregorio Serrano, pese a que se comprometió públicamente a hacerlo, algo que, a tenor de lo que ha dictaminado el TSJA, habría agradecido Torrijos. Porque lejos de atender las peticiones de la letrada de IU en su escrito de apelación —procedimiento, por cierto, pagado con cargo a la empresa pública—, la sala de lo Social del Alto Tribunal, compuesta por Ana María Orellana, Eva María Gómez y Jesús Sánchez Andrada, concluye que los despidos dictados por los dirigentes de IU son nulos en tanto que estos trabajadores «acreditaron la existencia de un panorama indiciario de vulneración de sus derechos fundamentales, ya que por negarse a cumplir un mandato o instrucción laboralmente ilegítima (...) y dictada por exclusivo “sentido político” se les viene en despedir días más tarde (alegando unas causas objetivas no acreditadas) para ser sustituidos por personal afin de aquel partido político, de IU, ya que los actores carecían de ideología y no iban a seguir esas directrices». Además, el TSJA ratifica las sentencias anteriores y confirma que tanto Torrijos como Vázquez tomaron estas decisiones «siendo estos políticos ajenos a la empresa y con los que ninguna vinculación laboral tenían (los trabajadores) y menos aún política al carecer de afiliación». En este párrafo se desbaratan todos los supuestos ideales de Torrijos como fiel defensor de los trabajadores, pues además está imputado junto a Vázquez por un presunto delito contra la integridad moral de las personas precisamente como consecuencia de estos despidos. Y, entre tanto, exige dimisiones por el asunto de los enchufes del PP en los distritos, del que ha informado este periódico, tildándolos de «escandalazo de dimensiones mayúsculas que, en condiciones democráticas normales, debería ir acompañado de inminentes ceses».

Sea como fuere, el TSJA es contundente contra él: «Respecto a la instrucción dada por quienes carecen de la condición de empresarios, emitidas en un sentido estrictamente político (acorde con los intereses del partido Izquierda Unida), y de contenido laboralmente ilícito (desobedecer a su jefe) es la de hacerla prevalecer sobre el legítimo derecho del trabajador a opinar sobre aquélla, negándose a cumplirla, para así sancionarle con el despido, y todo ello para extinguir su vínculo laboral y poder ser ocupado por afines políticamente a IU». Es decir, según el TSJA, la finalidad de los despidos fue eliminar personal ajeno al partido para abrir hueco a los suyos. Y es que Torrijos y Vázquez instaron a los trabajadores a desobedecer en septiembre de 2009 al entonces gerente de Sevilla Global, José Ramírez, en una conversación grabada con su consentimiento en la que Vázquez le dijo al gerente, literalmente, lo siguiente: «A partir de ahora, efectivamente, políticamente, no tienes competencias. Estatutarias sí, pero políticas no. Entonces, como aquí todo el mundo es mayorcito, sabrán a lo que se tienen que atener».

Los despedidos que han ganado este pleito no se plegaron a las órdenes políticas porque no entendían de batallas internas del partido. Y días después, nada más llegar el nuevo gerente impuesto por IU, David Pineda, los echaron para meter a gente afín, algo que el TSJA condena duramente: «La descrita discriminación por razón de opinión, al expresar el trabajador su negativa o “ius resistentiae” expresa a cumplir con aquella “instrucción política”, excediendo del estricto ámbito social, le obligaría a cometer un incumplimiento laboral muy grave». Además, entiende que hubo una «vulneración de la libertad ideológica» al rechazar los trabajadores «la “consigna” de índole “política” inherente al contenido del mandato de la misma (la del partido IU)».

Se lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al portavoz de IU en el Ayuntamiento, que sigue contando con el respaldo del candidato a la Junta, Diego Valderas, y del líder nacional, Cayo Lara, pese a que su gestión ya fue criticada en otra sentencia tras una demanda por acoso laboral puesta por la exdirectora de la Oficina de la Bicicleta.